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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 25/10/2024 05:07
En total se quemaron cerca de 70 mil hectáreas en lo que va del año (Fotos: Gobierno de Córdoba) Luego de los devastadores incendios en Córdoba, se publicó en el Boletín Oficial la ley que declara por el término de 180 días la emergencia ambiental, económica y habitacional en la provincia. La legislación alcanza específicamente a las localidades ubicadas en las Sierras de Córdoba y aquellos departamentos que hayan sido afectados por los incendios ocurridos durante los meses de agosto y septiembre de este año. “Esta declaración se realiza con el fin de adoptar todas las medidas conducentes a combatir los incendios en la provincia de Córdoba para restaurar y restablecer las zonas afectadas y prevenir nuevos focos, conforme a los lineamientos establecidos en las leyes 26.815 y 27.287, en el marco del Sistema Federal de Manejo del Fuego y la Gestión Integral de Riesgos”, asegura. De esta manera, el Ejecutivo “destinará una partida extraordinaria para intervenir y asistir inmediatamente a los fines de la reconstrucción de infraestructura y recuperación de las actividades económicas afectadas”. La legislación prevé una serie de medidas de asistencia financiera “Estas acciones se implementarán en coordinación con el gobierno de la provincia de Córdoba y los gobiernos municipales de las localidades afectadas, respetando los protocolos establecidos por el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Las prioridades y metodologías de distribución de los recursos asignados serán definidas conforme a la urgencia de las necesidades, con enfoque en el bienestar de las personas damnificadas y la restauración del medio ambiente y la biodiversidad afectada”, dispone la legislación que fue aprobada por el Congreso a principios de mes. Córdoba es una de las provincias más afectadas por los incendios, que en su mayoría son provocados por intervención humana. Sin embargo, las condiciones climáticas que se registraron en este último tiempo contribuyeron a la rápida propagación de las llamas, puesto que se combinaron fuertes ráfagas de viento, con altas temperaturas y un bajo nivel de humedad. De hecho, la provincia de Córdoba se encuentra entre los diez lugares con mayor incidencia de incendios forestales en el mundo. En lo que va del año, se quemaron un total de 70 mil hectáreas de bosque nativo, marca que superó las 40 mil destrozadas el año anterior. Los bomberos combatieron durante días los focos que azotaron a las Sierras de Córdoba El fuego destrozó todo a su paso. Por esto mismo, la legislación contempla también una serie de medidas financieras especiales que brinden apoyo directo a las economías regionales y a los habitantes de las zonas afectadas por los incendios. Esta ayuda se hará en coordinación con las autoridades provinciales y municipales para tener en cuenta la situación de cada una de las actividades afectadas. Entre las principales medidas, se encuentran las siguientes: líneas de créditos con tasas bonificadas destinados tanto a la reparación de viviendas como a la continuidad de las actividades económicas claves para las economías regionales, asegurando la recuperación de empleos y el funcionamiento de los sectores productivos; facilitar la sostenibilidad financiera de los emprendimientos locales permitiendo su reactivación económica mediante la suspensión y renovación de las obligaciones bancarias y deudas pendientes al inicio de la emergencia, brindando un alivio inmediato a los productores y trabajadores afectados por las pérdidas económicas; suspensión por hasta 90 días de juicios y procedimientos administrativos de cobro de acreencias vencidas antes de la emergencia, garantizando que las familias, emprendedores y productores puedan concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de sus medios de vida sin el riesgo de sanciones financieras inmediatas. Además, la ley faculta al Poder Ejecutivo a implementar regímenes especiales de pago y medidas impositivas que incluyan la prórroga de vencimientos y exenciones impositivas, en forma extraordinaria y por única vez, en las zonas afectadas, mediante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ahora ARCA, y la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Estos beneficios se otorgarán según la gravedad de los daños causados por el evento y su duración.
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