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Parana » Inventario22
Fecha: 04/11/2024 08:55
“Permaneció en cautiverio hasta el 3 de mayo en la chacra de los hermanos Méndez. Lo sometieron a picana eléctrica e interrogatorios en condiciones deplorables. El 3 de mayo de 1977, logró escaparse a la chacra lindera, con saco y sin camisa, con los zapatos en la mano y el dedo gordo del pie lastimado e infectado, con magulladuras en la espalda y en el cuello.” El texto corresponde al alegato del juicio por el secuestro, tortura y asesinato de Carlos “el Negro” Moreno. Secuestrado el 29 de abril de 1977, logró escapar pero el 3 de mayo fue recapturado y ejecutado de un tiro en el pecho. El juicio fue en 2012, y fue el primero en el que se condenó a civiles por su colaboración con la dictadura militar. Fueron los hermanos Emilio y Julio Méndez, dueños de la conocida Quinta de los Méndez en Tandil, donde funcionó un Centro Clandestino de Detención. En la última sesión de la Cámara de Diputados bonaerense se le dio la media sanción definitiva al proyecto de expropiación del terreno donde está la quinta para su transformación en un Centro de la Memoria y la Promoción de los Derechos Humanos, el primero en la localidad serrana donde funcionaron seis CCD. “Siempre recuerdo a mis abuelos, la nona y el nono, una familia muy humilde de Olavarría, que fueron los primeros que denunciaron el secuestro y el asesinato de mi padre y pusieron la piedra basal del juicio que se desarrolló en 2012”, recuerda Matías ‘Gitano’ Moreno en una conversación con Buenos Aires/12. Cuenta el orgullo de llevar el apellido Moreno, el de su papá, un abogado laboralista que se jugó “el bien más preciado que tiene una persona que es la vida, pero lo hizo por pertenecer a una generación comprometida con el futuro”. El Negro, militante de la Juventud Peronista, se involucró en la búsqueda de las razones que generaban la muerte de trabajadores de Loma Negra, la principal cementera del país, a raíz de enfermedades pulmonares. El Gitano, como se lo conoce a Matías, es el actual subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Destaca que la expropiación fue un proyecto presentado por Axel Kicillof en la apertura de sesiones del 2023. Reconoce que hay una mezcla de sensaciones por su situación personal, pero afirma que “prioriza lo político” y toma esta medida como un acto de gestión. “Porque también abrimos La Cacha que cuando llegamos era un pozo tapado de tierra, pusimos en valor el Pozo de Banfield, el ex destacamento de Arana o la Comisaría Quinta de La Plata”, subraya el funcionario provincial. Destaca la política pública del gobernador en un contexto donde, desde el Gobierno nacional, pregonan una postura “negacionista” y profundos “discursos de odio” junto a, tal como publicó este diario, la voluntad de rematar terrenos donde funcionaron CCD. A su vez, remarca que el proyecto fue impulsado por los bloques de Unión por la Patria, pero que contó con el aporte y apoyo de sectores de la oposición, el diputado nacional tandilense Rogelio Iparraguirre, la Municipalidad de Tandil, organismos de Derechos Humanos y la Universidad Nacional del Centro (Unicen). La amargura de la libertad El discurso alegre de Moreno se desdibuja cuando tiene que hablar de los hermanos Méndez y no sólo por su colaboración en la muerte de su papá. A pesar de recibir la condena en 2012 por haber prestado una de sus propiedades a las Fuerzas Armadas para detener y torturar personas, en todo momento alegaron que desconocían lo sucedido en la quinta. A raíz de este argumento, en 2020 la Corte Suprema de Justicia presidida por Carlos Rosenkrantz puso en práctica el principio In dubio pro reo, por el que, ante la más mínima de duda o falta de pruebas, prima la inocencia del imputado. “Para los casos de colaboración de civiles deja un antecedente muy peligroso porque pone la vara muy alta”, advierte Moreno. De todas maneras, no pierde la esperanza y menciona lo que está sucediendo en el juicio de lesa humanidad sobre el ex CCD La Huerta, también en Tandil. Allí, las víctimas afirmaron haber estado en la Quinta de los Méndez durante 1976, por lo que la propiedad de Julio y Emilio Méndez habría integrado los dispositivos de tortura del Ejército mucho antes del asesinato de Carlos Moreno. “Pagaban los servicios y cortaban el pasto, pero denunciaron que las Fuerzas Armadas les usurparon la propiedad”, indica el funcionario provincial. Emilio ya falleció, absuelto a partir de un fallo de la Corte Suprema ratificado por la Cámara Federal de Casación Penal. Julio sigue en libertad a la espera de la sentencia del juicio de La Huerta, pero librado de culpas respecto al asesinato de Carlos Moreno. Ambos, asegura Moreno hijo, tenían vínculos estrechos con las autoridades militares. Emilio, cuenta, fue interventor de la cooperativa eléctrica de Tandil en aquel entonces y llegó a ocupar cargos jerárquicos en el Banco Comercial de Tandil, mientras que Julio se dedicó al negocio rural. “Se hizo conocido por acompañar a Alfredo De Angeli en los cortes de ruta de Gualeguaychú en 2008”, resalta Moreno, algo que publicó este diario en aquellos días. Hay un hecho que el subsecretario no deja pasar por alto: “Entre 2005 y 2006, cuando Néstor impulsa la reapertura de las causas por delitos de lesa humanidad, los Méndez pusieron en venta la propiedad y la vendieron, un hecho que para mí es sospechoso, porque justo se venían los juicios”. Fueron los años donde se derogaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. El juicio llegó en 2012 y se celebró en el aula magna de la Unicen. En el plano militar, fueron condenados a prisión perpetua los coroneles Julio Alberto Tomassi y Roque Ítalo Pappalardo y el suboficial mayor José Luis Ojeda, responsables del área 121 y del Batallón Logístico 1 de Tandil, bajo la culpabilidad de secuestrar, torturar y asesinar a Carlos Moreno. Allí, también se condenó a Emilio Méndez a quince años de prisión y a Julio a once, quienes se dedicaron a apelar la decisión y llegaron a la Corte. Los Méndez no fueron los únicos que discreparon con el veredicto. El diario La Nación publicó el 19 de enero de 2021 una nota titulada La Navidad de Julio y Emilio Méndez, donde afirma que el juicio en la universidad fue un “espectáculo montado” y señala que la salud de ambos hermanos se deterioró por estar privados de su libertad durante ocho años. Resalta el rol de Rosenkrantz porque los Méndez, dice, estuvieron “injustamente presos”. Por estas situaciones, Moreno sostiene que no hay que bajar los brazos en la búsqueda de Memoria, Verdad y Justicia. “Desde el 2004, con las políticas de Derechos Humanos de Néstor y Cristina, se posicionó al país como ejemplo a nivel internacional, Argentina es un modelo a seguir, y todo eso está siendo mancillado desde que asumió Javier Milei, por lo que es más que importante el trabajo que lidera Kicillof en la provincia de Buenos Aires”, subraya. El “parteaguas” de Tandil En aquellos días de 2012 en el aula magna de la UNICEN, estaba presente María Nazábal, hoy coordinadora del Área de Derechos Humanos de la universidad. “Recuerdo que mientras hacíamos unos carteles y afiches en los días previos, los hermanos Méndez se paseaban por el centro de la ciudad sin problemas”, cuenta. Aquel fallo favorable es el que permitió, entre otras cosas, poder señalizar la Quinta para que los vecinos y turistas reconozcan lo que pasó en la intersección de las calles Juan Manuel de Rosas y Scavini. Remarca que el caso de Carlos Alberto Moreno fue relevante desde el inicio de las investigaciones. Constituyó el primer juicio de lesa humanidad en Tandil, se condenó a tres militares y dos civiles, lo que derivó en un impacto enorme en la localidad, que ya venía haciéndose eco a partir de manifestaciones de organismos, con Matías Moreno a la cabeza. “En el interior se piensa que todo lo de la dictadura se implementó en una localidad más del conurbano, pero con esto la comunidad de Tandil empezó a mirarse y hablar de lo que pasó acá”, explica. “Fue un parteaguas”, sostiene Nazábal. Al igual que Moreno, Nazábal resalta que la Quinta de los Méndez era una propiedad de civiles, no era una comisaría o una dependencia de las Fuerzas Armadas. Es uno de los seis ex CCD que funcionaron en Tandil, junto a la Comisaría Primera, la Segunda, el ex Instituto Superior de Educación Rural, la Base Área Militar y, el ya mencionado, La Huerta. La referente en Derechos Humanos también hace alusión al juicio de La Huerta que está llevando a cabo en el TOF de Mar del Plata y que la universidad retransmite, además de en Tandil, en sus sedes de Azul y Olavarría. Son 50 imputados por 193 víctimas en 13 centros, porque el juicio abarca a varias localidades de la región. Entre los imputados están los hermanos Méndez, que fueron apuntados por los testigos, al igual que su quinta. “Por eso pensamos en la necesidad de contar con espacio de memoria”, resalta Nazábal. En ese mismo espacio, funcionará un centro comunitario de la salud mental y consumos problemáticos orientado a los jóvenes, dice el texto de la ley . Lo celebra, así como lamenta que el predio de La Huerta esté dentro de los terrenos que el Gobierno nacional pretende rematar, tras hacerse público el decreto N° 950 firmado por Milei y su jefe de gabinete, Guillermo Francos. De todas maneras, coincide con Moreno en que no hay que bajar los brazos. Entonces, cuenta que desde la UNICEN se está llevando a cabo el programa Escuelas con memoria, con talleres y asistencia juicios de lesa humanidad. “Los talleres están a cargo de estudiantes de la Facultad de Humanidad y hay un enorme interés en los pibes, donde pueden conocer y escuchar la historia de las propias víctimas”, apunta Nazábal. Esa labor la lleva adelante en una ciudad que entre 1991 y 2002 tuvo como intendente, democráticamente elegido, a Julio José Zanatelli. ¿La particularidad? Zanatelli fue el interventor del municipio designado por la dictadura cívico-militar los primeros meses de 1976 y luego entre 1979 y 1983. No sólo eso. Durante el juicio de 2012 por el asesinato de Carlos Moreno, una de las testigos que declaró fue Estela María Bassi, docente con actividad gremial durante los años oscuros. Contó que le habían avisado que estaba entre ceja y ceja de Ojeda, uno de los condenados por la ejecución de Moreno. Además, según los registros tomados por la INCAA y publicados por la Unicen, la testigo aportó otro dato contundente. En su declaración, aseguró que otra testigo de apellido Marchioni, que vio a Moreno el día que logró escaparse de la quinta, tenía miedo de atestiguar producto de una amenaza que había recibido. “La amenaza en cuestión versó sobre la cita que un día antes a prestar declaración le hizo el militar Mur a su casa del Barrio Falucho, donde lo esperaban también el interventor militar y luego intendente Julio José Zanatelli y Emilio Méndez, quienes le sugirieron no hablar de lo que había visto o corría riesgo de vida junto a su familia”, resume el texto publicado por la Secretaría de Extensión de la universidad. “Bassi dijo también que Marchioni le dijo que le mostraron la foto de Enrique Pizzorno, quien lo describieron como otro que había estudiado junto a Moreno en La Plata y que iba a correr con la misma suerte. Pizzorno, que estaba en la sala como público, por aquellos días se iría del país a radicarse en Canadá”, concluye. A raíz de estos datos y, en sintonía con conjetura de Matías Moreno, Nazábal señala que, en 1977, momento del crimen, Tandil no tenía más de 80 mil habitantes. “Todo se sabía, pero se ponía debajo de la alfombra”, apunta. “Con los fallos judiciales se conoce la verdad, cosa que puede generar algunas resistencias, pero lo importante es que no vuelva a suceder”, indica la funcionaria de la Unicen. “Más allá de los discursos con la teoría de los dos demonios que vuelven a aparecer, la realidad es que la comunidad de Tandil tiene que honrar a las víctimas de la dictadura y conocer lo que sucedió en la ciudad para ir tomando dimensión, porque acá hubo seis centros clandestinos”, remarca Nazábal.
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