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» Diario Cordoba
Fecha: 17/11/2024 09:30
Ventas de monedas históricas, sustracciones de piezas arqueológicas y otros daños a bienes culturales y yacimientos arqueológicos se encuentran entre las infracciones perseguidas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en 2023 y 2024, y en las que también ha trabajado la Fiscalía provincial. Precisamente, la gravedad de estos hechos y su persistencia llevan tanto al Ministerio Público como a la Policía Nacional a reivindicar más atención sobre estas conductas, solicitando más coordinación y concienciación. En este sentido, el descenso de las denuncias registrado durante 2023 ha llevado a la fiscal delegada de Medio Ambiente, Urbanismo y Patrimonio histórico, María Eugenia Bautista, a destacar la necesidad de «aumentar la coordinación con las autoridades de Cultura, para que, si detectan supuestos graves, con características de delito, nos lo trasladen directamente». En estos términos lo expresó recientemente, durante la presentación de la memoria de actividad del año 2023, en la que informó de que «ha habido menos denuncias en este ámbito». Esta reunión de coordinación se encuentra pendiente de celebración por ahora. Respecto a los delitos contra el patrimonio observados por la Fiscalía el año pasado, María Eugenia Bautista comentó que «hemos asistido a conductas tipo de venta de monedas por internet y algún registro en el que se han incautado piezas de excepcional valor, tanto monedas como piezas arqueológicas de la prehistoria», indicó. Más concienciación De su parte, Francisco Barcos, que es el jefe de grupo de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, afirma que «existe en el ámbito judicial, quizá, y también del ciudadano falta de concienciación de la importancia de todo esto. Sin embargo, a nivel legislativo está todo protegido, porque cualquier bien mueble o inmueble que tenga un interés histórico, artístico, etnográfico, paleontológico... incluso los bienes inmateriales, están reconocidos como bien histórico patrimonial», destaca. Un agente de la Guardia Civil, en una intervención de numerosas piezas arqueológicas. / CÓRDOBA Acerca de la labor realizada en 2023, subraya tres actuaciones. En primer lugar, la identificación de los tres individuos madrileños que se subieron a la fuente del Potro en las Cruces de mayo. Estas personas no causaron daños, pero fueron propuestas para sanción por la Ley de Protección de la seguridad ciudadana. Gracias a la difusión de su actividad en redes sociales y a las cámaras, fueron identificados en cuatro horas. Este inspector recuerda, asimismo, que en ocasiones se anuncia la venta de bienes del patrimonio histórico en internet. En este contexto, el año pasado detectaron dos lotes de monedas, uno de la época romana bajo imperial, en torno al año 300 D.C., y otras acuñadas en el reinado de Felipe IV. Con las fotografías, solicitaron un informe pericial al Museo Arqueológico, que informó del valor de estas monedas. Después, identificaron a las dos personas que las anunciaron, vecinas de un pueblo de Córdoba (donde fueron extraídas) y que también vendían detectores de metales. La Policía les tomó declaración como investigados e informó a la Justicia. Francisco Barcos subraya la colaboración de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Córdoba en la materia. Así, recuerda una tercera actuación, que permitió la recuperación de piezas. En concreto, una ciudadana denunció el robo de cuatro amuletos califales que estaban «en un pseudomuseo». Informó, además, de que preservaba otros cuatro, por lo que el jefe de grupo de la UDEF (entonces era delegado de Patrimonio histórico de la Policía Nacional en Córdoba, pero ahora ha sido sustituido por otro compañero) solicitó ser acompañado por un arqueólogo de la Junta en la entrevista con la denunciante. Cuando esta persona les mostró los cuatro amuletos califales que aún conservaba, se los intervinieron para depositarlos en el Museo Arqueológico ante la falta de documentación acreditativa de su propiedad. Este inspector policial recuerda que «la Ley de Patrimonio histórico andaluz daba un año de moratoria para que aquellas personas poseedoras de algún bien lo regularizaran. Mucha gente no lo hizo, porque su posesión ya era irregular». Internet, otra dificultad De su parte, la Unidad de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil (Uprona) informa de que en 2023 y lo que va de 2024 han esclarecido dos delitos contra el patrimonio histórico en Lucena y Córdoba. También han tramitado 22 expedientes de denuncia por infracciones administrativas cometidas en la capital, Baena, Fuente ObejunaLa RamblaSanta EufemiaVillanueva de CórdobaCarcabueyBenamejíPuente Genil, Lucena y Almedinilla. Estas vulneraciones de la normativa han consistido en la utilización de detectores de metales sin autorización (17); la no comunicación del hallazgo de restos arqueológicos (4) y la posesión de restos sin permiso (1). En su labor, los agentes han aprehendido 73 monedas, que están en estudio para determinar si forman parte del patrimonio histórico, en cuyo caso se abriría la vía penal. Además, han intervenido restos metálicos sin interés arqueológico y han notificado a la delegación de Cultura la ubicación de restos arqueológicos para su estudio. Francisco Barcos, jefe de grupo de la UDEF de la Policía Nacional. / CÓRDOBA Entre sus operaciones más relevantes, la Uprona señala la Natrivi, que posibilitó la recuperación de 348 piezas, principalmente líticas, metálicas y cerámicas, que datan desde la prehistoria hasta el periodo romano y que tienen un «incalculable valor histórico y científico». Esta labor conllevó la investigación, por parte del Equipo de Investigación Seprona (Eprona) de Córdoba, de una persona como supuesta responsable de un delito contra el patrimonio histórico. En la misma línea, la operación Granduq ha posibilitado el hallazgo en un almacén del pilar del siglo XVII de la fuente del Cortijo del Duque de Lucena. La investigación fue desarrollada por la patrulla Seprona de Rute, que identificó a dos personas como presuntas responsables del delito. Por último, han recuperado una lápida funeraria de la época romana de gran valor histórico, que se hallaba en un olivar lucentino, una intervención donde colaboraron el puesto de Lucena y la patrulla Seprona de Rute. La Guardia Civil afirma que internet «ha supuesto un antes y un después en el tráfico ilícito de objetos de patrimonio histórico». Antes, las piezas acababan en anticuarios o tiendas de segunda mano y se podían recuperar rápidamente si se detectaban, pero en la actualidad los vendedores llegan a más personas y los objetos se envían directamente al comprador, «lo que dificulta, sobre todo, la labor de recuperación», lamenta. Suscríbete para seguir leyendo
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