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Parana » APF
Fecha: 12/11/2024 12:30
El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, escuchó a la defensa de Norberto Rosales, imputado por el crimen de Roberto Cura ocurrido en Bovril el 27 de abril, apelar la prisión preventiva en la cárcel y solicitar la morigeración en la modalidad domiciliaria con control de tobillera con GPS en Paraná. Rosales es el único sospechoso privado de la libertad desde el inicio de la investigación. Los otros cuatro están en libertad. martes 12 de noviembre de 2024 | 11:53hs. El juez del Tribunal de Juicio y Apelaciones de Paraná, Santiago Brugo, dará a conocer en el plazo de Ley su resolución respecto del pedido que realizó este martes la defensa de Norberto Rosales, de 67 años, con antecedentes penales computables, criticar la resolución del juez de Garantías de La Paz, Walter Carballo, que le impuso la prisión preventiva en la cárcel por 45 días, mientras se sustancia la Investigación Penal Preparatoria (IPP) por el crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Cura, ocurrido en la madrugada del 27 de abril en la localidad de Bovril. Fiscalía y querella consideraron que la resolución de Carballo fue atinada dada la gravedad del hecho que se investiga y es pertinente para custodiar el proceso, habida cuenta que resta producir evidencia, sobre todo entrevistas a posibles testigos de quienes se trata de que puedan declarar en el juicio con la tranquilidad necesaria para poder arribar a la verdad del hecho. El juez pasó a analizar los fundamentos de las partes en función de “la complejidad de los planteos y contradicciones a resolver” y dará a conocer su resolución por escrito en el plazo de Ley, la que les será notificada a la partes por mail. La defensora y la fiscal participaron de la audiencia vía remota. En la sala estuvo solo la querella. La defensa de Rosales, a cargo de la defensora pública oficial, Nadia Musante, criticó la resolución de Carballo porque sostuvo que la novedad que aportó un examen de ADN que arrojó resultados negativos respecto de su asistido y del resto de los sospechosos, menguó notablemente los alegados riesgos procesales. Destacó que se trató de una evidencia científica y objetiva que desvinculaba a su defendido. La defensora entendió que a seis meses del hecho los riesgos procesales que permitieron hacer lugar al primer pedido de prisión preventiva en la cárcel variaron. Destacó que en aquel período el sospechoso no incurrió en ninguna conducta que ameritara la prórroga de la medida de coerción más gravosa. Sostuvo que su defendido viajó a Santa FE y luego a Buenos Aires, a horas del crimen, pero regresó a Paraná, añadiendo que si hubiese querido ocultarse de la Justicia, habría aprovechado aquella oportunidad. También cuestionó que Carballo sostuvo en su resolución que Rosales podría, en una eventual morigeración del encierro preventivo, utilizar celulares de terceras personas para intentar entorpecer la investigación. En este sentido, opinó que si se tomara aquella proposición taxativamente, todos los sospechosos de un delito tendrían que estar privados de la libertad y criticó la resolución por “injustificada y desproporcionada”. La querella, a cargo de Marcos Rodríguez Allende, y la fiscal, Paula Gareis, que subrogó al fiscal que lleva adelante la causa, Facundo Barbosa, defendieron la resolución de Carballo señalando que está fundada y dio respuesta a los riegos procesales planteados. Así, solicitaron que se la confirme. La prisión preventiva vence el 16 de diciembre, plazo que entienden razonable para terminar las medidas probatorias que restan y remitir la causa a juicio por jurados. Las acusaciones sostuvieron que los riegos procesales de peligro de fuga y entorpecimiento de la investigación están vigentes habida cuenta la conducta posterior al hecho de Rosales, que se fue de Bovril, presuntamente ayudado por dos miembros de una familia de apellido Huisi, a Paraná, bajó en la zona del monumento al Mate en calle Laurencena, tomó un taxi para recorrer solo una cuadra hasta la gomería de un hombre de apellido Arenales. La querella sostuvo que la insólita decisión de tomar un taxi para recorrer 100 metros solo se explicaría por la necesidad de evitar las cámaras de seguridad de la zona. También destacaron que Rosales viajó a Santa Fe, luego a Buenos Aires y regresó a Paraná “cuando estuvo seguro” y terminó ocultándose en un rancho en la Toma Vieja, donde fue detenido. Rodríguez Allende resaltó que se entrevistó con posibles testigos que tenían miedo de aportar lo que sabrían, añadió que antes de los 10 días desde la audiencia se entrevistará con una testigo que sostiene que vio a Rosales salir de la casa de Cura minutos después del hecho y solicitó con la fiscal la realización de una rueda de reconocimiento. El querellante destacó que lo que se pretende es llegar a un juicio por jurados para determinar, con evidencia producida en una investigación sin obstáculos extrajudiciales, las responsabilidades endilgadas. Junto a Rosales están imputados Luis Alberto Díaz y Claudio Andrés Martínez, que estuvieron con prisión domiciliaria y ahora están en libertad; y un hombre y su hijo, de apellido Huici, a quienes se les atribuye el presunto delito de Encubrimiento, que también están excarcelados. Rosales está acusado como el principal sospechoso del crimen del ex juez de Paz de Bovril, Roberto Cura, que tenía 82 años el 23 de abril cuando fue sorprendido en el quincho de su casa por al menos dos desconocidos que lo mataron a golpes de puño y patadas y lo dejaron atado de pies y manos. (APFDigital)
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