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» Diario Cordoba
Fecha: 18/11/2024 05:47
España se ha embarcado en una expansión acelerada de nuevas plantas de energías renovables y que va a tener que ser aún mayor en los próximos años para cumplir los compromisos verdes con la Unión Europea y para avanzar en la ineludible descarbonización de la economía. El despliegue de nuevas energías limpias para combatir el cambio climático cuenta con un apoyo social mayoritario en España, por encima de otros países del entorno. Pero esa simpatía generalizada se torna en suspicacia o abierto rechazo de parte de algunos vecinos que se topan con que la enorme expansión renovable se concreta en la construcción de parques fotovoltaicos o eólicos en sus pueblos o en sus campos. Al calor de estos problemas de percepción social, algunas de las comunidades autónomas están aplicando nuevas regulaciones restrictivas o se preparan para hacerlo, lo que ha hecho saltar las alarmas entre las compañías energéticas promotores de instalaciones renovables. Las futuras y las que ya están en marcha. “La oposición es heterogénea, y se mueve por los intereses económicos de otros sectores (turismo, macrogranjas, inmobiliarias, cazadores…) y por los intereses de partidos de extrema derecha y de extrema izquierda”, sostiene José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica (UNEF). Según se denuncia desde la patronal fotovoltaica, se utilizan “bulos constantes” contra la implantación de las renovables y cuando se alienta el rechazo social la regulación del sector por parte comunidades autónomas y ayuntamientos se vuelve más dura por razones electorales “El nuestro es un sector regulado, que depende de la decisión de los políticos. Y las decisiones de los políticos dependen de la opinión pública. Cuando la opinión pública es positiva [en torno al despliegue de renovables], los políticos lo apoyan y regulan de manera positiva. Pero si los políticos piensan que la opinión pública es negativa la regulación se vuelven restrictivas. Lo estamos viendo ahora en determinadas comunidades autónomas”, subraya el jefe de la patronal fotovoltaica, que cita los casos de Aragón, La Rioja, Asturias, País Vasco o Canarias, que han anunciado o han aplicado ya nuevos impuestos o regulaciones que endurecen las condiciones para el despliegue de las plantas solares. Barreras e impuestos Las patronales de las energías limpias se denuncian las “barreras regulatorias” que están levantándose en algunas regiones y alertan de que son “importantes obstáculos” para el desarrollo de las renovables. Aragón ha creado nuevos impuestos ambientales específicos para parques fotovoltaicos y eólicos que las renovables vinculan directamente con el intento de “tapar el agujero” en la recaudación fiscal de la región por la exención del impuesto de patrimonio y de sucesiones por parte del Ejecutivo de PP y Vox. Y el Gobierno aragonés también pretende restringir la instlación de placas fotovoltaicas flotantes en embalses. Desde UNEF también se alerta del impacto en el sector por la decisión de País Vasco de aplicar una tasa retroactiva a proyectos renovables; por el plan de La Rioja de crear de cara a 2025 un impuesto a la energía fotovoltaica y de establecer una moratoria en las autorizaciones de instalaciones de energía eléctrica, afectando a los proyectos en trámite y generando un parón en el sector al desanimar inversiones futuras; por la pretensión de Asturias de restringir las distancias mínimas para instalar parques de baterías (un elemento clave para el desarrollo y el buen funcionamiento futuro de un mercado eléctrico con cada vez más renofables) y suspender autorizaciones urbanísticas por el “bulo” del efecto nocivo de supuestas ondas electromagnéticas de las instlaciones; o por la intención de Canarias de obligar a a las plantas de más de 2 megavatios (MW) de potencia a ceder el 20% de su capital a participación social (otras comunidades como Cataluña o Baleares aplican medidas similares pero sólo para plantas más grandes, de más de 5 MW). “Son medidas restrictivas que generan otra vez la imagen de España como país de riesgo y de inseguridad jurídica” para invertir, denuncia José Donoso. “Y si aquí hay riesgos o se pierde rentabilidad, la inversión se va a otros países. Habrá proyectos que finalmente no se harán. Con estas medidas España se come las ventajas competitivas que tiene gracias a las renovables frente a otros países”. Desde UNEF se advierte de que resulta fundamental que “el ansia recaudadora no frene la transición energética” y pide un marco regulatorio y fiscal estable para impulsar la inversión. “De lo contrario, pagaremos una factura doble, en sentido figurado lo pagará el planeta y en sentido literal lo pagaremos todos cuando el precio de la electricidad siga subiendo mes a mes”, zanja la asociación fotovoltaica. La ‘guerra del viento’ en Galicia El sector eólico también está afectado directamente por las medidas restrictivas o los nuevos impuestos planeados o activados ya en varias comunidades autónomas, pero la gran batalla de la energía del viento se está dirimiendo muy especialmente en Galicia. La nueva regulación planeada por la Xunta contra los parques eólicos está provocando un choque frontal con todo el sector, que amenaza con abrir una batalla legal tanto en la justicia nacional, en la europea y en los centros de arbitraje internacionales si las medidas salen finalmente adelante. Y en eso en una región como Galicia en que llueve sobre mojado, porque el Tribunal Superior de Justicia ya ha paralizado más de 60 proyectos eólicos por más de 2.000 MW al suspender las autorizaciones administrativas de manera cautelar, a la espera de la solución a la cuestión prejudicial que el propio alto tribunal autonómico ha planteado al Tribunal de Justicia de la UE. Galicia prepara ahora una revolución regulatoria que la industria eólica considera suponen un terremoto que amenaza su desarrollo. La Xunta de Alfonso Rueda planea una nueva regulación que obligará a los parques eólicos a vender la mitad de toda su producción sólo a pymes y empresas gallegas, lo que obligaría a romper los contratos que las compañías ya tengan firmado con otros clientes. “Hay empresas que ya tienen su energía comprometida mediante PPA [contratos de suministro de energía a largo plazo] hasta más allá de 2030. La medida, de prosperar, implicará sanciones internacionales y activaría arbitrajes internacionales”, advierten desde la Asociación Empresarial Eólica (AEE), la patronal del sector, que está liderando el choque frontal con la Administración regional. En paralelo, el Ejecutivo gallego también pretende obligar a todos los parques eólicos de más de 20 años a repotenciar sus equipos (a cambiar los aerogeneradores por otros de nueva generación, por lo general más potentes y que permiten una reducción del número de molinos en cada parque) y, en caso de no hacerlo, perderían el derecho a estar conectado a la red eléctrica. Prácticamente la mitad de todos los parques eólicos operativos en la región se verían afectados por esta medida, con un total de 86 parques, con 2.000 MW de potencia conjunta, con más de dos décadas en funcionamiento. “La obligación de repotenciar agrava la ya dramática situación de inseguridad jurídica que se vive en Galicia”, se queja Juan Virgilio Márquez, director general de la Asociación Empresarial Eólica. “En Galicia, cualquier desarrollo de un parque eólico sea nuevo o repotenciado se enfrenta a una incertidumbre enorme. “. Las propias compañías energéticas se han lanzado a repotenciar muchos de sus parques más antiguos por iniciativa propia. Pero desde el sector eólico se advierte de que los parques no quedan obsoletos al cumplir su vida útil (la que establece el certificado del fabricante del aerogenerador) y que la inmensa mayoría de instalaciones siguen funcionando con “los más altos estándares de eficiencia y seguridad” una vez alcanzado ese tiempo. “Llegados a ese punto, los promotores pueden optar por la extensión de vida o por la repotenciación, y el momento de hacerlo depende de cada proyecto, no se puede general ni imponer”, sentencian desde la AEE. “La aceleración de la repotenciación debe basarse en implantar medidas que la faciliten y reduzcan riesgo en el proceso, y que ayuden a cumplir la normativa europea al respecto garantizado los plazos máximos de tramitación”.
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