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» Diario Cordoba
Fecha: 11/11/2024 17:30
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que instruye el caso Koldo en la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que cite a declarar como investigados a Luis Alberto Escolano Marín, César Moreno García, Javier Serrano Costumero, María Piedad Losada Romo e Ignacio Díaz Tapia, quienes participaron en las gestiones que realizó la trama Koldo para obtener contratos de los Gobiernos socialistas de Canarias y Baleares, según especifica un escrito de 7 de noviembre, al que ha tenido acceso este periódico. En concreto, Díaz Tapia fue uno de los integrantes de la presunta organización criminal que se reunieron, en representación de la multinacional Eurofins Megalab, con el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, tal y como ha reconocido el expresidente canario después de haber negado en un primer momento que le conociera. Y para justificar su citación como investigados, la Fiscalía Anticorrupción destaca que un informe de la Guardia Civil apunta su presunta participación en negocios de distinta índole que el comisionista de la trama, Víctor de Aldama, puso en marcha durante el período de tiempo investigado que requirieron de la gestión de trámites con distintas administraciones. "Más concretamente, con los Servicios Balear y Canario de Salud en la adjudicación de un contrato de suministro a la empresa Eurofins Megalab", dice de forma textual el escrito del Ministerio Público. Koldo intermedió Fue precisamente Koldo García Izaguirre, el asesor del exministro de Transportes José Luis Ábalos, quien pidió a Torres que recibiera a los representantes de esta compañía, pues esta había desarrollado un protocolo con PCR para los viajes en avión libres de covid. El entonces presidente canario atendió a Koldo García Izaguirre y se reunió con representantes de Eurofins Megalab en el despacho que el Parlamento de Canarias dispone para el jefe del Ejecutivo durante un receso del pleno del 19 de agosto de 2020. Fue el propio Torres quien facilitó el contacto del consejero de Sanidad canario, Blas Trujillo. Archivo - El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, a su salida de la Audiencia Nacional, a 22 de febrero de 2024, en Madrid (España). El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García, se ha acogido a su derecho a no declarar ant / Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo La multinacional de análisis clínico Eurofins Megalab recibió entre 2021 y 2022 un total de 3,1 millones de euros con cargo a la Dirección del Servicio Canario de Salud (SCS). En el caso de Baleares, están bajo sospecha hasta tres contratos adjudicados a Eurofins Megalab, cuya cuantía superó el millón de euros. Ocultar bienes de Aldama Además de Ignacio Díaz Tapia, también participaron en los contratos del Gobierno de Canarias, pero también en los de Baleares Luis Alberto Escolano Marín, César Moreno García y Javier Serrano Costumero. Todos estos empresarios, prosigue Anticorrupción en su escrito, colaboraron con Aldama "para ocultar sus bienes a través de la titularidad de empresas en territorio nacional y en el extranjero, principalmente Portugal". Asimismo, los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil también descubrieron en los teléfonos de tres socios de Aldama una cadena de mensajes de 28 de diciembre de 2020, incluidos en un chat de WhatsApp que denominaron "Fertinvest", en la que el empresario Ignacio Díaz Tapia asegura que Koldo García Izaguirre se había puesto en contacto con él en relación a los test PCR "Me acaba de llamar K. para la Policía. Y me ha dicho que si estamos preparados para hacer una Comunidad Autónoma completa. Esto va a ser la polla", exclama este empresario, que se identifica como vinculado a la multinacional de análisis clínicos Eurofins Megalab. Contrato en el BOE El 27 de noviembre de 2020 la División Económica y Técnica del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) había adjudicado con un procedimiento negociado sin publicidad un contrato de “emergencia”. En concreto por un total de 600.000 euros que fueron destinados a la “realización de un mínimo de 8.000 pruebas para la determinación analítica de la Covid-19 mediante test PCR a los miembros de la Policía Nacional”. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la adjudicación el 3 de diciembre de ese mismo 2020. Ignacio Díaz Tapia, Luis Alberto Escolano Marín, Cesar Moreno García, Javier Serrano Costumero y María Piedad Losada Romo ya fueron detenidos por la Guardia Civil por su posible participación en un delito de blanqueo de capitales, vinculado con Víctor de Aldama. Sin embargo, Anticorrupción apunta la posibilidad de que "a la vista de los nuevos datos aparecidos en los informes de la Guardia Civil", a todos ellos se les podría atribuir "un delito de integración en organización criminal" e, incluso, otro de "cohecho".
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