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Concepcion del Uruguay » La Calle
Fecha: 05/11/2024 07:31
El Gobierno y los sindicatos docentes se reunirán el jueves en la Secretaría de Trabajo para definir el tema salarial. El mismo día, en el CGE abordarán el seguimiento del ausentismo. La Resolución N°2.271 del Consejo General de Educación (CGE) “tiene por objeto realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente de los establecimientos educativos de la provincia de Entre Ríos, tanto en instituciones públicas como privadas, a los efectos de contar con una base de datos actualizada para una gestión efectiva de los recursos humanos existentes y para el diseño de políticas públicas que permitan garantizar la continuidad de las trayectorias pedagógicas en todos los establecimientos educativos”. El Gobierno sostiene que “dentro de los fines de la educación entrerriana previstos en la Ley 9.890 encontramos el deber del Estado Provincial de asegurar el cumplimiento de la obligatoriedad escolar desde los cuatro años de edad en la Educación Inicial hasta la finalización de la Educación Secundaria” y que “dentro de las responsabilidades del organismo, el Consejo General de Educación tiene a su cargo cumplir y hacer cumplir la política educativa, la legislación vigente y su reglamentación en materia de educación, debiendo planificar, administrar y supervisar el sistema educativo provincial”. El abecé del sistema La normativa que ahora pone en vigencia el CGE se propone “realizar un relevamiento mensual de la prestación de servicios del personal dependiente y/o bajo contralor de este Consejo General de Educación que cumple funciones en establecimientos educativos de la Provincia de Entre Ríos, sea en instituciones públicas o de gestión privada”. El relevamiento se llevará a cabo durante un plazo de un año calendario, susceptible de prórroga, a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente norma legal, con el propósito de “obtener datos precisos sobre la prestación efectiva de servicio de los agentes dependientes del organismo, en primera instancia docentes”, con el fin de permitir la “implementación de propuestas orientadas a la mejora de los procesos de aprendizaje y la continuidad de las trayectorias pedagógicas de los alumnos”. La aplicación de esas declaraciones juradas ha sido rechazada por el principal sindicato del sector, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer). De igual modo, el lunes 28 de octubre, luego de una reunión con los sindicatos docentes, el ministro de Gobierno y Trabajo, Manuel Troncoso, aseguró que “no hay vuelta atrás” con la decisión del Gobierno de implementar las declaraciones juradas en las escuelas.
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