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» Diario Cordoba
Fecha: 15/11/2024 00:35
Ante una catástrofe como la ocurrida en Valencia, con 216 muertes y una alerta a la ciudadanía que llegó cuando buena parte de la población ya estaba literalmente con el agua al cuello, una de las primeras reacciones pasa por tratar de buscar responsabilidades y acudir a la justicia se presenta como la mejor salida. A primera hora de este jueves ya había nueve denuncias o querellas relacionadas con la DANA de Valencia en el Tribunal Supremo contra distintas personas, entre las que están el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los ministros Fernando Grande-Marlaska, Margarita Robles y Teresa Ribera, que ha visto como la hipotética posibilidad de resultar imputada cuando menos complicaba su elección como comisaria europea. A esas querellas hay que sumar la interpuesta por Iustitia Europea, que ejerce la acusación popular en el caso Koldo y en la investigación seguida contra la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, contra el presidente valenciano, Carlos Mazón, en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) por los delitos de prevaricación omisiva, omisión del deber de socorro y homicidio por imprudencia grave en relación con lo que esta organización califica de "abandono absoluto" en la gestión de la emergencia. Al alto tribunal también le llegará una denuncia similar contra Mazón que se ha presentado ante la fiscalía por la Confederación General del Trabajo (CGT). Está previsto que a medida que pasen los días se interpongan más por parte de otras organizaciones, como Hazte Oír, que considera que antes de llegar a los altos dirigentes tanto en Madrid como en Valencia es preciso acumular información y datos que eviten una inadmisión de plano de las querellas. Desde la asociación provida creen más efectivo actuar primero contra responsables no aforados como son la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y los responsables de la Confederación Hidrográfica del Júcar, contra los que ultima querellas que tiene previsto presentar este mismo jueves. Fuentes de esta organización han explicado a este periódico que se trata de lograr un acceso a las comunicaciones de ambos responsables para conocer cómo se articuló la gestión, con la idea de reunir un material con el que quizá se pueda ir posteriormente con más argumentos al Supremo contra la vicepresidenta Teresa Ribera, a quien apuntan como principal responsable. Precisamente una posible imputación de la aspirante a comisaria europea es el motivo que alega el Partido Popular europeo para justificar su falta de apoyo a su inclusión en el Ejecutivo de Úrsula von der Leyen. A esas iniciativas también se añaden las diligencias penales que se abren de forma prácticamente automática cuando se producen muertes a consecuencia de una riada, lo que en este caso dada la extensión de la zona afectada y el número de fallecidos alcanzará a juzgados de Instrucción de distintas localidades, aunque lo previsible es que las actuaciones se terminen acumulando en uno solo para agilizar el procedimiento y evitar resoluciones contradictorias. Querellantes habituales Además de la querella de Iustitia Europa en el Tribunal Supremo contra Pedro Sánchez, hay tres del autodenominado sindicato Manos Limpias, otra de Vox, una más de la Asociación Europea de Ciudadanos contra la Corrupción, otra del Movimiento para la Regeneración de España y dos más de particulares. La mayoría de ellas tienen en común que los delitos denunciados son los de omisión del deber de socorro y homicidios y lesiones por imprudencia. El querellado que más se repite es Sánchez. En algunas le acompaña el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y, en otras, la de Defensa, Margarita Robles, y la de Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una de ellas también se dirige el presidente valenciano y su Gobierno en general. Ello obedece a que la mayoría de las organizaciones que han puesto en marcha esta iniciativa comparten ideología conservadora, lo que les hace más proclives a considerar responsable al Ejecutivo central en vez de al autonómico y les obliga a acudir al alto tribunal por aforamiento. Además, algunas de ellas no solo se han dirigido al Supremo por la DANA, sino que son habituales en la interposición de querellas contra representantes políticos por distintos motivos, pese a que el criterio del alto tribunal ha sido el de rechazarlas por estar infundadas o basarse únicamente en recortes de prensa, para evitar convertirse en un ring donde se traslada la discrepancia política en los asuntos que no gustan. Fuentes del alto tribunal señalan a este diario que lo previsible es que todas las querellas se acaben acumulando para remitirlas a fiscalía para recabar el correspondiente informe antes de decidir sobre su admisión a trámite, opción que no parece la más probable, dado que la mayoría de ellas se basan en noticias publicadas y para considerar que existen indicios de la comisión de delitos se necesita mucho más que eso. Vía contenciosa En la riada del 7 de agosto de 1996 que se llevó por delante el camping de Las Nieves, ubicado en la localidad oscense de Biescas, la vía penal fracasó, pero hasta un año después de archivadas las diligencias penales se puede iniciar una reclamación por vía contenciosa por, en ese caso, la responsabilidad patrimonial de la Administración. En ese caso, la Audiencia Nacional ordenó a la Diputación General de Aragón y a la Confederación Hidrográfica del Ebro indemnizar con 180.000 euros por cada fallecido por el que se reclamó. En el caso de Valencia ya hay iniciativas para intentar encontrar responsables por la vía contenciosa, pero de momento, por la inacción del Estado. El Supremo ya ha comenzado a analizar una demanda contra el Gobierno de Sánchez ante la catástrofe, presentada por un viejo conocido de la Sala, el abogado valenciano Curro Nicolau, que adquirió cierta notoriedad mediática por sus recursos contra las medidas que limitaron los movimientos de los ciudadanos durante la pandemia del covid. La demanda inicial la presentó por la inacción de Pedro Sánchez y su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, si bien este jueves la amplió "por la inactividad llevada a cabo por la propia Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico Teresa Ribera Rodríguez, la Confederación Hidrográfica del Júcar a través de su Presidente el Miguel Polo Cebellán, y el Secretario de Estado de Medio Ambiente Hugo Alfonso Morán Fernández". Antes de decidir si la admiten, solicitarán un informe a la Abogacía del Estado para que analice si la inactividad puede ser objeto de impugnación ante los tribunales y también sobre la legitimación de los particulares para presentar este tipo de litigios, según ha podido conocer este diario de fuentes jurídicas. A la de Nicolau se sumará próximamente en la mesa de los magistrados del Supremo una demanda similar, pero contra la Delegación del Gobierno en Valencia, que fue impulsada por la asociación Liberum ante el TSJ valenciano, que se ha inhibido ante el alto tribunal por falta de competencia. Lo que sí ha sido ya admitido a trámite por el órgano valenciano ha sido la demanda por inacción que también Nicolau presentó la Agencia de Seguridad y Emergencias dependiente del Ejecutivo autonómico. Por el momento, se han reclamado los expedientes administrativos sobre su actuación frente a la Dana.
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