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  • «Estafa vial»: Rechazan la nueva Red Federal de Concesiones

    Concepcion del Uruguay » La Calle

    Fecha: 12/11/2024 04:00

    El Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) se oponen al llamado a licitación del gobierno nacional, que a través de la nueva Red Federal de Concesiones, para adjudicar 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales, entre los que figura el puente Rosario-Victoria. La nueva concepción se hará bajo el sistema peaje directo con cabinas de cobro en ruta, solamente para su operación y simple mantenimiento. La modalidad es cuestionada por la Conaduv y la AP porque sostienen que el sistema implementado en los años 90 ha resultar ser un “fracaso y estafa vial” que ahora se pretende sostener para beneficio de las empresas controladoras. “La actual administración insiste con un método de financiamiento vial inadecuado, que está direccionado a beneficiar sólo a los concesionarios con muy buenas ganancias, con casi inversión cero y riesgo cero, constituyendo una afrenta a los usuarios viales y al interés de la sociedad en su conjunto por los graves perjuicios sociales y económicos que se generarán”, expresaron. Además, ambas organizaciones rechazaron la medida del Gobierno al señalar que “se está contemplando un ajuste mensual en las tarifas actuales hasta que estén los nuevos concesionarios para luego aumentar las mismas hasta más de un 200%, con ajustes trimestrales”. También, indican que en las condiciones de concesión las empresas solo estarán obligadas a mantener la infraestructura actual, señalización, corte de pasto y trabajos de mantenimiento básico. “No se contempla realizar nuevas obras de ampliación de la red vial, como para transformar rutas en autovías o autopistas, multitrochas, carriles de sobrepaso”. Por último, pidieron que el Gobierno convoque en forma “urgente” a una Audiencia Pública con la participación de los usuarios viales directos e indirectos, funcionarios públicos, gobernadores, intendentes, legisladores nacionales y provinciales, entre otros. “Si la política vial definida por Presidente es política de Estado los caminos son bienes de dominio público, pagados en su totalidad con los recursos que aportan los usuarios viales, antes de adoptar una decisión apresurada y arbitraria debería escucharse a quienes pagan los caminos y tienen propuestas mucho más adecuadas a la realidad social que vive el país”.

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