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» Diario Cordoba
Fecha: 31/10/2024 03:58
Los presidentes siguen siendo la figura central de buena parte de los bancos españoles, pero su práctica omnipotencia del pasado se viene diluyendo poco a poco desde hace años. Con la recién anunciada salida de José Ignacio Goirigolzarri de CaixaBank, de hecho, Ana Botín (Santander) y Carlos Torres Vila (BBVA) se convierten en los dos últimos presidentes ejecutivos de la gran banca española. Es el fruto de un proceso paulatino impulsado desde hace años por el Banco Central Europeo (BCE), al que el organismo con sede en Fráncfort ultima dar una nueva vuelta de tuerca. Todo comenzó con la creación del Mecanismo Único de Supervisión del BCE, que desde noviembre de 2014 es responsable de controlar a los bancos más importantes de la zona euro, 10 de ellos españoles. Oficialmente los supervisores comunitarios eran "neutrales" en cuanto al modelo de gobierno corporativo elegido por cada entidad. Con todo, desde el principio mostraron informal pero insistentemente su preferencia por el sistema británico, en el que el presidente no tiene funciones ejecutivas sino institucionales y de control de los gestores, mientras que el día a día del negocio lo lleva el consejero delegado. Dicho modelo es contrario a la tradición española, en la que los presidentes habían sido habitualmente los primeros ejecutivos con amplios poderes y competencias, mientras los consejeros delegados tenían un papel subsidiario y limitado. Los supervisores europeos no estaban habilitados legalmente para obligar a las entidades a abandonar este sistema por el inglés. Sin embargo, sí tenían margen para presionarles en esa dirección, entre otras razones gracias a que tienen en cuenta el gobierno interno de las entidades a la hora de imponerles los requisitos de capital, con el argumento de que dicha organización interna afecta a que los bancos asuman más o menos riesgos. Revisar los casos existentes El BCE, en este sentido, prepara un nuevo paso en la misma dirección. Entre julio y mediados de octubre sometió a consulta pública un proyecto de 'Guía sobre gobernanza y cultura del riesgo', que sustituirá un documento similar de 2016. En dicha guía, es más claro que nunca: "El BCE aboga firmemente por la separación de funciones ejecutivas y no ejecutivas dentro del consejo de administración, lo que significa que el presidente debería ser un miembro no ejecutivo sin ningún poder ejecutivo. Si bien reconoce que en algunos países la legislación nacional puede permitir que el presidente tenga funciones ejecutivas, el BCE considera que esta no es la mejor práctica y recomienda que se revisen los casos existentes". El pasado domingo, Ángel Simón, consejero delegado de CriteriaCaixa (el instrumento inversor de la Fundación La Caixa y accionista de control de CaixaBank), se refirió a este documento en una entrevista en 'La Vanguardia', precisamente el mismo medio que ha adelantado este miércoles la salida de Goirigolzarri. "Hemos visto el informe. Nos hemos personado como uno de los implicados y nosotros estamos en línea con lo que propugna el BCE. Por lo tanto, como accionista de CaixaBank, iremos en la misma línea del BCE", apuntó de forma significativa, visto lo anunciado este miércoles. La salida del banquero vasco, en cualquier caso, no se explica por ello, o desde luego no principalmente. Goirigolzarri, así, podría haber continuado como presidente cediendo sus, por otra parte, muy limitadas competencias ejecutivas (auditoría interna, secretaría general y comunicación). Es lo que hizo, por ejemplo, Josep Oliu a finales de 2020 para continuar al frente del Sabadell. De hecho, el BCE también recomienda que, además de no ser ejecutivo, el presidente sea un consejero independiente, pero CaixaBank ha decidido desoírlo al nombrar como sustituto a Tomás Muniesa, consejero dominical en representación de la Fundación La Caixa y empleado del grupo desde 1976. Circunstancias distintas Goirigolzarri, según fuentes próximas, aceptó ocupar la presidencia de CaixaBank tras la fusión con Bankia para facilitar que dicha operación se culminase con éxito y por sentido de responsabilidad hacia los empleados del banco nacionalizado que presidía desde 2012. Pero su intención desde el principio fue ocupar el puesto de forma temporal, una idea que sus últimos casi cuatro años al frente del banco no le han hecho cambiar. El momento elegido para anunciarlo se debe a la cercanía del fin de su mandato de cuatro años y a la presentación en unos días del nuevo plan estratégico del banco para el periodo 2025-2027. Está por ver, por otro lado, cómo afecta la nueva vuelta de tuerca al gobierno corporativo de la banca que quiere aplicar el BCE a los presidentes ejecutivos del Santander, Ana Botín, y el BBVA, Carlos Torres Vila. Ambos cedieron poderes en 2018 y 2022, respectivamente, pero siguen manteniendo amplias competencias clave. Torres tiene que renovar su cargo el año que viene para un nuevo mandato y además está por ver si sale adelante la opa hostil y fusión con el Sabadell (el BCE suele aprovechar ese tipo de operaciones para apretar el gobierno corporativo en la dirección que prefiere). Botín, en cambio, fue reelegida en marzo del año pasado por un nuevo periodo de tres años.
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