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» Diario Cordoba
Fecha: 04/11/2024 16:20
El Colegio de la Abogacía de Madrid, que presentó querella junto con el empresario Alberto González Amador -pareja de la presidenta Isabel Díaz Ayuso- tras conocerse la difusión de correos electrónicos que intercambiaron su defensa y la Fiscalía para alcanzar un acuerdo que evitarse llegar a juicio por fraude fiscal, ha pedido al Tribunal Supremo poder actuar de forma independiente al resto de acusaciones populares personadas contra el fiscal general del Estado por revelación de secretos. En el caso de que el magistrado instructor insista en que todas ellas actúen agrupadas, exige liderar la dirección letrada, ya que fueron los primeros que se personaron en el procedimiento. Así lo señalan los abogados que representan a esta institución en un escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso este diario, en el que reivindican su independencia para actuar como acusación contra Álvaro García Ortiz frente a la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y también dos organizaciones de corte ultraderechista: Manos Limpias y Fundación Foro Libertad y Alternativa. Como acusación particular está el propio González Amador. En fuentes de la asociación de fiscales, que ha sido la última en personarse, se señala a esta redacción que igualmente pedirán al instructor de la causa, el magistrado Ángel Hurtado, que les permita actuar de forma independiente al resto de acusaciones populares, ya que sus intereses no son coincidentes. Por parte de Libertad y Alternativa, solicitan igualmente ser independientes o, en todo caso, ser agrupados únicamente con Manos Limpias. "Elefantiasis procesal" En el caso de la Abogacía madrileña, en su escrito alegan que en este caso no puede hablarse de macrocausa, al entender que al ser sólo cuatro las acusaciones populares personadas -más la particular ejercida por el empresario- su acción por separado no afectan al buen orden del proceso, y tampoco al derecho fundamental a un proceso sin dilaciones indebidas. "No nos encontramos en un supuesto de elefantiasis procesal en la vertiente acusatoria", señala el escrito que firman los letrados Álvaro e Ignacio de Luis Otero. Agregan que la posición del Colegio representa "los intereses generales de la profesión y a los derechos de defensa derivados, que han de cristalizar en un proceso justo". A juicio de esta parte, "lo que está en juego en este proceso no solamente afecta al acusador particular sino a la Abogacía en su conjunto, pues los correos electrónicos filtrados a la prensa y la información difundida por la Fiscalía General del Estado en su nota de prensa y que configuran los presuntos delitos indiciariamente cristalizados, afectan a la esencia misma de la tarea de los profesionales de la Abogacía consistente en defender siempre los derechos e intereses del cliente. A juicio de la Abogacía, los intereses que defiende el Colegio "trascienden a las restantes acusaciones populares", siendo la única que persigue "la defensa de los derechos e intereses de la Abogacía".
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