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» La Capital
Fecha: 12/11/2024 01:17
Está preso desde enero, acusado de abusos sexuales reiterados a mujeres en su consultorio. En un juicio en curso reconoció los hechos. Se discute la pena Un masajista y reikista de Villa Constitución afronta un pedido de más de 25 años de prisión en un juicio oral en el que fue acusado de someter a abusos sexuales reiterados contra cinco jóvenes, dos de ellas adolescentes, que acudieron a su consultorio en situaciones de desamparo emocional . En las audiencias se iniciaron hace dos semanas en los tribunales de esa localidad las víctimas expusieron sobre los daños que sufrieron en su salud, sus relaciones sociales y sus proyectos personales tras haber padecido los abusos. El acusado reconoció haber cometido los hechos , de manera que el debate en curso se circunscribe a la cuestión de la pena. El viernes pasado se realizaron los alegatos de cierre del juicio en el que interviene en carácter de querellante el Centro de Asistencia Judicial (CAJ) . Las abogadas que representan a las víctimas pidieron una condena de 28 años de prisión, en tanto que la Fiscalía fijó su pretensión en 25 años y la defensa solicitó una pena mínima. Luego de un receso, el tribunal convocará a una nueva audiencia entre el 20 y el 25 de noviembre para dar a conocer el veredicto . El acusado es Valentín Cayetano Benítez, de 57 años, quien fue detenido en febrero pasado a partir de una serie de denuncias por abusos sexuales . La presentación que realizó una mujer en Villa Constitución impulsó a otras víctimas a revelar que habían pasado por la misma situación. De ellas, cinco decidieron seguir adelante con acciones penales contra el reconocido masajista, quien llegó a juicio acusado de abusos sexuales reiterados por la fiscal Analía Saravalli . Vulnerables En el debate oral y público que se inició hace dos semanas ante los jueces Eugenio Romanini, Darío Pangrazi y Griselda Strólogo la fiscal solicitó una pena de 25 años de prisión para Benítez por tres hechos de abuso sexual con acceso carnal y otros episodios de abuso sexual simple que se registraron en “un número indeterminado de veces”. Planteó que cometió los abusos “aprovechándose de su trabajo y de la vulnerabilidad de las mujeres que acudían a su consultorio”. Según la acusación, “abusaba de ellas sin distinción, haciéndolo progresivamente, ganándose la confianza de las víctimas y confundiéndolas”. Luego de cierto tiempo de tratamiento les decía a las jóvenes que les “liberaría el chakra sexual, que se encontraba bloqueado”, induciéndolas a creer que aceptaban los sometimientos. Bajo el mismo encuadre, las abogadas querellantes del CAJ Juliana Tagliatti y Celina Ponti Marcuzzi solicitaron que la pena sea de 28 años de prisión. Remarcaron el “contexto de violencia de género y vulnerabilidad” en que se dieron los hechos y el daño psicológico causado a las víctimas. Como el acusado admitió haber cometido los hechos, el juicio versó sobre la cuestión de la pena a imponer. “Valoro que se pueda llevar adelante un juicio con estas características, discutir la pena es interesante y trabajamos para acreditar los daños causados a las víctimas, que no pretenden una reparación económica", dijo Tagliatti a La Capital. Añadió que para las denunciantes "es reparador que esto no les siga ocurriendo a otras mujeres y contar lo que les pasó en representación de otras que no pudieron”, ya que otras víctimas habían denunciado hechos considerados prescriptos y algunas víctimas decidieron no afrontar el juicio. >>Leer más: Villa Constitución: quedó preso un acusado por grooming y abuso sexual Relatos La abogada contó que las víctimas se acercaron al CAJ en el mes de enero, con mucha angustia, a solicitar asistencia durante el trámite de la causa. A partir de ese momento se conformó un equipo interdisciplinario al que se sumaron las psicólogas María Picheti y Eugenia De Loredo y la trabajadora social Cecilia Andreuchi. “Transitar el juicio oral y público y contar los efectos de estos hechos es muy difícil. Por eso fue muy importante el acompañamiento de estos equipos”, indicó Tagliatti. Para la querella, la instancia del debate permitió no sólo exponer la gravedad de los hechos sino “visibilizar estas situaciones en las que se delega poder a otra persona en espacios de intimidad. Es necesario remarcar que ninguna terapia habilita o admite los abusos sexuales”. Las víctimas denunciaron haber atravesado situaciones similares. Llegaron al consultorio entre 2021 y 2023 en situaciones anímicas dolorosas y en busca de terapias alternativas. Indicaron que el terapeuta se aprovechó de su inocencia o de la confianza que depositaron en él y abusó de ellas de manera progresiva. Según relataron, el masajista justificaba los abusos diciendo que de esa manera evitaría que las pacientes contrajeran cáncer, les curaría algún dolor o les desbloquearía la energía. En algunos casos los abusos se volvieron constantes y las víctimas comenzaron a padecer ataques de pánico, estrés postraumático y otras enfermedades. “Recuperarme de esto me va a llevar toda la vida. Me siento una sobreviviente”, indicó una de las víctimas en el juicio, donde también expusieron profesionales que las asisten. “En épocas donde las personas desprotegidas van en busca de una sanación es importante visibilizar que ninguna terapia alternativa o religiosa puede avanzar sobre el cuerpo de las personas ni tener contenido sexual”, planteó sobre ese punto Ricardo Lamas, Subdirector de Acceso a la Justicia, quien siguió de cerca del caso. Violencia de género El viernes pasado, en sus alegatos, las abogadas querellantes plantearon que los hechos se ejercieron en el marco de “una relación de confianza, de dependencia emocional, manipulación y sometimiento”. Expusieron además sobre la violencia de género ejercida sobre las víctimas, que asistían al consultorio "de manera semanal y algunas de ellas durante años”. Según Tagliatti, las víctimas sufrieron “mucha dificultad para poner en palabras lo ocurrido y vieron afectadas su integridad física, psíquica, sexual así como sus relaciones vinculares y comunitarias”. Por eso, consideró “importante que el Estado, en este caso el CAJ, esté presente para escuchar e impulsar que estas causas lleguen a la Justicia”.
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