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» LaVozdeMisiones
Fecha: 07/11/2024 15:01
Tras la denuncia por loteos en áreas lindantes al “Conjunto Jesuítico de San Javier”, el diputado del Partido Agrario y Social (Pays), Cristian Castro, aseguró que desde la Legislatura provincial impulsará la “expropiación y puesta en valor del lugar”, al considerar que en dicha zona podrían encontrarse vestigios del patrimonio histórico y cultural de la región. “Espero me acompañen mis pares. Al menos esa hectárea donde estaba la reducción central”, puntualizó el legislador al ser consultado por La Voz de Misiones. El tema tomó relevancia el fin de semana, cuando el diputado observó máquinas excavadoras trabajando sobre esos terrenos y el cartel de una inmobiliaria anunciando el loteo de la propiedad. Ante esta situación, Castro decidió realizar una presentación policial en la comisaría local e inmediatamente se comunicó con el ministro de Cultura Joselo Schuap, a quien instó a que interceda para lograr el cese de la actividad en el barrio Las Misiones. Antecedentes El terreno en cuestión fue fiscal en un principio, hasta que luego fue adquirido por Julio Gómez, ex gerente del ingenio azucarero local y ex funcionario del Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial (Ifai), hoy conocido como Instituto de Macroeconomía Circular (Imac). Inicialmente, Gómez intentó donar el área que contenía las ruinas, pero el entonces intendente Enio Lemes rechazó la oferta, teniendo la intención de que todo el terreno fuese cedido. Con el fallecimiento de Gómez, las tierras quedaron en sucesión y tanto la provincia como el municipio han intentado gestionar la expropiación, sin éxito. Por su parte, el Concejo Deliberante local emitió una declaración para solicitar una medida de “no innovar” que tampoco prosperó. Consultado por este medio, el jefe comunal Matías Vilchez recordó: “Ante la demanda de la familia Gómez, en el 2021 se deja constancia que todo lo presentado por Municipalidad y Cultura es inconcluso. La tierra no está escriturada por Cultura como patrimonio”. En ese entonces, la familia Gómez procedió a una demanda contra el municipio por la suma de 1.786.000 dólares, por lo que desde la Municipalidad pasaron el caso al departamento jurídico, desde donde, entre las partes, arreglan la donación de 3.000 metros cuadrados al municipio, donde se encontraban algunos vestigios históricos -como piedras- a simple vista. “Se presentó una denuncia porque supuestamente ese espacio donde se está movilizando la tierra es espacio jesuítico, el problema es que esto lleva mucho tiempo y nadie tomó cartas en el asunto hasta ahora”, recalcó el alcalde mientras que también recordó: “El padre de Cristian vive a cero milímetro de este lugar, allí tiene su casa”. Y enfatizó: “Según la ley, el Concejo Deliberante no tiene la facultad para emitir una ordenanza de no innovar, al no tener esto, básicamente no está registrada esta ordenanza por la carencia de legitimidad. La cuestión es que se avanzó en la resolución judicial de ambas partes, tanto del demandante que es la familia Gómez, como la municipalidad”. En cuanto al territorio que debería ser considerado como patrimonio histórico, añadió: “En esta situación lo único que se tomó en cuenta es un estudio que habían hecho por una arqueóloga a través de Cultura, quien determinó que ciertas zonas comprendidas en unos tres mil metros cuadrados son las que tienen piedras y restos de las ruinas jesuíticas. Esto se pidió a la familia que lo done -desde la Municipalidad- y todo el loteo continuó siendo privado”. Para finalizar, el intendente sentenció: “Nosotros ahora vamos a presentar una nota a Cultura y vamos a emitir el dictamen de no innovar a la familia y esta hará lo mismo que la otra vez, llamar a los medios pidiendo una pronta resolución con una demanda al municipio y pasará exactamente lo mismo porque nadie viene a poner un peso para eso”. Legislación A través de un comunicado oficial, la Secretaría de Cultura de Misiones destacó que el terreno está amparado por la Ley VI N° 7, que protege las ruinas jesuíticas de la provincia, y por la Ordenanza N° 10/05 de San Javier, que establece una “zona de no innovar” en los predios donde se encuentran los vestigios históricos. A su vez, deberían ser protegidas por la Ley 25.743 de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico, vigente desde el año 2003. Esta legislación define que: “El patrimonio arqueológico está conformado por los yacimientos, objetos y todos los vestigios de cualquier naturaleza que puedan proporcionar información sobre las sociedades que habitaron el país desde épocas precolombinas, incluyendo a los eventos de épocas históricas recientes y que se encuentren en la superficie, en el subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales”. “Estos bienes son de dominio público y por lo tanto no pueden ser apropiados por ningún individuo particular”, agrega la normativa.
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