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Federal » El Federaense
Fecha: 30/10/2024 20:30
En una jornada histórica para la oposición, se avanzó este miércoles en el Congreso con el dictamen de un importante proyecto que busca limitar el uso de los decretos de necesidad y urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo. Esta iniciativa, promovida por una alianza entre Unión por la Patria, los radicales de Democracia para Siempre y Encuentro Federal, establece cambios significativos en la Ley 26.122, cuya función principal es regular la injerencia del Congreso sobre los DNU. Las negociaciones entre los bloques de la oposición se centraron en los puntos críticos del proyecto. El consenso alcanzado establece que para lograr una mayoría en el plenario, el texto que se presentaría sería lo más minimalista posible. En este sentido, el artículo 1 del proyecto indica que cualquier decreto perderá su vigencia si no es ratificado por ambas Cámaras dentro de un plazo de 90 días, contados desde su publicación en el Boletín Oficial. De este modo, cualquier rechazo por parte de una de las Cámaras sería suficiente para anular un decreto. Un claro ejemplo de cómo este nuevo marco podría cambiar el juego es el mega DNU 70, que se habría invalidado con la negativa del Senado. En la actualidad, este decreto continúa vigente, ya que la Cámara de Diputados todavía no ha decidido su futuro, a pesar de llevar diez meses esperando su tratamiento. Los DNU están contemplados en el artículo 99 de la Constitución Nacional y deberían ser utilizados únicamente en circunstancias excepcionales que obstaculicen los trámites ordinarios. Sin embargo, esta stipulación rara vez se cumple en la práctica, lo que ha llevado a los gobiernos a abusar de estas herramientas para llevar a cabo iniciativas que no cuentan con el respaldo de la oposición. Un ejemplo emblemático de esto es el DNU 656, que autorizó la asignación de $100 mil millones en gastos reservados a la SIDE. Según la actual Ley 26.122, el Congreso no tiene la facultad de modificar los DNU, sino que solo puede ratificarlos o derogarlos. Cabe destacar que la derogación se ha aplicado esporádicamente, siendo la única vez que ocurrió con el DNU que expandía los fondos para la SIDE. Posturas encontradas en el Congreso La Coalición Cívica, que comparte el espíritu de la modificación, se ha manifestado en contra del dictamen actual, argumentando que representa un cambio demasiado abrupto. A pesar de estar de acuerdo en que el rechazo de una Cámara debe ser suficiente para anular un DNU, advierten que establecer un plazo puede dificultar el diálogo y la gobernabilidad, dado el estado fragmentado del Congreso. Además, proponen que una decisión de rechazo debería incluir la posibilidad de declarar nulo el decreto, eliminando así todos sus efectos jurídicos. Por otro lado, los radicales del bloque oficial han presentado su propio dictamen, que refuerza el papel de la comisión bicameral de Trámite Legislativo y no contempla plazos, argumentando que esto sería un incentivo negativo para alcanzar acuerdos. En este sentido, han expresado su preocupación de que los diputados se limiten a esperar durante los 120 días, lo que desincentivaría la búsqueda de consenso. El camino hacia la media sanción La diferencia entre las posiciones de la Coalición Cívica y la UCR frente al resto de los bloques podría ser crucial para la aprobación de la ley, que requeriría dos tercios de votos en caso de un eventual veto presidencial. Actualmente, la suma de los votos de Unión por la Patria (99), Encuentro Federal (16), Democracia para Siempre (12) y Frente de Izquierda (5) alcanzaría un total de 132, lo que garantizaría el camino hacia la media sanción sin mayores obstáculos. Algunos diputados han planteado la posibilidad de convocar a una sesión especial para segunda semana de noviembre, aunque otras voces están en duda sobre si esta cuestión logrará llegar al recinto en el transcurso de este año.
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