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Concordia » Diario Rio Uruguay
Fecha: 14/11/2024 02:23
Agrandar imagen Julio Rodriguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos En diálogo con Diario Río Uruguay, el fiscal de Estado de la provincia de Entre Ríos, Julio Rodríguez Signes, repasó que “el decreto 969, que es el que emitió el gobierno nacional hace dos semanas, establece un sistema de compensación de deudas y créditos, pero no establece un sistema de daciones en pago”. A raíz de esto, comentó que “en el terreno de las especulaciones, si obtuviéramos nosotros una sentencia, por ejemplo de ANSES, ese dinero tendría que ir al financiamiento de la Caja de Jubilaciones”, respondiendo a la naturaleza del reclamo, por lo que “no podemos recibir represas por deuda previsional”, ya que “habría que modificar una serie de acuerdos, porque esos montos tienen destinos específicos”. Según sus palabras, “en el caso de que se nos oferte la represa de Salto Grande, ya excede mi capacidad de análisis técnico, pero puedo decir que deberían intervenir otros poderes de estado, ya que no es un acuerdo de poder Ejecutivo (nacional) a poder Ejecutivo (provincial), sino que debería intervenir la Legislatura, posiblemente el Congreso, la Auditoría General de la nación, la Sindicatura General de la nación, porque sería una operación mucho más compleja; tanto para la represa como para el ferrocarril o para lo que se plantee como transferencia del estado nacional”. De esta manera, apuntó que “hoy, lo que estamos instrumentando es formalizar todos los reclamos que tenemos ante la nación y lo hemos hecho en un período de menos de un año, ya que presentamos ANSES, la deuda histórica de Salto Grande y el cobro de pesos de Salto Grande", como así también "reclamos que hemos hecho respecto a la obra pública financiada por la nación, pero contratada por la provincia”. Al respecto, destacó que “a todos los hemos concretado en la Corte Suprema o en las oficinas administrativas correspondientes. Después veremos qué es lo que se negocia”. Admitiendo que sería auspicioso que “ojalá exista un mecanismo de compensaciones acordadas, que nos sirva a ambas partes para ordenar, porque sino se dilatan las cuestiones y podemos estar años litigando”. Deuda Salto Grande Consultado sobre el pago de la deuda de Salto Grande, el fiscal aclaró que “nosotros en abril de este año presentamos una demanda por cobro de pesos contra la secretaría de Energía de la Nación por deudas de excedentes de Salto Grande”, dado que “había mora en el cumplimiento de las obligaciones de excedentes de acuerdo a la modalidad con que se estaban liquidando", insistiendo en que "es una modalidad atrasada, con la que no estamos de acuerdo”. Dicho esto, remarcó que “eso es lo que -recientemente- pagó la Secretaría de Energía de la Nación, lo que regularizó, el capital de esa deuda que ya venía del gobierno anterior y se había acumulado con este gobierno”, que se trata de “una cifra de alrededor de 4.000 millones” de pesos. Por otro lado, explicó que “la semana pasada, demandamos en la corte, a instancia de instrucciones recibidas por el gobernador de la provincia hace cuatro meses, el cumplimiento de los acuerdos nación-provincia de Entre Ríos, Corrientes y Misiones, respecto a las obras complementarias de la represa, lo que llamamos la reparación integral”. En la demanda, comentó que “nosotros dijimos que tenemos que recomponer la ecuación económica financiera de los acuerdos para que haya excedentes, porque si no hay excedentes, no hay obras complementarias y sin obras, no hay reparación para la zona”. Dicho esto, indicó que “esto tiene otro carácter, porque es una demanda de estado provincial a estado nacional, una demanda que implica la declaración de inconstitucionalidad de resoluciones de la secretaría de Energía, que exige una producción de pruebas muchísimo más compleja, porque tenemos que demostrar el daño” ocasionado. Por último, valoró que “lo importante es que el gobernador de la provincia dejó atrás una etapa de declaraciones periodísticas, legislativas y manifestaciones de deseos, para convertirlo en una demanda concreta que él firma”, ya que “colocó la resolución del tema en la Corte Suprema de Justicia” y se convirtió en “una decisión política jurídica”.
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