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Parana » Santiagorinaldi
Fecha: 30/10/2024 04:05
El sector agroindustrial argentino ha sido uno de los pilares de la economía nacional, contribuyendo con USD 150.000 millones en derechos de exportación desde 2002. A pesar de estos ingresos, el impacto negativo en los productores y las distorsiones en el mercado reavivan el debate sobre la necesidad de reducir o eliminar este tributo. Este informe aborda la evolución histórica, los aportes económicos y las consecuencias de los derechos de exportación para los productores argentinos. Los derechos de exportación (DEX), tributo que grava los bienes exportados en función de su valor FOB, tienen una historia prolongada en Argentina. A comienzos de los 90, bajo el Plan de Convertibilidad, se eliminaron los DEX al maíz, trigo y subproductos de soja, con excepción del poroto de soja, que mantuvo una tasa del 6% y, posteriormente, se redujo al 3,5% en 1992. Sin embargo, en 2002, al finalizar la convertibilidad, el Gobierno Nacional los reintrodujo en su política tributaria, con una tasa inicial del 10% que luego subió al 20% y se mantuvo durante cinco años. El gobierno de Mauricio Macri eliminó nuevamente los DEX en 2015, salvo para el complejo sojero, donde bajó la tasa del poroto al 30% y de sus subproductos al 27%. En 2018, los DEX fueron reestablecidos para el maíz y el trigo, y con Alberto Fernández aumentaron nuevamente hasta alcanzar niveles vigentes del 33% para el poroto de soja y 31% para sus subproductos, los más altos en el sector. A septiembre de 2024, el complejo sojero continúa soportando las mayores alícuotas, seguidos por el trigo, maíz, sorgo y cebada, que tributan el 12% en DEX. Un cambio reciente fue la eliminación de los DEX para economías regionales en 2023, cubriendo productos como arroz, maní, vino y cítricos, con el fin de incentivar la comercialización de productos con valor agregado. En agosto de 2024, también se aplicó una tasa del 0% para ciertos productos lácteos y algunas categorías de ganado vacuno, en un intento por aliviar la carga tributaria en ciertos sectores. El Aporte del Agro en Derechos de Exportación En las últimas dos décadas, el agro ha aportado una cifra histórica de USD 150.000 millones a las arcas del Estado en concepto de derechos de exportación, considerando solo soja, maíz y trigo. Estos ingresos se concentran especialmente en los mandatos de Cristina Fernández de Kirchner, donde el auge de precios internacionales favoreció una recaudación considerable. En este periodo, se registraron precios FOB promedios de USD 662 por tonelada de soja, marcando el punto más alto de los últimos años. Durante el segundo mandato de Fernández de Kirchner, el precio de la soja alcanzó un pico de USD 889 por tonelada, mientras que su precio mínimo fue de USD 462. En cuanto a la recaudación en gestiones recientes, Alberto Fernández se posiciona en segundo lugar con un ingreso promedio de USD 29.900 millones por derechos de exportación, seguido por Mauricio Macri con USD 22.257 millones. Durante el 2024, en el gobierno de Javier Milei, ya se registraron aportes de USD 5.680 millones, un dato relevante considerando la situación del mercado internacional actual. La Evolución de los Precios Internacionales del Maíz y Trigo Durante el primer mandato de Cristina Fernández de Kirchner, el precio promedio más alto de maíz fue de USD 308 por tonelada, con un máximo de USD 439 y un mínimo de USD 208 por tonelada. El precio promedio más bajo del maíz fue de USD 186 durante el gobierno de Néstor Kirchner, mientras que en el periodo de Javier Milei, el precio se encuentra en USD 194 por tonelada. Para el trigo, el precio promedio más alto fue de USD 391 por tonelada en el segundo mandato de Fernández de Kirchner, alcanzando máximos de USD 493 y mínimos de USD 245 por tonelada. Actualmente, el precio promedio del trigo es el más bajo de la serie, ubicado en USD 258 por tonelada, lo que contrasta con el pico de la administración de Cristina Fernández. Inversión en el Agro y su Relevancia Económica Cada campaña agrícola en Argentina representa una inversión sustancial en producción. Los productores invierten USD 13.800 millones por campaña para los cultivos de soja, maíz y trigo, es decir, más de USD 55.000 millones cada cuatro años. Esta cifra es comparable a las inversiones iniciales previstas en el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). En provincias clave como Córdoba, la inversión anual en granos supera los USD 3.700 millones, donde el maíz y la soja representan el 43% y 42%, respectivamente, de los recursos invertidos. Frente a la campaña 2024/25, los productores planean un cambio en la composición de cultivos. Se estima que el área de siembra de maíz caerá en 900.000 hectáreas, lo que reducirá su participación en la inversión al 30%, mientras que la soja absorberá el 47% de la inversión, con una estimación de USD 3.600 millones en total. Efectos de los Derechos de Exportación en el Productor Argentino Los derechos de exportación suponen una importante transferencia de ingresos del productor hacia el Estado. En términos de quintales por hectárea (qq/ha), el impacto estimado es de 14 qq/ha para la soja (1.400 kg/ha), 10 qq/ha para el maíz (1.000 kg/ha) y 4 qq/ha para el trigo (400 kg/ha), con las alícuotas actuales. Además, más del 70% de la producción de granos se realiza en campos arrendados, donde los costos de arrendamiento en Córdoba alcanzan los 11,5 quintales de soja por hectárea. Esto significa que los productores deben asumir estos pagos independientemente de sus ingresos finales. En una campaña donde los precios internacionales muestran una tendencia bajista, los ingresos netos de los productores se ven profundamente afectados. En la provincia de Córdoba, de cada peso generado por la soja, un 33% se destina al Estado en derechos de exportación, el 27,4% cubre los costos directos de producción, el 27,1% corresponde al arrendamiento y el 13,7% a gastos comerciales. Esta composición hace que, con los precios actuales, la producción en campos arrendados resulte económicamente insostenible para los productores, quienes registran rentabilidad negativa. Además de los derechos de exportación, la brecha cambiaria ha impactado significativamente la rentabilidad del sector. Bajo la administración de Alberto Fernández, esta diferencia entre el dólar oficial y el dólar blue promedió un 85%, mientras que en la actual gestión de Milei, la brecha ha disminuido al 30%, facilitando un leve aumento en el precio en dólares que recibe el productor. Como medida de incentivo, el Gobierno implementó programas como el Programa de Incremento Exportador (PIE), permitiendo una liquidación a un tipo de cambio “blend” que mezcla el 80% del tipo de cambio oficial con el 20% del dólar contado con liquidación (CCL). Gracias a esto, el precio de la soja ha subido un 35% desde julio de 2024, alcanzando los USD 270 por tonelada, y el maíz un 37%, situándose en USD 155 por tonelada. Conclusiones y Desafíos Futuros Los derechos de exportación en Argentina, aunque una herramienta de recaudación, son considerados un tributo distorsivo. Entre sus efectos negativos están la disminución del precio recibido por el productor, la alteración en la asignación de recursos económicos, la reducción de la capitalización agropecuaria y la desvalorización de la tierra agrícola. También generan incertidumbre sobre posibles modificaciones en sus niveles, lo que desincentiva las inversiones y la adopción de tecnología en el campo. Para que el país avance hacia la eliminación de este tributo, es esencial un orden macroeconómico que permita una mayor inversión en tecnología, maquinaria agrícola y sostenibilidad, lo cual podría aumentar la producción y las exportaciones, generando más empleo regional y divisas para el país. Fuente: INFORME NRO. 436 Campaña 2024/25 | Informe económico BCCBA
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