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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 17/11/2024 02:31
La ex presidenta espera otra definición de Casación para su futuro judicial Tras la confirmación la semana pasada de la condena a la ex presidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el caso de la obra pública en Santa Cruz, la Cámara Federal de Casación Penal deberá tomar una decisión en la causa “Los Sauces-Hotesur”, otro de los expedientes en los que la ex mandataria está imputada. El expediente va por dos carriles. Por un lado, la Corte Suprema de Justicia de la Nación debe resolver si confirma que se tiene que hacer el juicio oral o si sobresee a los acusados. Y el segundo, si mientras se espera esa definición el tribunal oral a cargo de la causa debe avanzar con las medidas de prueba pendientes. Ese segundo punto es el que debe resolver Casación. Concretamente la Sala I, que para este caso está integrada por los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Alejandro Slokar. Barroetaveña es uno de los magistrados que el miércoles pasado confirmó la condena de la ex presidenta. El fiscal de Casación Mario Villar -el mismo que en esa instancia intervino en la condena a CFK- pidió que se avance con las medidas de prueba. Por su parte, dos defensas plantearon que esa postura se debe rechazar a la espera de lo que resuelva la Corte Suprema. Los Sauces y Hotesur son dos empresas de la familia Kirchner. En la causa se investiga un presunto lavado de dinero y asociación ilícita en el alquiler de los hoteles y propiedades de esas sociedades a empresarios. La imputación es que los alquileres se hicieron como contraprestación a las obras públicas que sus empresas recibieron durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Junto con la ex presidenta y su hijo y diputado nacional Máximo Kirchner están acusados los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa, entre otros. El caso fue enviado a juicio oral y el Tribunal Oral Federal (TOF) 5 por mayoría sobreseyó en noviembre de 2021 a todos los acusados. Esa decisión fue revocada en septiembre del año pasado por la Sala I de la Cámara de Casación que ordenó hacer el juicio con la excepción de Florencia Kirchner sobre quien confirmó el sobreseimiento. Cuando el TOF 5 sobreseyó a los imputados suspendió el trámite de la causa porque estaban todos desvinculados. Pero con el fallo de Casación, el fiscal de juicio Diego Velasco pidió retomar las medidas de prueba pendientes y otras nuevas que solicitó para avanzar en el juicio oral. Entre ellas, el entrecruzamiento de llamadas de Cristina Kirchner y sus allegados con Báez, que se hizo en la causa de la “ruta del dinero K”. Uno de los hoteles de la familia Kirchner También el contenido del celular del ex secretario de Obras Públicas José López que fue clave en lo que se llamó el “Plan limpiar todo” en el juicio a Cristina Kirchner por la obra pública en Santa Cruz y que fue una prueba central para la confirmación de la condena a la ex presidenta. Esos mensajes revelaron comunicaciones entre la entonces presidenta, el ex secretario de Obras Públicas José López, Báez y otros funcionarios sobre cómo actuar con las obras que el empresario recibía para Santa Cruz. La Fiscalía también reclamó que se realicen una serie de operativos en la municipalidad de Río Gallegos en busca de información de propiedades y que se concluyan con los peritajes ordenados en la causa. En paralelo, las defensas apelaron el fallo de Casación que ordenó hacer el juicio oral. Pidieron que la Corte Suprema lo revoque y los sobresea. No es la única definición clave para Cristina Kirchner que debe tomar el máximo tribunal. También debe resolver si ordena que se haga el juicio oral de las causas dólar futuro y la firma del memorándum con Irán o si la sobresee. Y se espera que a la Corte llegue la condena por la causa vialidad. El TOF 5 rechazó a principios de julio el pedido del fiscal Velasco de continuar con las medidas de prueba. Los jueces Adriana Palliotti, José Michilini y Nicolás Toselli señalaron que en el caso hay un fallo que sobreseyó y otro que ordenó seguir la causa y que el Código Procesal Penal de la Nación “establece claramente que los recursos pendientes en las Cámaras o en la propia Corte no impiden que las causas penales sean elevadas a juicio oral y público, pero que dichos recursos sí obstan a la fijación de la audiencia de debate”, por lo que avanzar con la prueba “colisiona con la postura antes referida”. El fiscal Velasco apeló esa decisión que ahora está en Casación. El fiscal Villar mantuvo la postura de su colega y pidió que se haga la prueba. Lo hizo en un escrito que presentó la semana pasada y en el que sostuvo que la ley impide fijar la fecha de juicio hasta tanto resuelva la Corte Suprema pero no hacer la prueba que está pendiente. “La resolución del tribunal interpreta una norma que solo veda la posibilidad de fijar fecha de audiencia de debate como si dispusiera la paralización de toda la causa”, dijo Villar, que agregó que “el criterio del TOF genera una situación de gravedad institucional, que extiende indebidamente el proceso y pone no solo en peligro la vigencia de la acción penal, sino también los derechos de los propios imputados y sus defensas”. Así alertó sobre una posible prescripción de la causa en el futuro si no se avanza. Lázaro Baéz, otro de los imputados de la causa El fiscal de Casación también sostuvo que el Estado argentino incumplirá tratados internacionales que lo obligan a investigar y sancionar los casos de corrupción. También presentaron escritos las defensas. Una fue el de la defensora oficial Daniela Villalón, quien representa a 13 acusados, entre ellos Martín y Luciana Báez -dos de los hijos de Lázaro Báez- y Carlos Sancho, ex gobernador de Santa Cruz. Y la segunda la de Martín Villanueva, abogado de Lázaro Báez. Ambos pidieron que se confirme el fallo del TOF 5 que suspendió las medidas de prueba. Villalón sostuvo en su escrito que el fallo del TOF 5 “constituye una derivación razonada del derecho vigente”. La defensora oficial señaló que la apelación de la causa a la Corte Suprema como última instancia judicial “impide la ejecución de la sentencia en materia penal, la que puede sólo operar cuando el fallo puesto en crisis queda firme, esto es cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación, rechaza la queja por el recurso extraordinario federal denegado”. La defensora pidió así que se rechace la apelación de la Fiscalía pero planteó “expresamente” que si Casación la acepta sea con efectos suspensivos. Esto es que la prueba de la causa no se realice hasta tanto las defensas puedan apelar el fallo a la Corte Suprema. Por su parte, la defensa de Báez también pidió rechazar la apelación de la Fiscalía. “La decisión de no proseguir con la producción de prueba hasta tanto la Suprema Corte resuelva los planteos de las defensas, resulta razonable y respetuosa de la correcta administración de justicia”, sostuvo Villanueva. Ahora se espera la decisión de Casación, clave otra vez en el futuro judicial de Cristina Kirchner.
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