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Victoria » Diario Victoria
Fecha: 06/11/2024 07:34
El gobierno de Entre Ríos está preparando una nueva demanda contra la Nación, enfocada en las diferencias en las liquidaciones de los fondos de Salto Grande, una represa binacional clave para la provincia. Esta acción, promovida por el Fiscal de Estado Julio Rodríguez Signes, se suma a otras demandas vigentes en la Corte Suprema, como las relacionadas con fondos previsionales y los intereses no pagados de los excedentes de Salto Grande. Diferencias en las liquidaciones de Salto Grande La provincia asegura que las sucesivas resoluciones de la Secretaría de Energía han impactado negativamente en los precios reconocidos por la energía de la represa de Salto Grande, disminuyendo así los ingresos que corresponden a Entre Ríos por sus excedentes. El gobernador Rogelio Frigerio ha instruido al equipo legal a investigar el sistema de fijación de precios y las diferencias de tratamiento entre Yacyretá y Salto Grande. “El comportamiento de los excedentes de Salto Grande fue en ascenso hasta 2012, pero a partir de 2013 cayó drásticamente, llegando a niveles casi nulos en 2021-22”, detalló Rodríguez Signes. Esta irregularidad en los ingresos es uno de los ejes del reclamo. Reclamos pendientes en la Corte Suprema Además de los fondos de Salto Grande, Entre Ríos tiene otros reclamos ante la Corte Suprema de Justicia que suman aproximadamente 150 mil millones de pesos en compromisos previsionales y unos 2.500 millones en intereses acumulados. Estos montos corresponden a pactos fiscales entre la Nación y las provincias, donde Entre Ríos sostiene que no ha recibido los fondos necesarios para cubrir parte del déficit de su Caja de Jubilaciones. Nuevas oportunidades con el Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas La semana pasada, la administración de Javier Milei propuso un Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas entre la Nación y las provincias, una medida que permitiría a Entre Ríos resolver sus reclamos a través de la vía administrativa y evitar así los prolongados tiempos judiciales. Rodríguez Signes expresó una valoración positiva de la propuesta: “Creo que le sirve a todas las provincias, especialmente en un contexto tan conflictivo y complejo como el de las relaciones fiscales entre la Nación y las provincias”. Sin embargo, el fiscal aclaró que Entre Ríos no tiene deudas pendientes en mora con el gobierno nacional, por lo que el régimen serviría principalmente para evaluar la posibilidad de adelantar pagos, decisión que recaería en el Ministerio de Economía provincial. Fondos pendientes para obras públicas y la situación de AFIP Otro de los temas pendientes es el financiamiento de obras públicas en la provincia. Según Rodríguez Signes, la Nación comprometió alrededor de 10 mil millones de pesos en contratos de obra pública firmados en administraciones anteriores, pero los pagos fueron interrumpidos, dejando a Entre Ríos como única responsable de las obras. Actualmente, el gobierno provincial está realizando un relevamiento detallado, obra por obra, para fundamentar el reclamo ante Nación. Además, la provincia evalúa reclamar por la detracción de un 1.9% de la coparticipación destinada al funcionamiento de la AFIP. Con la reciente disolución de este organismo, muchas provincias consideran que esta detracción ya no es válida. Aunque el tema parecía resuelto en 2017, las nuevas circunstancias han reavivado la discusión. Un canal de negociación alternativo y beneficioso El Régimen de Cancelación de Obligaciones Recíprocas ofrece una vía más expedita y menos conflictiva para los reclamos de Entre Ríos. Como explicó Rodríguez Signes, el régimen no obliga a desistir de demandas ni renunciar a derechos, sino que ofrece un canal administrativo para procesar los reclamos en un plazo más breve. En los casos de deudas claras y fundadas, el tiempo de resolución sería de un año, comparado con los extensos tiempos judiciales. Sin embargo, el fiscal advirtió que los reclamos que impliquen interpretaciones de normas o planteos de inconstitucionalidad deberán seguir por la vía judicial. Con estas acciones, Entre Ríos busca recuperar los fondos que le corresponden, optimizar su situación fiscal y establecer precedentes que fortalezcan la posición de las provincias frente a la Nación en temas de coparticipación y financiamiento.
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