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Parana » Pagina Politica
Fecha: 14/11/2024 01:28
La muerte violenta de Ariel Goyeneche, el 12 de febrero, impulsó la redacción del proyecto de ley que debate la Legislatura. El joven encontró la muerte, mientras atravesaba una crisis de salud mental, esposado, comprimido por personal policial contra el cordón de la vereda de la Comisaría 2da, en calle Gualeguaychú. La actuación policial suscitó, además del repudio, las preguntas por el cumplimiento de los protocolos de actuación y por la formación de los agentes de seguridad y del personal del Estado en general para asistir ante la problemática de salud mental. A eso apunta el proyecto. Las diputadas Silvia “Nene” Moreno y Stefanía Cora son autoras de la iniciativa que prevé “la capacitación obligatoria en salud mental para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Provincia de Entre Ríos”. Se pretende una formación sustentada en una perspectiva “comunitaria y de derechos humanos” en base a la normativa vinculada a la Ley de Salud Mental Nº 26.657, su decreto reglamentario, y la adhesión provincial a la norma. En los fundamentos, se toman argumentos de una propuesta presentada en el Congreso de la Nación por la legisladora Carolina Gaillard. Allí se afirma que hay un corpus normativo que no termina por cumplir con sus objetivos por “la falta de conocimiento sobre la misma”. En este marco, para Moreno y Cora, “es urgente capacitar y formar a todos los actores involucrados con la temática de salud mental, porque lo que falla no es la ley, sino la correcta implementación que brinde a los agentes involucrados una debida formación para el abordaje que la ley estipula”, sin dejar de consignarse, además, la necesidad de recursos para su cumplimiento pleno. Se impone al Ministerio de Salud el rol de organismo de aplicación que deberá, entre otras funciones, garantizar la capacitación, crear un registro de las personas que participaron de la instancia de formación y evaluar el impacto de la instrumentación de la ley. La propuesta ingresó en abril y fue girada a la Comisión de Salud de la Cámara baja. Este miércoles, se escuchó a Esteban Dávila, director del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná, y a representantes del Consejo Consultivo en Salud Mental de Entre Ríos que avalan la puesta en vigencia de la propuesta. En ese marco, expusieron ante la comisión, Lucrecia Castañeda y Matías Passi, así como también Ayelén Militello, amiga de Goyeneche, que pidió avanzar con la norma para evitar más casos de lo que se definió como violencia institucional. Para el Consejo Consultivo, que integran colegios profesionales, gremios de trabajadores del Estado, áreas del Hospital Escuela y espacios académicos y de investigación de UADER y de UNER, es relevante que la propuesta apunte a “no promover acciones estigmatizadoras ni discriminatorias” y apueste a resolver “situaciones problemáticas desde el paradigma de derechos humanos”. Marcan el homicidio de Goyeneche como caso testigo de la necesidad de una normativa como la que se propone “para realizar intervenciones oportunas, eficaces y respetuosas de la condición humana”. Estado y comunidad Ante la inclusión de la Salud Mental en la agenda de la Legislatura, una serie de organizaciones comunitarias plantearon la necesidad de atender a la creciente demanda de la sociedad, empobrecida y en gran parte desamparada. Concretamente, han considerado la necesidad de poner el foco en las referencias barriales, escolares, comunitarias que atienden cada día a la problemática social y la crisis de la salud mental. Se expresó que poner en primer plano la capacitación de los trabajadores del Estado no alcanza para asistir a realidades ajenas a la dinámica institucional. Un conjunto de organizaciones sociales, reunidas en la Mesa por la Salud Mental de Entre Ríos, difundió una declaración en la que expresa la adhesión al “objetivo de impulsar propuestas que promuevan y forjen herramientas que resuelvan en su complejidad y de manera integral fortaleciendo la prevención y la asistencia, ambas desde una mirada subjetiva, de las problemáticas que se relacionan a la Salud Mental”. Se hizo notar el impacto del asunto en el escenario de la pandemia y las secuelas que ha dejado en una población en la que “el 52,9% de los ciudadanos y ciudadanas son pobres, con grandes dificultades en el acceso a la educación, la salud, la cultura y el deporte, con un 50,5% de personas que no acceden al menos a un servicio básico”. Se pone de relieve que “según un informe de la Cippec hay 20 millones de trabajadores, de los cuales el 52% son informales o monotributistas; 31% asalariados privados registrados y solo el 17% son estatales y según La Organización Internacional del Trabajo (OIT) entre el 60 y 80% de los empleos que se recuperaron en la región después de la pandemia del Covid lo hicieron en condiciones de informalidad, plasmando la falta de garantía y derechos”. Se advirtió especialmente acerca del “preocupante y elevado índice de jóvenes que toman la drástica decisión de terminar con su vida, con situaciones de violencia que se acrecientan día a día dentro del sistema social; con investigaciones que dan cuenta que el inicio de consumo se da en infantes de aproximadamente 11 años, abordando situaciones a partir de los 8 años”. En este marco, se consideró que “pensar propuestas sesgadas y segmentadas y no en la comunidad en su conjunto comprendiendo la compleja interacción de factores individuales, sociales y estructurales sobre los diferentes contexto económico, sociales, políticos y culturales, tiende a reproducir una práctica política que no resuelve ni discute los problemas de fondo”. “Vemos con gran preocupación la disociación existente entre la política y la realidad. Hablar de salud mental sin escuchar y desconocer el trabajo territorial, comunitario e institucional que realizan las organizaciones, es construir políticas públicas que terminan en un cajón”, advirtió la Mesa que integran, entre otras organizaciones, referentes de UPCN, UTEP, la Agencia de Salud Mental, la Fundación Crescer, las agrupaciones “Ni un pibe menos por la droga”, “Sembrando Huellas”, “Principios y valores”, “Vientos de libertad”, el Colegio de Acompañantes Terapéuticos y la Casa Crescer. Control, puertas adentro Hay otros dos proyectos que refieren a otro aspecto del problema. Se trata del control a la planta de funcionarios del Estado. Ambas iniciativas también son abordadas por la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Una propuesta es de la legisladora Gabriela Lena y refiere al “Control de Consumo de Drogas Ilegales en Funcionarios Públicos”. El objeto del proyecto es “establecer controles de consumo de drogas ilegales en el ámbito de la administración pública” en los cargos relevantes del “Poder Ejecutivo, Legislativo, y organismos descentralizados”. Se impone al Ministerio de Salud la puesta en marcha de la ley en cuyos fundamentos se afirma que “no es admisible ni resiste discusión alguna que quien tiene responsabilidad estatal tenga vínculos con el consumo problemático de drogas”. “Un funcionario no puede enfrentar el narcotráfico y ser consumidor de drogas ilegales al mismo tiempo. La honestidad debe ser integral”, afirma Lena en el texto enviado a la Legislatura y que la diputada enmarca en “las políticas adoptadas por el Poder Ejecutivo” pregonando “la ficha limpia, la transparencia de los actos de gobierno y de los funcionarios públicos” a fin de “combatir el flagelo de la droga desde adentro”. En similar sentido, también presentó una iniciativa la diputada Liliana Salinas. “Funcionarios del Estado libre de drogas” es el título del proyecto que establece “como requisito para la permanencia en el cargo, en todos los niveles de funcionarios del Estado, la ausencia de consumo problemático y/o adicciones a drogas ilegales”. La propuesta abarca a los tres poderes del Estado, “hasta el nivel de Coordinadores, autoridades de entes autárquicos y descentralizados, Policía y Servicio Penitenciario provincial”. Prevé controles cada seis meses y el cese en la función ante test positivos, “sin perjuicio del resguardo de los derechos laborales”. Fuente: Página Política
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