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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 26/10/2024 10:02
La última semana, el fiscal Jorge Gutiérrez archivó la causa que investigaba la denuncia que había realizado el intendente Mauricio Davico sobre la no colocación de un tanque de agua en el Parque Industrial Seco a pesar de que durante la gestión del exintendente Martín Piaggio se había firmado el certificado de final de obra. Según citó Gutiérrez en su escrito, “no se encuentra acreditado la posibilidad de que hubiere existido un potencial perjuicio para la administración pública con el certificado suscripto” por parte del exsecretario de Obras y Servicios Públicos, Carlos Rodolfo García; el exsubsecretario de Servicios Públicos, Hugo Sacre; ni por el responsable de la empresa Metalúrgica D-A S.A., Edgardo Fabián Algarbe. En otras palabras, el fiscal argumentó que procedió de esa manera por no encontrar dolo o intencionalidad de cometer un ilícito. Sin embargo, a pocos días de esta decisión judicial, el intendente Davico insistió en que la denuncia realizada anteriormente sigue siendo válida y que la decisión judicial no suple la causa de fondo: la falsificación de documentos que indicaban que el tanque de agua estaba colocado cuando en realidad no era cierto. El primer documento que presentó Davico es el Acta Recepción Provisoria de Obras, el cual está fechado el 7 de noviembre, firmado por García y Sacre y que documenta que ambos estuvieron presentes en el predio ubicado en Ruta 14 kilómetro 61,1 “a los fines de dar por finalizadas las obras” y de esta manera constatar que los trabajos en el tanque de 20 metros de altura y 120 metros3 estaban finalizados. Mediante esta acta, el Municipio emitió el Certificado Nº2, fechado el 24 de noviembre, para documentar los “importes de obras certificadas”, en este caso el “traslado a obra, descarga y montaje incluyendo grúa y personal especializado con prueba de hermeticidad certificada”, la cual tiene un costo de 3.228.000 pesos, los cuales luego de realizarles los descuentos –5% por Fondos de Reparo (161.400 pesos) y descuento del 30% anticipo financiero (968.400 pesos)– el municipio debía abonar 2.098.200 pesos . Efectivamente, el 27 de noviembre pasado la empresa Metalúrgica D-A S.A. emitió una factura por los 2.098.000 millones de pesos y otra más por los 161.400 pesos, las cuales fueron giradas al Ejecutivo para que sean abonadas y las cuales tuvieron la autorización de pago mediante el decreto 4.818/2.023, firmado por la por entonces secretaria de Gobierno Alfonsina Rodríguez y el exintendente Piaggio, mediante el cual se ordena que “en función de las razones expuestas precedentemente, este Departamento Ejecutivo entiende que debe emitirse el acto administrativo correspondiente que apruebe el Certificado Nº2 y ordene el pago de la suma correspondiente a la firma Metalúrgica D-A S.A.”. Solicitud para revisión de la causa Luego de la exposición de estos documentos, actas, decretos y certificados, la gestión del intendente Davico entiende que se incurrió en el delito de falsificación de documentos debido a que en los papeles el tanque estaba instalado pero que en realidad eso no había sucedido, lo cual obligó a que, una vez asumido en sus funciones, el Presidente Municipal firmara el decreto 5.377/2.023 para “anular el decreto 4.818/2.023 emitido por el Departamento Ejecutivo Municipal en fecha 30 de noviembre dejando sin efecto el pago de la suma de 2.098.200 pesos a la firma Metalúrgica D-A S.A. por los motivos expuestos en los considerandos”. Es por esto que el 25 de octubre el apoderado legal de la Municipalidad Federico Koch presentó una solicitud de revisión de la causa iniciada por la denuncia de Davico dirigida al jefe de los Fiscales Lisandro Beherán. “Venimos a solicitar la revisión del archivo decretado por el señor agente Fiscal suplente, doctor Jorge Luis Gutierrez, que fuera notificada a mi representada en forma electrónica el día 21 de octubre de 2024. De suerte tal, y siguiendo expresas instrucciones de nuestro mandante, venimos a solicitar al señor Fiscal Coordinador disponga la reapertura de la causa y la designación de otro Fiscal para instruirla, por las razones de hecho y derecho que expresamos en este memorial y las mejores que asistirán al elevado criterio de esa Fiscalía de Coordinación”, remitió el escrito que actualmente está en manos de la Justicia. “El señor agente Fiscal, como se ha dicho, ha decretado el archivo del legajo A-254/24 referente al menos a la falsificación de un acta de final de obra y un certificado de obra, entre otras piezas administrativas, en el marco del expediente administrativo municipal número 776/23 caratulado ‘Secretaría de obras y servicios públicos licitación pública número 9/23 - provisión y colocación de una torre con tanque elevado para reserva de agua potable’”, explicó Koch en su solicitud. Entre los fundamentos de la solicitud de revisión, el Apoderado Legal del Municipio menciona que “contrariamente a lo afirmado por la resolución de archivo, el tipo objetivo de la falsedad documental se encuentra cumplido por diferir los conceptos insertos en el documento respecto de la realidad histórica que los mismos estaban destinados a probar, de manera tal que podía resultar perjuicio”. “Como se puede advertir, la decisión de archivo reconoce que los autores de los documentos actuaron a sabiendas de su falsedad. Es decir que sabía que estaban certificando hechos diversos de la realidad histórica. Reconoce también la inserción de dichos documentos en un expediente administrativo. Lo único que sostiene es la inexistencia de perjuicio potencial –sobre la mera base de que dicha potencialidad, a su entender no se realizó, por no haberse llegado a realizar el pago- y la inexistencia de dolo –circunstancia que deduce de la misma razón-, ambas cuestiones que desarrollaremos a continuación”, reclama en relación a los funcionarios de la gestión anterior que firmaron los documentos. Además, en los fundamentos de la solicitud de revisión también se mencionó que el archivo de la causa podría traer un perjuicio potencial debido a que “resulta inconcebible analizar el peligro de una acción desde la pregunta acerca de si la misma se concretó o no en un resultado. Con ese criterio ningún peligro que no se concreta sería peligro. Tampoco la existencia histórica de ese peligro puede ser Juzgado teniendo en consideración el hecho de que haya resultado conjurado por un hecho cualquiera. Y menos aún por un hecho posterior del propio autor. Ello así porque en ese caso el autor podría cometer el delito y en un punto determinado, aún hallándose el mismo consumado, proceder a su anulación”. Davico, dispuesto a ir a fondo Luego de la presentación correspondiente ante Beherán, el intendente Mauricio Davico volvió a reafirmar su intención de que la denuncia solicita que se investigue el delito de falsificación de documentación pública, la cual entiende que hay pruebas suficientes para que sea probado el ilícito. “Tenemos todas las pruebas, está la documentación. El fiscal no tuvo en cuenta todo los elementos ni tampoco llamó a las personas para ecirles que si hacen un documento público trucho está penado. Acá hay 6 documentos públicos”, explicó el intendente Davico en declaraciones a “Ahora o Nunca” en Ahora Cero Radio. “Mi deber de funcionario es pagar lo que indican los certificados, pero esto no se pagó porque la responsable de suministro dijo que estaban mal dichos certificados. Dijo que había algo raro porque el certificado, que es lo que tiene que existir anterior al acta, estaba fechado el 24 de noviembre. Y lo que en teoría tiene que venir después, que es el acta que certifica que la obra está terminada, tiene como fecha el 7 de noviembre”, amplió Davico, quien también apuntó a que alguien en el Municipio tendría que haberle dado el visto bueno a la empresa para que emitiera las facturaciones. “Lo cierto es que todo esto finalmente lo descubrimos cuando fuimos a lanzar la temporada de verano 2023/24 a las Termas del Guaychú y al pasar por el Parque Industrial Seco el jefe de Gabinete Luciano Garro se da cuenta de que no estaba el tanque de agua instalado. Inmediatamente llamé a la secretaria de Inversiones y Desarrollo Local Estela Miño, quien constató que ya se había pedido a la AFIP los datos necesarios para ver si la empresa estaba en regla para pagarle”, remarcó el Intendente. “Si se hubieran abonado esas facturas sin que la obra estuviese finalizada, entonces se habría incurrido en un delito de corrupción. Eso no sucedió. Pero lo que decimos nosotros es que hubo otro delito, que es el de falsificación de documentos públicos, y que según el Código Penal tiene una pena de 6 años de prisión”, explicó y agregó: “Según el Fiscal, estos los documentos públicos no condicen con la realidad, pero que bueno, no hubo intención. Nosotros queremos que se investigue esto a fondo”. Lo cierto es que la causa sobre la no colocación del tanque de agua en el Parque Industrial Seco no está finalizada y aún no se conoce el capítulo final. La actual administración considera que hubo funcionarios que fallaron a su deber y que no realizaron su tarea como corresponde al firmar documentos que no se correspondían con la realidad. Ahora, la última palabra vuelve a estar en manos de la Justicia, en este caso el jefe de los Fiscales Lisandro Beherán, quien deberá decidir si se continúa o no la investigación por falsificación de documentación pública.
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