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» El Ciudadano
Fecha: 15/11/2024 18:43
Nicolás Savani fue asesinado el 12 de abril de 2014 cuando quedó en medio de un enfrentamiento armado frente al Camping de Camioneros en la ciudad de Pérez. Pasó una década y su crimen continúa impune ya que aún no se llevó adelante el juicio a los seis imputados. Su familia sufre su ausencia como la falta de justicia por igual y a este dolor se le sumó este martes que la familia quedó vinculada al crimen del líder de la barra de Rosario Central, Andrés «Pillín» Bracamonte, debido a la coincidencia del apellido con la jefa de la comisaría 9°, Débora Savani. “Nosotros tenemos mucha preocupación porque no tenemos nada que ver con esta mujer policía y también queremos reclamar que esclarezcan el homicidio de Nicolás porque el fiscal dejó la causa de lado”, reclamó este jueves por la mañana Mauricio Savani, el hermano de la víctima, en la puerta del Centro de Justicia Penal, de Sarmiento al 2800. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diario El Ciudadano (@diarioelciudadano) Mauricio, en diálogo con El Ciudadano, desmintió categóricamente cualquier vínculo familiar o social con la policía investigada. “Nosotros no tenemos ninguna relación, solamente tenemos el mismo apellido”, dijo en referencia a la jefa de la comisaría 9°, cuyo nombre trascendió ya que fuentes allegadas a la investigación contaron que el celular de la mujer fue uno de los dos secuestrados en el allanamiento de la seccional en el marco del crimen del histórico jefe de la barra de Rosario Central, Andrés “Pillín” Bracamonte, y mano derecha, Daniel “Rana” Attardo. “Venimos por preocupación. Somos una familia que trabajamos toda la vida. Hace tres semanas que falleció mi mamá, creo que de angustia. Tengo hijos chicos, estoy a cargo de mi abuela y ahora pasa esto. Quiero enviar el pésame a las familias de las víctimas y también desligar el apellido”, siguió angustiado el hermano de Nicolás. “Solamente pedimos justicia por mi hermano asesinado hace 10 años. Hemos ido a todos lados, tengo una carpeta llena de papeles con presentaciones al fiscal de la causa (por Adrián Spelta), al fiscal Regional interventor Matías Merlo, al provincial y lo último que me queda es la Auditoría General de Gestión”, explicó el hombre mientras señalaba que hace 20 años que trabaja como repartidor de bebidas, como lo era su hermano menor Nicolás. “No hemos tenido respuesta del fiscal, ha dejado este lugar simbólico de Justicia como una fachada porque nunca ha actuado con oficio en el caso de mi hermano, ha abandonado la causa y ha dejado que los abogados de los culpables hagan un arreglo entre ellos: sacando a mi familia de lado, cerrando el caso para que terminen yéndose todos a su casa con libertad condicional”, denunció este jueves frente al Centro de Justicia Penal. Crimen de Nicolás y causa paralizada El hermano de Nicolás recordó el trágico día del asesinato y repasó la lucha incansable de la familia por justicia. “El 12 de abril de 2014, fuimos como afiliados a una asamblea de memoria y balance en el camping del sindicato de Camioneros de la provincia de Santa Fe que está en Pérez. Nosotros no teníamos información de lo que iba a suceder, los que sabían están culpados en la Justicia”. En el contexto de esa asamblea llegaron colectivos con los afiliados. Cuatro de ellos, eran de la facción de Marcelo Dainotto, por entonces al frente del Sindicato. De acuerdo a lo que reconstruyeron los pesquisas a través de los registros de las cámaras de seguridad, a unos 150 metros del ingreso al camping, un grupo de sindicalistas de la facción contraria simularon un corte para impedir el paso de estos cuatro colectivos que llevaba en su mayoría trabajadores, algunos hasta con sus hijos. Fue en ese momento que algunos bajaron para ver qué pasaba y fueron atacados a balazos. Al menos una persona de las que estaba en el colectivo, respondió la agresión de la misma manera. Nicolás había bajado y terminó gravemente herido de un tiro en la espalda y otro en la nuca. Tenía 27 años, dos pequeñas hijas y falleció poco después de ingresar al Hospital. Su hermano Mauricio estaba también y cuando fue a socorrerlo, un balazo le traspasó el antebrazo izquierdo. Hubo otros tres heridos de esa violenta emboscada. En medio de la entrevista, no mencionó que él también fue una víctima, sólo mostró la cicatriz cuando se le preguntó. La única herida que sigue abierta para Mauricio es no poder conseguir justicia por su hermano. En medio de toda la conmoción, la asamblea continuó y la conducción del gremio fue asumida por Rubén López, tras una intervención judicial. En este marco Dainotto, tras denuncias por desmanejos económicos firmó un acuerdo abreviado cuya sanción se fijó en dos años de prisión condicional por retención indebida de fondos y mal desempeño del cargo y el 20 de marzo de 2016 hubo elecciones donde se presentó una lista única encabezada por Sergio Aladio. La fracción que inició el ataque quedó registrada en una cámara de seguridad del lugar y los primeros en ser imputados en agosto de 2015 fueron Fernando Machuca (integrante de la entonces comisión directiva del sindicato) y Cristian Ayala, quien era delegado de base al momento del crimen. En ese momento el fiscal los imputó como partícipes secundarios del delito de homicidio junto a lesiones leves y graves. En abril de 2016, el fiscal decidió imputar a otros cuatro, tres de ellos integrantes del bando atacante y uno del lado del atacado, al cual se identificó por una de las filmaciones cuando disparaba un arma. Son Cristian Amarilla, Cristian y Rodrigo Castañas junto a Ángel Acuña. A todos, el fiscal les unificó la imputación en el delito de homicidio en riña, lesiones y portación. La mayoría de los imputados mantuvieron su libertad hasta principios de noviembre de 2021, a excepción de Ayala que ya se encontraba detenido por otra causa. En ese momento, se llevó adelante la audiencia preliminar a juicio donde el fiscal Spelta adelantó que pedirá 10 años de prisión para el grupo y solicitó la prisión preventiva del sexteto. A pesar de la oposición de las defensas el juez Hernán Postma dispuso el encierro preventivo hasta la finalización del juicio oral y público. Pero los años pasaron y los acusados recuperaron la libertad. Fue en ese marco que Mauricio reiteró su denuncia donde explica que la justicia abandonó la causa de su hermano. “Fueron casi 130 tiros contra los colectivos. Había muchas criaturas. Ese día lo que iba a ser una fiesta terminó siendo una pesadilla para todos. Esa herida nunca se cerró, seguimos pidiendo justicia, no nos rendimos. El tiempo nos ha agotado tanto que a veces creemos que no va a haber justicia. Hoy estamos acá. Por un lado, por el tema que ha sucedido con el jefe de la barra de Central y por otro, para que después de 10 años la Justicia mire este caso y lo cierre de una vez. Lo esclarezca pero no con los imputados yéndose a la casa sino presos porque eso es justicia”, concluyó.
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