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Crespo » Paralelo 32
Fecha: 12/11/2024 00:05
El Comité Nacional de Defensa de Usuario Vial (Conaduv) y la Asociación de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional (AP) expresaron su firme rechazo a la nueva Red Federal de Concesiones presentada por el gobierno nacional. A través de un comunicado conjunto, ambas organizaciones calificaron la implementación del sistema de peaje directo con cabinas de cobro como un "fracaso y una estafa vial", aludiendo al modelo implementado en los años 90 y reiterando su oposición a la extensión del mismo en la nueva licitación que incluye, entre otros tramos, la Conexión del Puente Rosario – Victoria. El gobierno tiene previsto licitar aproximadamente 9.000 kilómetros de corredores viales nacionales bajo este sistema, en dos etapas. La primera de ellas contempla el Tramo Oriental (RN 12 y RN 14) y la Conexión del Puente Rosario – Victoria y RN 174, con un llamado a licitación que se realizará en diciembre de 2024 y una adjudicación estimada para abril de 2025. La segunda etapa involucra los tramos I a X, que actualmente son operados por la empresa Corredores Viales S.A., y se licitarán en febrero de 2025 con una adjudicación prevista para julio de 2025. Sin embargo, para Conaduv y AP, el sistema de concesión por peaje directo está lejos de ser una solución adecuada para las necesidades viales del país. Según expresaron, este modelo de financiamiento vial favorece a los concesionarios, quienes obtienen grandes ganancias sin realizar prácticamente ninguna inversión en infraestructura, lo que representa un "riesgo cero" y "casi inversión cero" para ellos, mientras que los usuarios y la sociedad en general cargan con los perjuicios sociales y económicos. Además, ambas entidades destacaron que el gobierno está considerando un ajuste mensual en las tarifas de peaje actuales, con un incremento de hasta un 200% cuando entren en funcionamiento los nuevos concesionarios, lo que agrava aún más la situación de los usuarios. También señalaron que las nuevas concesiones solo exigirían a las empresas mantener la infraestructura existente, como la señalización, el corte de pasto y los trabajos básicos de mantenimiento, sin contemplar la realización de nuevas obras de ampliación de la red vial, como la conversión de rutas en autovías o autopistas. En este contexto, Conaduv y AP hicieron un llamado urgente al gobierno para que convoque a una Audiencia Pública con la participación de todos los actores involucrados: usuarios viales, funcionarios públicos, gobernadores, intendentes y legisladores nacionales y provinciales. Las organizaciones enfatizaron que, si la política vial definida por el presidente es realmente una política de Estado, los caminos deben ser considerados bienes de dominio público, financiados íntegramente por los usuarios. Por lo tanto, antes de tomar una decisión "apresurada y arbitraria", pidieron que se escuchen las propuestas de quienes pagan los peajes y quienes sufren las consecuencias del sistema actual. "Es imperativo que se escuche a los ciudadanos antes de seguir adelante con un modelo que, en su forma actual, no beneficia a nadie más que a los concesionarios", concluyeron.
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