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Valle María » Vallemarianoticias
Fecha: 25/10/2024 05:21
El uso de las tierras fiscales de nuestra provincia por parte de los privados ha tenido un largo derrotero los últimos 20 años. En 2005, la Ley 9603 estableció la forma, requisitos y procedimientos que debían cumplir los interesados en desarrollar actividades productivas en islas fiscales. Pero la misma tuvo efectos jurídicos hasta 2010, cuando el Poder Ejecutivo (mediante un decreto) dispuso dejar sin efecto todos los contratos de arrendamiento entre el Gobierno y particulares celebrados bajo esa ley, fundando dicha decisión en que los inmuebles integrantes del “Dominio Público Provincial” debían ser entregados mediante Permisos de Uso y no bajo la figura del Contrato de Arrendamiento. Corría el año 2011, cuando la Ley 9603 fue derogada por la Ley 10.092, teniendo una efímera vigencia ya que a los pocos meses fue derogada por la Ley 10.100 cayéndose en un vacío legal en lo que respecta al uso de las islas y anegadizos fiscales. Desde entonces, sólo se otorgaron comodatos y autorizaciones precarias anuales para ganadería y apicultura (entre 2010 y 2015), y permisos de uso de carácter oneroso para amarre de barcazas por 3 años. El largo y sinuoso camino de leyes, derogaciones y decretos fue informado por el propio estado provincial a la Asociación Argentina de Abogados y Abogadas Ambientalistas, luego que la entidad realizara un pedido de informes en 2020. En la práctica, durante casi veinte años, fue casi nula la recaudación del estado entrerriano por el uso de las tierras fiscales que estaban (y muchas aún están) en manos de empresas y particulares. Así lo dio a conocer esta semana el programa “Cuestión de Fondo” que se emite por Canal 9 Litoral. ¿Pero qué sucedió estas últimas semanas? 200 mil hectáreas que son de todos La Dirección de Tierras Fiscales de Entre Ríos administra unas 200 mil hectáreas. De ellas, casi 199 mil corresponden a islas y unas 1.500 hectáreas se encuentran en tierra firme, que corresponden -en gran medida- a remanentes de colonias oficiales. “Pero además de esas 200 mil hectáreas, hay otros grupos de inmuebles del gobierno entrerriano que son administrados por diversos organismos, como policía, Consejo General de Educación, Vialidad, entre otros”, aclaró el director de Tierras Fiscales de Entre Ríos, Leonardo Caluva. En septiembre último, el gobierno provincial aprobó la resolución 147, normativa que busca regularizar la ocupación en las islas entrerrianas por parte de actividades como ganadería, apicultura y construcciones diversas. Dicha norma establece que la Dirección de Tierras Fiscales podrá otorgar permisos transitorios de uso y custodia por plazos de 6 meses, que podrán ampliarse hasta 2 años. Para ello, el interesado debe abonar de manera anticipada un canon por el uso del inmueble. Algunos ocupantes irregulares, que tienen presencia en las islas hace veinte años o más, pudieron acceder a dichas tierras en su momento con algún aval del Estado como tenencias precarias o arrendamientos por parte de la provincia. Pero en el medio ocurrieron cosas y que cada uno le ponga el nombre que prefiera: desidia, abandono o negligencia oficial. Durante unos quince años hubo vacío normativo a raíz de la propia ausencia del estado en las islas. “Hoy estamos de nuevo en el territorio y lo que se está haciendo es un proceso de regularización que no es voluntario. A los ocupantes no les preguntamos si quieren o no regularizar. A los que no acceden, se les inician las acciones legales por parte de la Fiscalía de Estado”, sostuvo Caluva a “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Paraná). Algunos números Durante unos quince años, el estado entrerriano no percibió prácticamente nada por el uso de islas fiscales. Sin embargo, algo parece estar cambiando el último tiempo. Tal es así, que en los últimos 23 días (la resolución 147 comenzó a implementarse este mes de octubre), la Dirección de Tierras Fiscales ya muestra algunos números que describen la situación: * 17 personas regularizadas en 11 inmuebles que suman alrededor de 10.600 hectáreas. * Entre quienes regularizaron su situación, suman 3017 cabezas de ganado. * El canon total comprometido (algunos ya pagaron y otros están en plazos de pago) suma 23,5 millones de pesos. Construcciones para todos los gustos Estos últimos años, la Dirección de Tierras Fiscales viene realizando trabajos de relevamientos en las islas. Lo que busca conocer a ciencia cierta es la cantidad y tipo de construcciones. Se encontraron alrededor de 700 edificaciones. Algunas son construcciones sencillas que pertenecen a pobladores de las islas o ranchos de fin de semana. Pero también hay importantes casonas y hasta lo que podría describirse como mansiones, algunas de ellas hasta con piscinas. Una Agencia para administrar En junio pasado, el Ejecutivo remitió a la Legislatura un proyecto de ley para la creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de la Provincia de Entre Ríos (Aabiper), con dependencia de la Secretaría General de la Gobernación, autarquía económica y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado. Esa agencia se constituirá con los bienes y personal de la Dirección de Administración de Tierras Fiscales y la Unidad de Control de Inmuebles. Quien se refirió a sus funciones fue el diputado provincial de Juntos por Entre Ríos, Marcelo López. En diálogo con “Cuestión de Fondo” (Canal 9, Paraná), explicó el legislador: “El estado provincial es propietario de innumerable cantidad de inmuebles, pero sobre los mismos hay una falta de control realmente preocupante. Tenemos inmuebles que ni conocimiento existe de que el estado es dueño y nadie atiende la posesión efectiva de esos bienes. Hay usurpaciones sin que el estado haya prestado su consentimiento. Por otra parte, el gobierno entrerriano alquila inmuebles para destinarlos a distintas reparticiones oficiales, gastando de esa manera muchísimo dinero. La idea del proyecto es concentrar en un organismo la administración de todos esos bienes. Dicho organismo se encargará de buscar, detectar y tomar posesión de todos esos bienes para prestar una administración efectiva, logrando así un importante ahorro para todos los entrerrianos. Así, se podrá definir cuáles son las funciones y prestaciones que tendrá cada uno de esos inmuebles”. El diputado subrayó lo ocurrido hace unas semanas: por primera vez, el estado entrerriano pudo percibir una renta por el uso de islas que estaban ocupadas para la producción ganadera por parte de privados que hacía muchos años no pagaban nada. Dudas y preocupaciones El abogado ambientalista Enzo Culasso, describió sus dudas y preocupaciones en relación al proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles de Entre Ríos. En diálogo con “Cuestión de Fondo”, Culasso advirtió: “En 2020 hicimos una solicitud de información pública, debido a los constantes incendios en las islas. Queríamos saber, al menos, quiénes estaban usando las tierras públicas. Y fue allí que nos enteramos que la Provincia no tenía registro de quiénes estaban haciendo uso de esas tierras fiscales. Por lo tanto, quienes las estaban ocupando, eran ocupantes ilegítimos. No sólo que no pagaban a la Provincia, sino que hacían un uso no acorde al ecosistema, teniendo en cuenta además que es un bien de uso público y un área protegida”. “Lo que nosotros venimos alertando es que el proyecto de creación de la Agencia Administradora de Bienes Inmuebles, concentra poder ya que las máximas autoridades estarían designadas sólo por el Ejecutivo y, además, deroga la necesidad de que, para disponer de esas tierras, se deba pasar por la legislatura. Eso nos llama la atención, ya que, si bien las islas son de dominio público y no se pueden vender a particulares según el Código Civil, lo que sí podría hacerse es poner las islas como garantía ante la toma de un crédito internacional. Eso hay que limitarlo, así como también los usos que se hacen de esas tierras por parte de particulares”. Análisis
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