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» Facundoquirogafm
Fecha: 28/10/2024 00:18
Los trabajadores de la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) han decidido endurecer sus medidas de fuerza ante la reciente disolución del organismo, efectivizada a través del Decreto 953/2024 publicado en el Boletín Oficial. La Asociación de Empleados Fiscales e Ingresos Públicos (Aefip) anunció paros de cuatro horas programados para el lunes 28 y martes 29 de octubre, además de un paro general de 24 horas para el miércoles 30. Estas acciones se replicarán en todo el país, incluida la Regional Resistencia, que abarca las provincias de Formosa y Corrientes. El gremio, bajo la dirección de Pablo Flores, se une a las medidas de fuerza anunciadas por la Mesa Nacional del Transporte, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y diversos gremios universitarios. Tras la suspensión de una reunión solicitada con la titular de la AFIP, Florencia Misrahi, Aefip ha lanzado paros y apagones informáticos en todas las dependencias del país, comenzando a las 10 de la mañana. A través de un comunicado, el sindicato expresó su descontento con la postergación de la reunión y dirigió críticas al gobierno nacional, especialmente hacia el vocero presidencial, Manuel Adorni, por su forma de comunicar la situación. Además, señalaron que la disolución de la AFIP conlleva una reducción significativa del personal, lo cual agrava la situación de los trabajadores. El nuevo organismo, denominado Agencia de Recaudación y Control Administrativo (ARCA), estará bajo la supervisión del ministro de Economía, Luis Caputo, y contará con una estructura simplificada. Se estima que habrá una reducción del 45% en las autoridades superiores y del 31% en los niveles inferiores de la estructura anterior. La nueva dirección estará a cargo de Florencia Misrahi, quien liderará el organismo durante un período de cuatro años con la posibilidad de renovación, siempre que se cumplan los objetivos establecidos. Con un plazo de 60 días hábiles para presentar una propuesta de normas y estructura organizacional, el gobierno ha declarado una emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética, lo que permite la adopción de medidas excepcionales para acelerar los cambios previstos.
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