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Parana » Vorterix
Fecha: 16/11/2024 04:56
El reciente anuncio del vocero presidencial sobre el retiro de las pensiones de privilegio a la ex presidenta y ex vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner no solo desató un nuevo capítulo en la contienda política, sino que también dejó en evidencia las profundas inconsistencias del sistema judicial y legislativo argentino. Lo que se presenta como un ahorro millonario para las arcas públicas —más de 21 millones de pesos— destapa una vez más la verdadera problemática: la doble vara con la que opera la justicia en este país. El argumento central del gobierno de Javier Milei es claro: no se destinarán fondos públicos a personas condenadas por corrupción. Sin embargo, el mismo estándar debería aplicarse a otros beneficiarios de pensiones de privilegio. ¿Por qué Zulema Yoma sigue percibiendo la pensión de Carlos Menem, condenado por la misma justicia? ¿Por qué Inés Pertiné, viuda de Fernando de la Rúa, sigue cobrando su pensión a pesar de los trágicos hechos de violencia de 2001? Este escenario expone una selectividad preocupante que responde más a la oportunidad política que a principios de justicia. La justicia, el verdadero problema La raíz de esta doble vara está en la justicia. Un sistema que, lejos de ser un árbitro imparcial, juega con los tiempos a su favor. Los casos que llegan a la Corte Suprema o los Tribunales Superiores parecen entrar en un limbo donde las decisiones pueden demorar años, incluso décadas. Esto no solo perpetúa la desigualdad sino que condena a miles de jubilados y pensionados comunes, que esperan resoluciones que muchas veces llegan post mortem. La justicia, en estos casos, no solo es tardía, sino inexistente. Este es el trasfondo que permite que la clase política, en todos sus niveles, evite reformas judiciales profundas. Los gobernantes de turno prefieren no tocar a la “realeza” del poder judicial, por temor a convertirse en blanco de persecuciones futuras. Mientras tanto, los jueces y camaristas operan con una impunidad alarmante, protegidos por la falta de plazos claros y la opacidad de sus procedimientos. Reformas pendientes y complicidad legislativa El problema no es nuevo. En Entre Ríos, por ejemplo, hubo una ley que permitía a los ex gobernadores solicitar pensiones extraordinarias, un privilegio que finalmente fue eliminado. Pero esto no resuelve el desbalance general entre los poderes, donde los salarios y beneficios de la justicia siguen siendo desproporcionados en comparación con el resto de la administración pública. El gobierno de turno puede usar su poder de firma para ajustar o eliminar ciertos beneficios, pero la raíz del problema sigue intacta: un sistema judicial que opera sin control ni rendición de cuentas. Mientras tanto, los verdaderos afectados son los millones de argentinos que esperan justicia en causas que impactan directamente en sus vidas. Jubilados, pensionados, víctimas de violaciones a sus derechos básicos, todos ellos son relegados a un segundo plano mientras el poder se reparte entre las altas esferas. Una justicia que responde al clamor social La justicia argentina parece solo reaccionar ante el clamor social. Casos que deberían ser resueltos con celeridad permanecen dormidos, a menos que una fuerte presión pública los despierte. Esta dinámica es insostenible en un sistema que pretende ser democrático. Sin plazos claros, sin reformas estructurales y sin voluntad política para enfrentar a la justicia, la desigualdad persistirá. En este contexto, el enfrentamiento entre Milei y Fernández de Kirchner no es más que un espectáculo. Dos figuras que luchan por la legitimidad política mientras el resto del país sigue lidiando con problemas mucho más urgentes. Las pensiones de privilegio son solo un síntoma de un sistema que necesita cambios de raíz. Sin embargo, la solución no pasa solo por recortar beneficios, sino por enfrentar el poder judicial, la verdadera casta intocable en Argentina. El desafío pendiente Hasta que no se lleve a cabo una reforma judicial seria, los argentinos seguirán siendo rehenes de un sistema que prioriza los intereses de unos pocos sobre el bienestar de la mayoría. Mientras los poderosos se enfrentan en el ring político, millones de personas seguirán esperando justicia, una justicia que, para muchos, llegará demasiado tarde o nunca.
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