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Parana » Pagina Politica
Fecha: 13/11/2024 15:50
El proyecto que reforma la orgánica de la Policía de Entre Ríos sumó otro cuestionamiento. Esta vez llegó del Comité Provincial para la Prevención de la Tortura, luego de que el ministro de Seguridad, Néstor Roncaglia, anunciara la creación en el seno de la fuerza la División de Asuntos Jurídicos, que tendrá la función de representar a los agentes denunciados por violencia institucional. Esto es por hechos de apremios ilegales o “tratos crueles o inhumanos”, en palabras del funcionario. El Comité y la Red de Organismos de Derechos Humanos de Entre Ríos (Rodher) emitió un comunicado cuestionando la iniciativa. “La violencia institucional no se defiende, se condena”, es la primera definición que expresó el colectivo, que repudió las declaraciones que calificaron de alarmantes cuando Roncaglia calificó de “accidentes de trabajo” a un apremio. “Parece mentira que haya que recordar que éstas constituyen delitos graves en tanto violaciones de derechos humanos”, expresaron los organismos y afirmaron que “el Estado debe promover la prevención y la sanción de la violencia institucional, no alentar su defensa. En primer lugar, porque ello es ilegal y violatorio de todos los compromisos asumidos por el Estado argentino en esta materia; en segundo lugar, porque implica un mensaje peligrosísimo para la institución policial, ya que banaliza la gravedad de estas prácticas, cuestiona a la veracidad de las denuncias y alienta la impunidad”. La polémica aparece en un momento delicado. En las últimas horas se conoció la decisión del juez de Garantías de Paraná, Elvio Garzón, de que sean los peritos forenses de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los que determinarán la causa de muerte de Ariel Goyeneche, el joven fallecido el 12 de febrero pasado en medio de una detención policial ocurrida en la vereda de enfrente a la comisaría segunda de Paraná. La petición fue de la defensa y el fiscal de la causa, Santiago Alfieri. Todo un dato, si se tiene en cuenta que la médica del Cuerpo Médico Forense del Superior Tribunal de Justicia (STJ), Lilian Pereyra, determinó que la muerte se produjo como consecuencia de un paro cardíaco producto de asfixia. Los peritos propuestos por la defensa de los policías, Daniel Aguirre y Oscar Chiappetti, sostuvieron que el deceso fue por un derrame en la cabeza. Roncaglia respondió desde otra perspectiva a los organismos de derechos humanos. “Acepto las críticas, tienen todo el derecho a hacerlas, no sé por qué se oponen, pero puede que estén en contra de un área que se va a llamar Investigación de la Corrupción. Quizás el nombre es fuerte, pero es para ayudar a la Justicia a investigar delitos cometidos en el ámbito de la función pública”, dijo en declaraciones a APF. El proyecto de ley con media sanción en la Cámara de Diputados y sobre el que Roncaglia expuso en el Senado, crea en su artículo 5° la División Investigación de Actos de Corrupción y la División Análisis y Prospectiva que dependerá directamente del jefe de Policía de provincia. Roncaglia, entonces, respondió por la creación de otra área. Una es para constituir un grupo de abogados que defienda a policías (artículo 4°) acusados de cometer ilegalidades; y otra, muy distinta, especializada en casos de corrupción en la administración pública. El área para los delitos de corrupción mereció el voto negativo del justicialismo y la advertencia; aunque votó a favor, del presidente del bloque de Juntos por el Cambio Fabián Rogel; con el mismo argumento: la Constitución reformada en 2008 previó una Fiscalía Anticorrupción en el seno del Ministerio Publico Fiscal. Si el Poder Ejecutivo quiere fortalecer la investigación en este tipo de delitos, destinar recursos para los mismos y transparentar cualquier pesquisa; el Código Procesal Penal prevé la figura de la policía judicial, que dependería de los tribunales. Si bien el fiscal es quien conduce la pesquisa, los policías con los que trabaja dependen del Ejecutivo, lo que genera una contradicción si los delitos en la administración pública son a los que se pretende perseguir con más rigor según esta reforma. En limpio. La orgánica de la Policía, que viene desde 1975 y seguramente requiere de reformas, se encuentra en un proceso de debate legislativo con estos dos puntos que se pueden formular en tono de pregunta: si el Estado debe hacerse cargo de los honorarios de un policía denunciado; y si los investigadores que dependen del Ejecutivo son los más propicios, aunque especializados, en investigar los delitos que se comenten en la propia casa. Fuente: Página Política
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