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Fecha: 06/11/2024 12:32
El fiscal Maximiliano Hairabedian pidió que el Consejo de la Magistratura investigue al magistrado Marcelo Bailaque por una pesquisa que salpica a empresas de granos y a una jueza y que quedó en la nada. El juez federal N° 4 de Rosario, Marcelo Bailaque, ya investigado por el Consejo de la Magistratura por presuntamente haber favorecido al capo narco Esteban Alvarado, deberá enfrentar otra causa promovida por el fiscal federal de Córdoba Maximiliano Hairabedian, quien lo acusa de haber “cajoneado” durante una década una investigación contra una jueza y una empresa de granos. La causa más conocida contra Bailaque es la que lo vincula con el narco Alvarado, uno de los criminales más temidos de nuestra ciudad y jefe de uno de los clanes más peligrosos del país. Bailaque está denunciado por integrar una “presunta red criminal y de corrupción” en la que estarían involucrados el narcotraficante y otras personas. Alvarado fue detenido el 2 de febrero de 2019 en un camping en Embalse de Río Tercero, tras evadir a la Justicia durante muchos años. Durante su captura, intentó deshacerse de su teléfono celular, que podría contener información relevante en su contra. Según la denuncia, de manera llamativa el juez Bailaque se negó a autorizar una serie de intervenciones telefónicas y habría obstaculizado la investigación. En ese entonces, los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery requirieron que las actuaciones del caso fueran remitidas al Consejo de la Magistratura para evaluar e investigar la inacción del Juez Bailaque. Ahora, el fiscal federal Hairabedian le solicitó al juez Federal 3 de Córdoba, Hugo Vaca Narvaja, que remita los antecedentes al Consejo de la Magistratura para que se abra una investigación contra Bailaque por presuntamente haber dejado de manera sospechosa prescribir una causa judicial. Hairabedian sospecha que Bailaque dejó “dormir” y paralizó durante 10 años una investigación sin tomar ninguna medida y permitir su prescripción. Se trata de una causa en la cual se investigan delitos vinculados al lavado de activos y la evasión tributaria de una empresa de granos. Para tener un contexto sobre el pedido de investigar al juez, hay que remontarse a más de 10 años atrás. La causa fue iniciada en 2012 y está relacionada con supuestas maniobras de las firmas Nuevo Antepuerto SA, Cereales Viel SA y Granos del centro SA. Todo se origina por una investigación realizada por la Unidad Fiscal de Investigación de Delitos Tributarios y Contrabando (Ufitco) que depende de la Procuración General de la Nación. En la misma se refiere que la firma Nuevo Antepuerto SA sería utilizada para introducir en el mercado formal soja proveniente de operaciones marginales con productores agropecuarios de distintas provincias con el objetivo de evadir el pago de impuestos, según la sospecha. La investigación aseguraba que entre 2006 y abril de 2011 se había conformado una presunta asociación ilícita tributaria destinada supuestamente a evadir el pago de los impuestos mediante la comercialización ilegal de granos (ingresar al mercado formal soja proveniente de operaciones marginales) y además la adulteración de balances financieros, según la sospecha. Entre los implicados e investigados en la causa, que por la demora judicial prescribió, se encontraban varios empresarios, contadores y un entramado de personas vinculados al comercio ilegal de cereales: Rubén Osvaldo Farías, María Fabiana Viel, Mario Enrique Viel, Luciano Benjamín Rivadeneira, Rubén Marcos Waldo Echevarría y Gustavo Daniel Mirto. Además, se menciona la posible complicidad de funcionarios y magistrados judiciales de Rosario, como la jueza Sylvia Aramberri a cargo del Juzgado Federal N° 2 de Rosario. Entre las pruebas se encontró la impresión de remitos donde figura la dirección “Ruta Nacional N° 9 km 761 en la localidad de Sinsacate, en la provincia de Córdoba. Desde entonces comenzó una disputa por la competencia jurisdiccional de la causa entre las justicias federales de Córdoba y de Rosario. Finalmente, en mayo de 2013, el Juzgado Federal N° 3 de Córdoba declaró su incompetencia y remitió la causa a Rosario, donde recayó en el juzgado N° 4 a cargo de Marcelo Bailaque. Sin embargo, el controvertido juez no tomó decisiones ni ordenó medidas sustantivas e importantes durante casi una década. Sin registrar avances significativos en la investigación, resolvió directamente en 2022 mandar la causa a Córdoba. Si bien el fiscal Hairabedian ordenó una serie de medidas y pedido de informes, por el tiempo transcurrido y teniendo en cuenta el máximo que la escala penal prevista para el delito de asociación ilícita tributaria es de 10 años, el proceso quedó bajo la prescripción. Hairabedian describe en su resolución que hay elementos suficientes para sospechar de una dudosa conducta de Bailaque y por eso solicitó formalmente que se remitan los antecedentes de la paralización del proceso al Consejo de la Magistratura de la Nación, a la Cámara Federal de apelaciones de Rosario y a la Unidad Fiscal de Rosario. “No puedo dejar pasar por alto que la prescripción ha sido consecuencia de la paralización ya adelantada de la investigación durante casi 10 años, sin actividad procesal alguna, por el Juzgado Federal 4 de Rosario. No se me escapa que la prescripción es una realidad del sistema judicial por la sobrecarga procesal, sin embargo, las características de este caso tornan sospechosa la paralización: se trataba de una denuncia que sindicaba a una jueza de la jurisdicción donde se verificó la demora, la inactividad fue por casi una década, no hubo ningún acto procesal y fue devuelta a Córdoba cuando ya había prescripto. Ello amerita que se investigue y determine la responsabilidad del o los titulares del Juzgado Federal 4 de Rosario por la paralización, y/o de funcionarios de dicho órgano judicial”, consideró, en su fundamentación, Hairabedian. Por ahora, no se conoce ninguna expresión por parte del juez Bailaque. Fuente: La Voz
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