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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 19/11/2024 08:30
Por Luciano Peralta En los últimos años Gualeguaychú experimentó una notable multiplicación de loteos privados en zonas de chacras y quintas. El rol del Estado municipal, como mínimo, ha sido deficiente en esta materia. Hace dos semanas, después de varios meses de ordenamiento de un tema que es sumamente complejo, el Municipio salió a sentar posición al respecto: habló de estafadores y estafados. "Muchos vecinos han adquirido terrenos de buena fe y han sido estafados", expresó la arquitecta Camila González, subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda de la Municipalidad. Una realidad que no es nueva para las autoridades, ni, mucho menos, para las decenas de familias que compraron o todavía están pagando lotes que, pese a las promesas de los vendedores, probablemente nunca sean aprobados y, consecuentemente, no contarán con los servicios básicos por parte del Estado. “Desregulación total” “Nos encontramos con una desregulación total, una irregularidad total sobre lo que es la tierra. Empezamos a recibir la demanda de los vecinos que pedían medidores de luz y conexión de agua y cloaca, para un inmueble que para nosotros era solo uno -una chacra, una quinta-. Se acercaron con boletos de compra-venta certificados por escribanos y con proyectos de subdivisión. Recibimos todo eso, pero no teníamos ningún tipo de documentación presentada en el Municipio”, contó González. Esa primera ola de reclamos, de personas que habían comprado una propiedad sin que el lote esté siquiera registrado en la Municipalidad, generó el desarrollo, por parte del Ejecutivo, de un relevamiento de la tierra de toda Gualeguaychú. EL ARGENTINO pudo acceder a un plano general de la ciudad, resultado de dicho relevamiento, en el que están marcados cada uno de los 90 loteos identificados oficialmente, de los cuales la mayoría (60 aproximadamente) no tienen un solo papel presentado en Irigoyen 75. De esos 90, cerca de 10 son loteos a los que, a través de una ordenanza, el Concejo Deliberante otorgó una excepción (varios pertenecen a una misma cooperativa). Y, como se comunicó hace un par de semanas, esos proyectos tienen prioridad para el gobierno municipal. “En varios loteos que tienen ordenanza de excepción y no tienen factibilidad de servicios se plantean otras posibilidades para servir esos lugares. Con biodigestores si la cloaca no se puede conectar, plantas compactas de tratamiento; con el agua, un pozo y un tanque elevado, para servir a ese loteo. Es como un circuito cerrado, esa posibilidad está para el loteo que no cuenta con factibilidad”, explicó González. En este sentido, un punto importante a entender es que los loteos que cuentan con una excepción del Concejo Deliberante no necesariamente están aprobados. Las excepciones se dan sólo para la medida del terreno. Es decir, son terrenos muchos más chicos que lo que determina el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) para la “Zona de Quintas” y la “Zona de Chacras”, en las que el lote mínimo debería ser de 4.900 m2 y 28.000 m2, respectivamente. Por el contrario, se pueden observar lotes de 200 m2, 300 m2 o 450 m2, según lo que se informó oficialmente. En las ordenanzas de excepciones (algunas de las cueles ni siquiera pasaron previamente por las áreas técnicas correspondientes), al propietario o desarrollador se le exige que se haga cargo de garantizar los servicios. Entonces, para obtener la aprobación final del loteo, primero deben haber realizado dichas obras. Cosa que, a la fecha, ninguno de los loteos que pasaron por el Concejo Deliberante ha hecho. Pero los terrenos exceptuados son los menos. Por otro lado, existen cerca de 20 loteos que tienen algún trámite realizado en el Municipio, generalmente se trata de la solicitud de un agrimensor para abrir calles. Mientras que la enorme mayoría -60 de 90- no han hecho presentación alguna, lo que complejizó aun más el relevamiento hecho por el gobierno municipal. “De los loteos que tienen solicitud de trama vial, notificamos al agrimensor. Hay que entender que en la solicitud de trama vial sólo se marca dónde tienen que estar las calles para que el proyecto sea viable, pero eso no implica ninguna subdivisión, ni loteo, sólo se aprueba por dónde va a pasar la calle. Lo más complejo fue identificar a los que no tienen ningún tipo de documentación presentada”, explicó la subsecretaria de Gestión Urbana y Vivienda, que ingresó a la función pública esta gestión municipal. E informó que, hasta el momento, se han notificado a cerca de 35 propietarios de loteos. “Es crítica la situación. Hay loteos que están muy alejados, cerca de la ruta 14, por ejemplo. Primero, es extremadamente costoso llevar los servicios hasta ahí y, segundo, no sabemos si en algún momento el Municipio se va a poder hacerse cargo de eso. Porque no es solamente la cloaca, el agua y la luz, hay que pensar en la recolección de residuos, en la accesibilidad permanente, en la no inundabilidad, porque hay algunos terrenos que son inundables”, marcó. Cuando la funcionaria habla de accesibilidad permanente se refiere, mayormente, con el estado de las calles que llevan al loteo. No hay accesibilidad permanente cuando las calles se vuelven intransitables luego de una lluvia, por ejemplo. Situación que impide, también, el ingreso del camión recolector de residuos. De esos casos, sin accesibilidad permanente, hay muchos en la actualidad. Lo que hace inviable la aprobación por parte del gobierno local. “Están vendiendo pedacitos de lotes que no existen y que están en unas condiciones que no son habitables. Por eso es tan importante que un loteo tenga la aprobación municipal, que es lo que garantiza la habitabilidad de ese lugar”, apuntó González. POT y profesionales involucrados Decíamos que, en los últimos años se agudizó la venta de loteos en zonas de quinta o chacras, aunque también en zonas más cercanas a la planta urbana. En la Municipalidad apuntan, entre otras cosas, a los cambios que implicó la aprobación del POT hace cinco años atrás. “El POT dio de bajas algunas ordenanzas, como la N°10321/98, de Urbanizaciones aisladas, que le deban herramientas a Planeamiento municipal para regular estas cuestiones y poder darle alguna salida a la posibilidad de subdivisión”, argumentó la funcionaria consultada. Y cuestionó que “la gente ve la posibilidad de comprar un terreno barato, pero le termina saliendo mucho más caro, porque terminan poniendo plata para la luz, para la cloaca, para el agua… son millones y millones de pesos”. Pero, ¿Cómo se concreta una estafa? ¿Los colegios que agrupan a los profesionales intervinientes están al tanto de esta situación? “Al inicio, pusimos en alerta a los colegios mediante una reunión en la cual citamos a los que nosotros consideramos que intervienen: Arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, corredores inmobiliarios, escribanos y agrimensores. Hicimos dos reuniones, en las que compartimos con ellos la situación que habíamos encontrado”, contó. Más allá de las reuniones oficiales, lo cierto es que hay profesionales que son cómplices de estas operatorias, de las que cobran, por supuesto, un porcentaje de las mismas. Así lo denunciaron más de cinco testimonios de personas que compraron su lote de buena fe, con planos firmados por agrimensores y escribanos, que nunca habían sido aprobados por el Municipio. “Hay agrimensores que lotean y salen a vender los lotes, pero ese loteo no está aprobado. Uno va al estudio, te muestran el loteo con cada numerito, las firmas de los profesionales y un plan de pago que, para una familia como la nuestra, es la única manera de acceder a un terreno. Pero después te encontrás que es una estafa, que ese loteo no va a tener la aprobación para llevar los servicios. En esta situación hay muchas familias”, confió a EL ARGENTINO uno de los damnificados. “La respuesta del escribano es que sólo certificó la firma de lo que nos vendieron, eso lo cubre legalmente, por lo que averiguamos. Pero es imposible que no sepa lo que está haciendo esta gente”, cuestionó otro, que resolvió judicializar su caso por “estafa”. Por otro lado, una de las personas que prestaron su testimonio para esta nota, de las tantas que van a la Municipalidad y a la Cooperativa Eléctrica a demandar servicios que probablemente nunca lleguen, se refirió al caso de los condominios: “Mucha gente no sabe que, al ser parte de un condominio, no tiene la propiedad de esa tierra. O sea, si a alguno de esos copropietarios lo embargan, se embarga toda la propiedad. Más allá del lugar de esos loteos, generalmente en zonas a los que los servicios no van a llegar, lo que, por un lado, encarece muchísimo esa propiedad, porque son los propietarios los que debemos resolver lo que el Estado no va a garantizar, y, por otro lado, constituye la estafa, porque las familias invertimos nuestros ahorros con la promesa de que los servicios van a llegar. Se juega con la necesidad y la falta de información de la gente”, concluyó.
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