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Gualeguaychu » RNLRA-42
Fecha: 13/11/2024 15:42
La sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la sentencia de seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra la dos veces presidenta y exvicepresidenta Cristina Fernández Kirchner y otros funcionarios por "administración fraudulenta" en la causa conocida como "Vialidad". Informe: Lourdes Marchese. La sentencia de primera instancia fue confirmada por los jueces Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos, y no quedará firme hasta tanto no se pronuncie la Corte Suprema de Justicia. Durante la lectura de la sentencia en los tribunales federales de Comodoro Py no estuvieron presentes ninguno de los condenados salvo el exsubsecretario de Obras Públicas Abel Fatala. En el punto once del fallo los jueces dispusieron el decomiso de los efectos económicos del delito, que calcularon en la suma de casi 85 mil millones de pesos, los cuales "deberán ser depositados en el plazo de diez días hábiles" a partir de que la sentencia quede firme. Además, los magistrados dispusieron que ese monto sea "ajustado" según los cálculos de organismos técnicos competentes. La sala 4 rechazó por los votos de Borinsky y Barroetaveña la pretensión de los fiscales de aplicar al caso la figura de "asociación ilícita", mientras que Hornos votó a favor de incorporarla. La causa Vialidad investigó la contratación de obra pública en la provincia de Santa Cruz entre el 2003 y el 2015 y determinó que hubo un esquema de fraude que involucró 51 licitaciones irregulares para la construcción de rutas. Tanto en primera instancia como ahora en casación, la justicia consideró probado que las obras viales fueron adjudicadas de manera sistemática a un conglomerado de empresas vinculadas al empresario Lázaro Báez. La asignación de contratos a este grupo, cuyo crecimiento económico se disparó en paralelo a la concesión de obra pública, perjudicó a la administración pública nacional, según evaluó la justicia. La mayoría de los procesos de licitación fueron gestionados por la Administración General de Vialidad Provincial de Santa Cruz (AGVP), bajo facultades delegadas de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV). En ciertos casos, la DNV también intervino directamente en la adjudicación de los contratos y es por ello que la acusación involucró a funcionarios de ambas direcciones: Nelson Guillermo Periotti, Raúl Osvaldo Daruich, Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez. Para la justicia estos funcionarios, junto al exsecretario de Obras Públicas José López, habrían validado irregularidades tanto en las licitaciones como en la ejecución de las obras viales.
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