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» El Ciudadano
Fecha: 28/10/2024 02:32
Vecinas y vecinos de la llamada Zona 3, en el ingreso a la ciudad, resistieron un operativo de Aguas Santafesinas para quitarles el servicio. Es que la conexión que tiene es irregular, y nunca pagaron facturas. Hace tiempo habían intentado ponerse en regla, pero la respuesta actual es romper un caño Derecho Comercial es nombre de materia en Ciencias Económicas, y lo fue de jornadas en Derecho en la UNR. Pero para unas 65 familias de Funes es una tensión urgente: o es derecho o es comercio. Es que en un sector de la ciudad, ubicado en el ingreso desde Rosario, en lo que se conoce localmente como Zona 3, el vecindario resistió que máquinas de gran porte concretaran un trabajo encargado por Aguas Santafesinas: cortar el suministro. Es la solución que encontró Assa para una conexión que –admiten los propios residentes– es “totalmente irregular”, y se hizo, pagada por las y los vecinos, cuando el área de agua potable y saneamiento de Santa Fe –la Dirección Provincial de Obras Sanitarias– había sido privatizada en manos del Grupo Suez, de origen francés, que constituyó Aguas Provinciales. El reclamo de los vecinos, que cursaron notas al gobierno de la provincia y a distintos entes del Estado, y hasta llevaron a la Justicia, es regularizar la situación. Pero la respuesta de la empresa parece persistir en anular la conexión irregular: en las últimas semanas Assa instaló pilares con canillas públicas, y los residentes temen que la línea es que cada uno se las arregle como pueda. ¿Derecho o comercio? Edgardo Juárez es escritor y fue varias cosas más, de las que está mayormente retirado. Salvo, como la primera, de ser un vecino inquieto. Desde hace largo tiempo anima por todos los medios la reconstrucción de las vecinales de Funes y participa de las distintas problemáticas comunitarias de la ciudad. Sobre todo de dos: la seguridad y la planificación urbana, a las que considera falencias perennes en Funes. No reside en el radio que tiene en riesgo el suministro de agua, pero asiste a sus pares como vecinalista. Y cuenta a El Ciudadano que la conexión al caño maestro, ahora en riesgo, se hizo en los tiempos en que Funes tenía más vida de pueblo que de ciudad, aunque ya había sido declarada como tal. En los tiempos a los que refiere se alternaban todavía viviendas y baldíos, subsistían aún grandes predios vacíos entre propiedades y zonas rurales calle de por medio sin caminar mucho desde el centro. Pero, todavía con lotes más accesibles en precio que en Rosario, la zona urbana se expandía. Y en el ingreso estaban los residentes que lograron acceder al agua de red. Ahora todo eso está en riesgo: durante añares no pagaron un centavo por el agua, y la determinación de la nueva conducción de Aguas Santafesinas, la empresa que recuperó el Estado pero sigue teniendo la figura de sociedad anónima, es cortar la conexión. “Todo el mundo estaba al tanto. Nadie está pretendiendo decir que no sabía cuál era la situación. Pero en varias oportunidades se intentó regularizar; que la compañía pusiera medidores, y ese tipo de cosas. Todas las administraciones pateaban para adelante la situación”, relata Juárez. Y apunta: “La actual presidenta de Assa, la señora Anahí Rodríguez, sin que mediara ningún tipo de aviso mandó una máquina, empezaron a excavar ahí donde están los primeros vecinos de Funes y cortaron el caño. Dejaron sin servicio a todos”. El vecinalista plantea que ahí comenzó “un debate entre ético y jurídico”, ya que “la Constitución Nacional proclama el derecho al agua como un derecho humano” y “en todo mundo hay legislaciones vigentes en avanzan en la misma dirección”. ¿Qué es lo que invoca? Que una empresa, en este caso Assa, una sociedad anónima del Estado, “no puede poner su reglamento interno por encima de los estatus jurídicos”. Juárez subraya que la conexión sólo la pudo haber realizado “personal especializado con equipo especializado”, que así fue: “No es que un vecino fue y lo pinchó, con la presión que tiene”. Por ello, el vecinalista y los damnificados plantean una situación judicial. Los asiste otra cuestión de raigambre constitucional y vasta jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en diversas materias: el principio de progresividad, y de no regresión. Suplantar el servicio domiciliario que ahora tienen los residentes de la Zona 3 por canillas públicas sería todo lo contrario. Juárez aclara que no se trata de casas de fin de semana ni propiedades suntuosas, sino que en buena parte de los casos son residentes estables a los que no les sobran recursos. “Gente mayor o gente joven que tiene niños, y hacer una perforación para asistirse con una bomba les cuesta mucho. Es un momento muy sensible para tomar una una determinación de esas características”. Sin embargo, aclara: “Ése es nuestro punto de vista. Estamos dispuestos a confrontarlo y es por eso que hicimos pedidos a la Legislatura, al Defensor del Pueblo, al gobernador, al senador departamental, al intendente y al Concejo Deliberante. Y a dos diputadas provinciales”. En ese raid, cuenta que los únicos que le contestaron fueron los ediles de Funes: aprobaron dos resoluciones consecutivas en dos semanas. “En la primera le piden a la empresa que plantee cuál sería la obra para asistir al sector con la provisión de agua de la calidad que tienen”, cuenta. Pero, como no les contestaban a los vecinos aprobaron otra iniciativa: “La segunda le pide a la empresa que nos atienda”. Pero de igual modo lamenta que siguieron sin contestarles. “Nadie contesta nada”. Juárez se corrige en una cuestión: un matrimonio que llevó una de las notas a Aguas Santafesinas fue recibido, pero la respuesta no pudo ser más desoladora: les advirtieron que habría denuencias penales individuales a cada vecino que se opusiera a la determinación de la empresa. Es que, recuerda el vecinalista, cuando los equipos de Assa cortaron el servicio se generó una resistencia inmediata. Incluso estuvo allí el intendente Roly Satacroce, quien dijo que desde su función no podía hacer mucho. Pero los vecinos se plantaron y lograron que los responsables de la “obra” hicieran consultas telefónicas, y finalmente los reconectaron. Juárez espera que en la Justicia avance en el mismo sentido positivo: que dicte una cautelar, una medida de no innovar, “o algo que palíe la situación”, en especial de los vecinos de menos recursos, mientras el juez o la jueza del caso “se toma su tiempo para escuchar a las partes”. Mientras tanto, la provisión de agua se mantiene, pero no hay ningún compromiso escrito de que eso siga ocurriendo. Peor: había una nueva fecha de corte, a fines de septiembre, que no se concretó. Y los vecinos siguen exprimiendo los teléfonos para que ello no ocurra, intentando mostrar cuál es su voluntad. Según Juárez: que les cobren con medidores o por metro cuadrado. que instalen una microplanta de abastecimiento si se sostiene el argumento de que “se pierde presión en el servicio principal”. “Ya tenemos dos contactos, uno con una fábrica de plantas de ósmosis inversa, y otro con una empresa de Entre Ríos que, con una tecnología no tan compleja, instalaría una planta en una perforación. Con un primer filtrado y con clorificación, le daría un poquito más de viabilidad al agua. No va a ser apta para el consumo humano: sirve para que te bañes para que laves la ropa, para lavar el auto. Pero el agua de pozo no sirve, te deteriora toda la cañería, toda la grifería; en fin, todo”. El vecinalista pone de relieve que muchas obras de la Municipalidad de Funes están bien, son celebradas, pero remarca que el municipio “optó por pavimentar antes que hacer otras obras”, como las claves de agua y saneamiento. Por el mismo debata transcurrió, hace años, Rosario. Tanto el Departamento Ejecutivo como el Concejo Municipal debieron lidiar con desarrollos que ofrecían hábitats envidiables, pero sin infraestructura mínima para aguas grises (escurrimiento de cocinas, lavaderos, duchas) ni aguas negras (inodoros) en los que llevaron a conflicto entre quienes accedían a lotes o construcciones y el Estado. En el caso de Funes sería al revés: hay algo resuelto, y el Estado lo des-resuelve.
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