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» Compactonea
Fecha: 14/11/2024 04:45
El fiscal federal Patricio Sabadini presentó ante el Juzgado Federal de Resistencia N°1 un requerimiento de instrucción de un caso contra los secretarios judiciales Javier Pastore, Agustín Blanco y Vanesa Bottegoni, quienes enfrentan acusaciones por nueve hechos relacionados con falsedad documental, uso de documento falso y coacciones en carácter de autores. Según el escrito presentado por Sabadini, Pastore, junto a Blanco y Bottegoni, inventaron un sumario administrativo por órdenes del juez federal Ricardo Mianovich, del Juzgado Federal 2, en contra de dos secretarios durante su subrogancia en el Juzgado Federal de Presidencia Roque Sáenz Peña. Así, el fiscal federal solicitó formalmente ante la jueza Zunilda Niremperger que los tres funcionarios judiciales sean se cite a los ciudadanos individualizados como acusados, a designar defensor, prestar declaración indagatoria y ejercer su derecho de defensa. Las investigaciones indican que el sumario administrativo número 58/22, iniciado de manera irregular, fue parte de una serie de conductas de hostigamiento, maltrato y comportamiento despótico por parte de Pastore y Blanco hacia los empleados de la secretaría penal, en especial contra las mujeres. Los testimonios recabados por la fiscalía destacan patrones de violencia de género y discriminación, como la negativa a permitir salidas para el cuidado de hijos y la imposición de horarios extendidos de trabajo que no se aplicaban en otras áreas del juzgado. Entre las irregularidades se identificó la manipulación de fechas y documentos con el fin de incriminar a los secretarios Carlos Opat y Hemilce Nuñez Sánchez, sin permitirles un descargo adecuado ni la presentación de pruebas. Asimismo, se reportó que Pastore investigaba aspectos personales de los empleados y generaba divisiones internas. El fiscal Sabadini sostiene que estos hechos constituyen una represalia contra Nuñez Sánchez por su colaboración como testigo en una causa penal que implicaba al exconjuez federal Miguel Mariano Aranda, acusado de delitos graves como asociación ilícita y prevaricato. La investigación también reveló que Pastore, junto con Blanco y Bottegoni, actuó de forma direccionada para controlar y manipular el proceso del sumario, excluyendo a otros implicados y creando una estructura de control en la secretaría penal. La falta de imparcialidad y el uso de pruebas como "papelitos escritos" para sustentar las acusaciones refuerzan las alegaciones de coacciones y uso de documentos falsos. Sabadini sostiene que Pastore y Blanco fueron derivados a Sáenz Peña en búsqueda de sumariar a los trabajadores judiciales que declararon en contra de Miguel Aranda, y también para ocupar esos cargos para ubicar gente afín, por lo que inventaron un sumario a dos personas y maltrataron al resto de los empleados, sólo a quienes comprometieron a Aranda en sus declaraciones.
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