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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 16/11/2024 23:21
Hace poco más de dos meses, la Secretaría Industria y Comercio del Ministerio de Economía de la Nación emitió la Resolución 267/2024 donde prohibió a las provincias y a los municipios a cobrar tasas o impuestos adicionales en las facturas de los servicios públicos, como por ejemplo la boleta de la energía eléctrica. Esto puso en alerta a las carteras energéticas de provincia y a las distribuidoras eléctricas, quienes finalmente recibieron las novedades a comienzos de la semana pasada, cuando 95 empresas y cooperativas de energía fueron imputadas por el Gobierno nacional debido a que habían continuado con el cobro de tasas municipales y provinciales. En ese listado figuró la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú: Todavía no hemos sido notificados, como sí fue notificado en “Energía de Entre Ríos Sociedad Anónima” (Enersa). Estimamos que el martes estaremos recibiendo ya la notificación”, adelantó a Ahora ElDía el presidente de la entidad Nahuel Otero. Lo cierto es que ahora, en este presente de desregulaciones constantes por parte de Nación, se presenta en este caso un dilema jurídico y legal. En otras palabras, hay resoluciones a nivel provincial -como el contrato de concesión amparado por la Ley Nº 8916-95 que brinda un marco regulatorio provincial entre las distribuidoras y el Entre Provincial Regulador de la Energía (EPRE)- y ordenanzas municipales que amparan y brindan un marco jurídico para no realizar lo ordenado por la Secretaría Industria y Comercio de la Nación. “En esto existe una jerarquía de leyes, en donde una resolución de la Secretaría Industria y Comercio no puede estar por encima de una Ley Provincial y de una ordenanza municipal”, explicó Otero, quien además agregó que “no podemos desobedecer el marco jurídico provincial, y tampoco el municipal. Para que dejemos de cobrar las tasas tiene que haber una decisión política de derogar la ordenanza. Pero también para cambiar el contrato de concesión, básicamente para que no esté esa imposición de la provincia. Son muchas situaciones que tienen que pasar para que nosotros podamos sacar las tasas”. “Las 18 distribuidoras y Enersa estamos en la misma línea. No podemos dejar de cobrar las tasas justamente porque existe una ordenanza municipal, que a su vez se basa en lo que dice el contrato de concesión, que es una normativa provincial. Hay una normativa provincial y una ordenanza municipal que nos obliga a ser agentes de recolección y percepción. De esta manera, tenemos facultades para cobrar la tasa de alumbrado público y la utilización del espacio público”, referenció. En otras palabras, tanto la Cooperativa Eléctrica de Gualeguaychú y las restantes 17 distribuidoras continuarán cobrando las tasas municipales y provinciales debido a que existe un marco legal y jurídico que ampara sus acciones, y sin importar de las imputaciones que vengan de Nación. “Más allá de que las notificaciones que han llegado a las distintas cooperativas hablan de aplicar el Código Penal a los consejos de administración, nosotros nos amparamos y nos quedamos bajo el paraguas de lo que diga Provincia y el Municipio”, sostuvo. “Si yo actuara de manera intempestiva al acatar lo que pide la Secretaría Industria y Comercio de la Nación entonces sí que me metería en un problema legal y penal, tanto con la municipalidad y con la provincia. Acá hay una estructura jurídica que hay que respetar. Mientras tanto, vamos a seguir respetando a rajatablas lo que estuvimos haciendo hasta ahora. Tendrá que ser el EPRE, que es el organismo que nos controla, el que nos indique qué tenemos que hacer y qué no”, remarcó Otero. El respaldo a nivel provincial La compañía energética de la provincia también se posicionó al respecto de la Resolución de la Secretaría Industria y Comercio y las imputaciones que emitió no sólo hacia ese organismo sino a las distribuidoras de la provincia. “El servicio público de distribución y comercialización de energía eléctrica es de jurisdicción provincial. Enersa es uno de los concesionarios del servicio de suministro de energía eléctrica en la provincia de Entre Ríos y, por lo tanto, es un sujeto regulado por la Autoridad de Control, que es el Ente Provincial Regulador de la Energía (EPRE) y la Autoridad de Aplicación, que es la Secretaría de Energía de la Provincia de Entre Ríos. Ambas entidades son quienes fijan las condiciones para la prestación de dicho servicio”, remarcaron mediante un comunicado. “En este contexto, cabe aclarar que Enersa cumple con el Marco Regulatorio Provincial, que establece que todos los concesionarios del servicio, tanto Enersa como las 18 Cooperativas Eléctricas, están obligados a cobrar en la factura los conceptos por ‘Contribución Única’ y ‘Tasa Municipal’ (Artículos 24 del Contrato de Concesión y 74 del Marco Regulatorio Eléctrico Provincial / Ley 8916)”, ampliaron. “Por estas razones, Enersa aclara que la Resolución 267/2024 del Gobierno Nacional, que determina que las facturas no podrán contener ‘sumas o conceptos ajenos a dicho bien o servicio’ como las tasas y/o impuestos provinciales y municipales, se contradice con lo establecido en el Marco Regulatorio Provincial2, concluyeron. Otra que se pronunció al respecto fue la secretaria de Energía de Entre Ríos, Noelia Zapata, quien también se refirió la imputación sobre las tasas municipales incluidas en las facturas de las empresas distribuidoras de electricidad en la provincia. Zapata aclaró que las facturas de distribución eléctrica, tanto de Enersa como de cooperativas, incluyen dos conceptos principales relacionados con tasas municipales: el alumbrado público y la contribución municipal. "El alumbrado público es una tasa determinada por la autonomía de cada municipio, que delega en las distribuidoras el rol de agentes de percepción. Aunque se relaciona con el servicio eléctrico, su naturaleza es diferente", afirmó. La Secretaria de Energía explicó que la contribución municipal, por su parte, está establecida en el contrato de concesión de las distribuidoras como un tributo por el uso del espacio público. "Lo que pide el contrato de concesión, en su momento fue pedido, -precisó- es que se discrimine la tasa que las distribuidoras deben tributar a los municipios por el uso del espacio público. Entonces, o está determinada dentro de la factura como está, o está separado está dentro del VAD (Valor Agregado de Distribución)", expresó. Rechazo a la injerencia nacional Zapata se refirió a la resolución 267 de la Secretaría de Industria y Comercio de la Nación, que instruye a las distribuidoras a no cobrar conceptos no relacionados directamente con el servicio contratado por los usuarios. "Desde la provincia defendemos nuestra autonomía y la de los municipios para fijar estas tasas. Las distribuidoras han iniciado medidas cautelares mientras se aclaran los alcances de esta normativa, ya que las tasas de alumbrado público y contribución municipal forman parte de los costos operativos", indicó y remarcó que "no estamos dispuestos a permitir que se afecte la autonomía que tiene nuestra provincia. Esto no es solo un respaldo político, sino también una defensa de los derechos que competen a la provincia". Detalló que "cada una de las distribuidoras, todas están contestando lo mismo a Defensa del Consumidor: que las provincias tenemos el manejo de la distribución eléctrica y los municipios tienen su autonomía de fijar las tasas. Lo que dice la resolución es que no se puede cobrar conceptos que no tengan relación con el servicio que el usuario contrata, eso es lo que dice Defensa del Consumidor. Las distribuidoras entienden que está relacionado, al menos en la contribución municipal, porque forma parte del costo, y lo demás es el servicio que todo usuario frentista tiene a ese alumbrado público que de alguna manera se tiene que cobrar", explicó. Finalmente, añadió que "lo que están haciendo las distribuidoras es hacer los descargos pertinentes y presentado medidas cautelares, al menos eso es lo que tenemos conocimiento. Y lo que haremos desde la Provincia es defender nuestra autonomía y nuestra independencia respecto de los derechos que tiene respecto a la distribución de energía eléctrica". Respuesta coordinada y postura legal Sobre las acciones legales emprendidas, Zapata confirmó que "las distribuidoras están haciendo presentaciones a Fiscalía y Fiscalía tiene esta postura que tenemos quienes defendemos los intereses de la provincia. No es solo un respaldo político sino también de los derechos que le competen a la provincia" "Seguiremos trabajando para garantizar la autonomía de Entre Ríos en materia de regulación energética y defensa de los intereses de nuestros municipios. Nuestra posición es que no estamos dispuestos a que haya injerencia respecto de la autonomía que tiene nuestra provincia, y le pasa a todas las provincias lo mismo", concluyó.
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