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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/11/2024 10:32
Francisco Wanderley Luiz Quedan muchos detalles por aclarar en la reconstrucción del atentado que acabó con la vida del autor el miércoles por la noche en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia. Francisco Wanderley Luiz, de 59 años, era herrero en el estado de Santa Catarina, en el sur del país. Según su ex mujer, el hombre había venido a Brasilia porque quería matar al juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Es el que sigue el juicio por la invasión el 8 de enero de 2023 de los edificios institucionales de Brasilia por partidarios del ex presidente Jair Bolsonaro. El atacante en 2020 se había presentado sin éxito al cargo de concejal municipal en su ciudad Rio do Sul por el Partido Liberal (PL) de Bolsonaro y había participado en concentraciones bolsonaristas que contestaban la victoria de Lula. Antes de atacar con dos bombas la estatua situada frente al edificio del Supremo Tribunal Federal, había dejado mensajes delirantes en sus redes sociales. En uno de ellos se dirigía a los “queridos hermanos, elegidos por Dios”. “Tengo buenas noticias. En las peticiones y alabanzas por la venida de Jesucristo, ¡habéis sido atendidos!”, escribió. En otro se dirigió a Lula y Bolsonaro. “Bolsonaro y Lula, si aman a Brasil, ¡aléjense de la vida pública! Basta de polarización, este es el momento de mostrar quiénes son. El pueblo es uno”, reza el texto. En el momento del atentado, el hombre vestía pantalones oscuros con corazones rojos, y antes de explotar junto con la segunda bomba había colgado un video con efectos estroboscópicos en TikTok en el que aparecía posando para un brindis con una copa de vino tinto en la mano. Posteos del agresor al Tribunal Supremo de Brasil Pasada la conmoción, mientras prosiguen las investigaciones, se abre ahora el debate en Brasil sobre este asunto. Francisco Wanderley Luiz, ¿era sólo una persona inestable o un terrorista político? Y si solo era una persona inestable, ¿cuánta responsabilidad tiene la derecha de Bolsonaro en inflamar la polarización? La misma pregunta había surgido con el intento de atentado contra Bolsonaro en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, durante su campaña electoral en 2018. En ese caso, quien apuñaló al que luego sería elegido presidente de Brasil fue Adélio Bispo de Oliveira, en ese momento un desempleado de 40 años que anteriormente había trabajado como ayudante de albañil. Antes del ataque, el hombre había publicado varios posts contra Bolsonaro en sus redes sociales. “Me repugna oír que la dictadura tendría que haber matado a unos 30.000 comunistas”, había escrito. Según el tribunal de Juiz de Fora que lo juzgó, el hombre sufre de un trastorno delirante persistente y no es imputable, es decir, no puede ser castigado penalmente, y fue condenado al manicomio judicial. La gobernadora de Brasilia, Celina Leão, indicó que el sospechoso intentó ingresar al lugar antes de que estallara el dispositivo. “No hay ningún herido”, afirmó Durante mucho tiempo, el ala bolsonarista había instrumentalizado políticamente el atentado. La acusación era que había sido financiado por aquellos que querían impedir la victoria de Bolsonaro. El hecho de que en junio de este año el abogado de Bispo de Oliveira estuviera implicado en una operación policial contra el principal grupo criminal del país, el Primer Comando de la Capital (PCC), contribuyó a inflamar aún más el debate. Una situación similar ocurre ahora con el caso de Francisco Wanderley Luiz. El ex presidente Jair Bolsonaro se distanció inmediatamente después de los hechos. En el sitio web Metrópoles calificó al terrorista de “loco” y dijo que nunca lo conoció ni oyó hablar de él. Más tarde, en sus redes sociales, el expresidente habló de ‘pacificación’. “Ha llegado el momento de que Brasil vuelva a cultivar un ambiente adecuado para que ideas diferentes puedan confrontarse pacíficamente y para que la fuerza de los argumentos valga más que el argumento de la fuerza. La defensa de la democracia y de la libertad no tendrá éxito hasta que se restablezca en nuestro país la posibilidad de diálogo entre todas las fuerzas de la nación”, escribió. Bolsonaro apeló entonces a “todas las corrientes políticas y a los dirigentes de las instituciones nacionales a tomar las medidas necesarias para avanzar en la pacificación nacional en este momento de tragedia. Quien se beneficiará no será uno u otro partido, líder o facción política. Será Brasil”. Uno de los mensajes de Francisco Wanderley Luiz antes del ataque a la Corte de Brasil Los jueces del STF tienen una opinión diferente. Para Gilmar Mendes, el odio y el fanatismo han sido estimulados por el gobierno de Bolsonaro. “Símbolos y fiestas nacionales han sido secuestrados con objetivos electorales hasta el punto de que en 2021, la conmemoración de la independencia de Brasil, el 7 de septiembre, ha sido utilizada para amenazar al STF incitando a los ciudadanos a no respetar las sentencias judiciales”, dijo Mendes. Para otro juez, Alexandre de Moraes, “lo que ocurrió no es algo aislado del contexto, y el contexto se remonta mucho más atrás, cuando el notorio gabinete del odio comenzó a difundir narrativas de odio”, en referencia a la propaganda muchas veces violenta creada por el entorno de Bolsonaro, empezando por sus hijos. “La situación ha seguido escalando con el uso criminal de la libertad de expresión”, dijo Moraes, que recordemos fue también el juez que durante más de un mes el pasado septiembre en un tira y afloja con Elon Musk prohibió el uso de la plataforma X en todo Brasil. Moraes también dio a entender en su discurso que no hay posibilidad de amnistía para Bolsonaro y los bolsonaristas que acabaron procesados. “El criminal amnistiado es un criminal impune y la impunidad genera más agresión. La gente cree que puede venir a Brasilia e intentar volar el STF porque fue instigada por varias personas, incluso de alto rango en la República”, dijo el juez. “Dejan entrar al zorro en el gallinero. O no saben el tamaño de la presa o es simplemente una estupidez”, expresó en uno de los mensajes De hecho, un proyecto de amnistía, propuesto inicialmente por el ex diputado del PL Vitor Hugo, está siendo discutido en el Congreso brasileño. El texto fue modificado posteriormente en la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) de la Cámara de Diputados. Las enmiendas prevén la amnistía para todos los implicados en juicios por motivos políticos o electorales, desde donaciones y apoyo logístico hasta publicaciones en redes sociales realizadas entre el 8 de enero de 2023 y la fecha de entrada en vigor de la ley. Además, la versión revisada del proyecto de ley también amplía la amnistía a los participantes en actos relacionados con los ataques, antes o después del 8 de enero. Anteriormente al atentado del miércoles, estaba previsto que se constituyera una comisión especial para un debate más profundo, según anunció el presidente de la Cámara, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP). Pero el futuro de este proyecto de ley, a la luz del atentado, es ahora una incógnita. La amnistía sirve principalmente a Bolsonaro para que pueda volver a ser elegible. Actualmente ha perdido su elegibilidad hasta 2030 por decisión de la justicia electoral. Según el diario Folha de São Paulo, tras el atentado del miércoles, algunos diputados bolsonaristas discutieron entre ellos en una red de mensajería el impacto del incidente en la ley de amnistía. Algunos de ellos hablaron de su «entierro». Mientras tanto, a las mismas horas era detenido en La Plata, Argentina, el brasileño Joelton Gusmão de Oliveira. Había sido condenado a 17 años de prisión por las autoridades brasileñas por intento de golpe de Estado. Oliveira había participado en las depredaciones del 8 de enero de 2023. El 10 de junio, Brasil había informado de que había pedido ayuda a Argentina para localizar la posible presencia en su territorio de más de 140 prófugos implicados en los sucesos de enero de 2023. En total, la justicia argentina ha emitido hasta ahora órdenes de detención contra 61 de ellos. Además, hay otra posible consecuencia política de las bombas de Brasilia: la regulación de las redes sociales. Sobre este tema también ha intervenido en las últimas horas Andrei Rodrigues, director general de la Policía Federal brasileña, el cuerpo que investiga el caso. Según él, el atentado está relacionado con otras investigaciones, como la del supuesto golpe del 8 de enero. «La gravedad del caso demuestra la necesidad de regulación y de normas claras para las redes sociales. No es posible convivir con este tipo de acciones», declaró Rodrigues en rueda de prensa. La regulación de las redes sociales es uno de los temas recurrentes en la agenda de Lula, que había llegado a proponer una nueva ley, luego paralizada debido a sus numerosas críticas, entre ellas el hecho de que estaría controlada por personas elegidas por el gobierno. Otro de los mensajes de Francisco Wanderley Luiz Sin embargo, Brasil ya cuenta con una ley, el llamado ‘Marco de Internet’, que puede utilizarse para bloquear la incitación al odio. El jueves, una influencer que había dicho en un vídeo en TikTok que quería secuestrar a «un diputado del PL» y que había incitado a sus seguidores a poner una «pistola en la cabeza» de los diputados que no hubieran firmado una propuesta de enmienda constitucional (PEC), vio retirado su vídeo tras la intervención de la Justicia de San Pablo. El jurista André Marsiglia, experto en derecho digital, escribe en Metrópoles que en Brasil «sin votos y sin gente, la izquierda sobrevive gracias a un ecosistema mediático y cultural que, cada vez que sus candidatos son derrotados en las elecciones, crea la aburrida narrativa de que la democracia está en riesgo y el extremismo destruirá el mundo. Naturalmente, esta narrativa se hace cada vez más conocida y es en este punto cuando la censura se convierte en una herramienta electoral integral”. En las próximas semanas y meses, por tanto, es probable, según los expertos, que la regulación de las redes sociales vuelva a estar en la agenda del gobierno. Por último, el atentado también abrió un debate sobre la seguridad. En el video grabado por las cámaras, cuando el terrorista se detiene frente a la estatua que está al lado de la rampa de acceso al STF, al cabo de unos 20 segundos un guardia sale a su encuentro, pero los refuerzos llegan sólo un minuto y medio después, tiempo suficiente para que el hombre detone los dos artefactos sin ser impedido. Para un país que se prepara para recibir a los poderosos de la tierra en la reunión del G20 la próxima semana en Rio de Janeiro, esto puede ser un problema. Sobre todo porque hace apenas una semana se produjo otro grave incidente que puso de manifiesto toda la vulnerabilidad de lugares estratégicos como, por ejemplo, los aeropuertos. A plena luz del día, un informante del PCC fue asesinado por un comando en el muelle exterior de la sección de llegadas del principal aeropuerto de América Latina, San Pablo-Guarulhos, en el que también perdió la vida un inocente conductor de Uber.
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