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Parana » ER 24
Fecha: 18/11/2024 20:05
Rosario Romero y el «Curro de las Fotomultas» en Entre Ríos En un escándalo que parece extenderse más allá de los límites provinciales, Rosario Romero, exministra de Gobierno de Entre Ríos y actual intendenta, ha quedado en el centro de una polémica que involucra la instalación de un sistema de fotomultas que, según denuncias, opera con irregularidades y fines recaudatorios. Los comienzos del sistema de fotomultas bajo Rosario Romero Durante su mandato como ministra de Gobierno y jefa de Policía, Romero impulsó la implementación de las fotomultas en varias localidades de Entre Ríos. Si bien inicialmente se presentó como una herramienta para mejorar la seguridad vial, el sistema ha sido señalado como un «negocio recaudatorio» que opera al margen de la ley. Ahora, como intendenta, Romero usufructúa este mismo sistema, generando cuestionamientos sobre los verdaderos objetivos detrás de estas medidas. Irregularidades en el procedimiento Entre las denuncias más graves se encuentra la falta de plazos claros en los procedimientos de las multas, lo que deja a los ciudadanos en un estado de incertidumbre. Además, las notificaciones se realizan mediante un número de WhatsApp con característica de Buenos Aires (011), lo que genera dudas sobre la legalidad y transparencia de la operación. ¿Por qué una gestión local delega comunicaciones oficiales en un número que no pertenece a la jurisdicción? Este detalle refuerza la sospecha de que el sistema responde a intereses privados y no a la administración pública. El impacto económico sobre los ciudadanos Lejos de promover la seguridad vial, las fotomultas han sido criticadas como un mecanismo que solo busca recaudar fondos a costa de los automovilistas. Los conductores enfrentan sanciones con montos desproporcionados y, en muchos casos, con escasas opciones para realizar descargos efectivos. Esto representa una carga económica que afecta especialmente a los sectores más vulnerables. Fotomultas como herramienta política El sistema de fotomultas no solo está diseñado para recaudar, sino también para consolidar el poder político. La transición de Romero de ministra de Gobierno a intendenta, manteniendo el control sobre este cuestionado mecanismo, plantea serios conflictos de intereses. ¿Se utilizó la infraestructura del gobierno provincial para sentar las bases de un sistema que ahora opera en beneficio de su gestión municipal? Conclusión: un modelo opaco que exige respuestas El caso de Rosario Romero y las fotomultas en Entre Ríos es un ejemplo más de cómo las políticas públicas pueden ser manipuladas para favorecer intereses particulares. La falta de claridad en los procedimientos, las irregularidades administrativas y el carácter abusivo de las sanciones exigen una revisión profunda y la intervención de organismos independientes que garanticen justicia para los ciudadanos afectados. Una foto completa del sistema de Romero podría incluir no solo las cifras millonarias recaudadas, sino también la red de contactos y decisiones políticas que permitieron el crecimiento de este «curro» a expensas de los entrerrianos. Mientras tanto, las denuncias se acumulan, y la ciudadanía reclama transparencia en un sistema que parece diseñado para castigar, no para proteger.
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