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» Comercio y Justicia
Fecha: 24/10/2024 17:37
Por Silvina Bazterrechea Se están llevando a cabo capacitaciones y ajustes de la estructura para enfrentar este cambio de paradigma. Se avanza con iniciativas como la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal, que, desde su puesta en marcha, ya resolvió 62 causas con un promedio de 45 días y recuperó casi $100 millones mediante acuerdos de reparación integral A comienzos de 2024 el Gobierno de Javier Milei publicó en el Boletín Oficial el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para acelerar la implementación del Código Procesal Acusatorio en todo el país. El decreto le quitó a la Comisión Bicameral creada para la implementación del nuevo Código la facultad de establecer el cronograma de ejecución del nuevo sistema y se la pasó al Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. El nuevo régimen procesal penal, sancionado en 2014, introduce un modelo de justicia oral, ágil y eficaz, que moderniza los mecanismos de persecución penal e incorpora nuevas herramientas para la investigación del narcotráfico, la corrupción y la trata de personas, entre otros fenómenos criminales que forman parte de la competencia de la justicia federal. La Comisión Bicameral habilitó el nuevo sistema en las provincias de Salta y Jujuy en 2019 pero, luego de ello, el trabajo de implementación se detuvo y no registró nuevos avances. Tras el decreto, se sumaron Rosario, Mendoza, San Juan y San Luis . El 4 de noviembre lo harán Neuquén y Río Negro y el 2 de diciembre, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego. En los próximos dos años culminará su aplicación en todo el territorio nacional, según anticipó el Gobierno Nacional. El modelo acusatorio federal asigna a los fiscales la responsabilidad de investigar y promover las causas judiciales. Además, les otorga mayores facultades para realizar acuerdos de conciliación y reparación integral, con el objetivo de evitar juicios y reducir la carga del sistema penal en casos de menor complejidad. También permite que los fiscales impulsen el decomiso de bienes utilizados en la comisión de delitos. A su vez, el nuevo Código Procesal Penal Federal, implementado según la ley 27063, elimina el expediente en papel, introduciendo la digitalización, el expediente electrónico y la firma digital, lo que agiliza los procesos judiciales. Las audiencias orales se llevan a cabo con la presencia del juez, las partes, el imputado, la víctima y la querella, permitiendo un contacto directo del magistrado con el conflicto. Además, los tiempos para la toma de decisiones se aceleran significativamente. Córdoba se prepara Según pudo conocer Comercio y Justicia, en la Justicia Federal de Córdoba, el sistema acusatorio se aplicará a comienzos del año próximo. En ese marco, ya hay reuniones de trabajo y capacitaciones de los operadores judiciales para prepararse a un cambio de paradigma en la forma de administrar justicia. Algunas pruebas pilotos han dado excelentes resultados, es el caso de la Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal de la ciudad de Córdoba que comenzó a funcionar a comienzos de año. Esta dependencia fue creada para colaborar con todas las fiscalías federales con asiento en la ciudad de Córdoba y concentrar las causas simples para que se resuelvan a través de institutos del nuevo sistema procesal penal federal. La Oficina de Medidas Alternativas al Proceso Penal está conformada por un auxiliar fiscal y tres agentes. Durante este primer año la oficina quedó a cargo del fiscal general, Carlos Gonella. Según datos brindados desde la Oficina, desde febrero a la fecha ingresaron 131 causas derivadas de las fiscalías de la ciudad de Córdoba. De ese total de casos, 62 se resolvieron con un promedio de 45 días a través de una medida alternativa. Además, se logró recuperar casi $100 millones producto de medidas vinculadas con la reparación integral a la víctima. Los delitos que fueron investigados están vinculados con falsificación y uso de documento público, evasiones fiscales, encubrimiento, fraudes a la administración pública, falsificación y circulación de moneda falsa y estafa de diferente índole. La dinámica de la oficina es sencilla. La causa ingresa y el personal se comunica con las partes por medio del abogado o, en caso de no tener representación, se hace el contacto directamente con la persona que hizo la denuncia. El paradigma sobre el cual se trabaja es el de la justicia restaurativa, aplicando soluciones que eviten un juicio oral y echando mano a medidas alternativas que prevé el Código Penal. Estas causas consideradas simples, están destinadas a prescribir, porque no son consideradas relevantes para el sistema judicial, lo que no quiere decir que no sean importantes para la persona que fue víctima de un delito. En una segunda etapa, se espera que también las fiscalías del interior de la provincia deriven las causas menos complejas para su tratamiento a esta Oficina. A su vez, Gonella anticipó a este medio que es inminente la conformación de lo que se denominará una Mesa Única de Entradas que, una vez en marcha el sistema acusatorio, se convertirá en una Oficina de Atención Inicial. Esta Mesa Única tiene funciones muy importantes y requiere de personal capacitado. Es la encargada de la recepción de denuncias, la derivación de casos, la aplicación de medidas alternativas. “Esta Mesa no tendrá las mismas funciones que una Oficina de Atención Inicial porque todavía no rige el sistema acusatorio; no vamos a recibir todas las denuncias pero sí nos permite aproximarnos para ir viendo el flujo de casos que tenemos”, explicó el fiscal General. Gonella destacó que de lo que se trata es de ir ganando tiempo: “No queremos que llegue la fecha y no tener nada, sabemos que la implementación es el año que viene y nos estamos preparando para que sea más fácil” . “Esto es un cambio de paradigma, en Córdoba estamos trabajando como si estuviéramos en el año 1939, cuando se sancionó el Código Vélez”, agregó. En las provincias de Salta y Jujuy, que visitó el fiscal General junto con un grupo de empleados y funcionarios de la justicia federal de Córdoba para interiorizarse sobre cómo se aplican en estas provincias el nuevo sistema acusatorio, Gonella describió los cambios que se avizoran: “El cambio es radical, se introduce la oralidad como método de resolución de conflictos, desaparece el expediente escrito, hay un legajo donde van quedando rastros o constancias de diligencias probatorias y la prueba que se va a usar para una condena o no es la que se produce en el juicio oral. Esto implica una nueva dinámica de trabajo y, en lugar de dedicarnos a amontonar papeles, todo se resuelve de manera oral, incluso las etapas preliminares”. Recursos Gonella consideró que la justicia federal de Córdoba está preparada y están dadas las condiciones para encarar esta demorada reforma. Recordó que el Ministerio Público de Córdoba cuenta hoy con un edificio propio, algo esencial para que el sistema acusatorio funcione como la norma prevé. Aunque consideró que se necesitarán más auxiliares fiscales para asistir a los fiscales que tendrán más cantidad de audiencias remarcó que de lo que se trata es de gestionar en forma eficaz los recursos humanos disponibles, que muchas veces, están desperdiciados en la lógica burocrática del sistema judicial. A modo de ejemplo, subrayó que actualmente la justicia federal de Córdoba tiene dos trabajadoras sociales, dos psicólogas, dos licenciadas en recursos humanos que están subutilizadas, algunas de estas personas instruyendo causas. ”Esas personas probablemente deben trabajar en la oficina de atención a la víctima o en la oficina de gestión judicial”. “Se trata de reconvertir nuestros recursos. De tener una política más eficiente de gestión de las causas, utilizar debidamente los recursos para ocuparnos de las cosas importantes y dar salidas alternativas a otras”, aseguró Gonella, quien advirtió que ya no se puede pensar en un modelo de un empleado en su escritorio, callado, que va trabajando sobre un expediente y después se junta con el prosecretario o con el fiscal en solitario. “Este modelo implica un trabajo más colectivo e interdisciplinario”. En números En el primer semestre del año, la Oficina Judicial Penal Federal de Salta informó que se solicitaron, fijaron y realizaron un total de 1.487 audiencias, con un tiempo promedio de 31,6 minutos por audiencia y una duración media de 49,25 días para dar por cerrado el caso. En la jurisdicción de Rosario, por su parte, entre el 5 de mayo y el 18 de septiembre ingresaron 108 carpetas en la etapa de garantías. De ellas, 39 fueron cerradas y 69 seguían en trámite. Además, se agendaron 157 audiencias, de las cuales se realizaron 140, con una tasa de éxito de 92,7%. En Mendoza, a un mes y medio de la implementación del nuevo esquema procesal, se registraron 107 solicitudes de audiencias correspondientes a 95 carpetas judiciales, y el 100% de las audiencias programadas se llevaron a cabo exitosamente. La puesta en marcha del sistema acusatorio requirió adecuaciones en infraestructura y personal. En Rosario y Mendoza, estas obras representaron una inversión cercana a los 736 millones de pesos. En Rosario, las mejoras incluyeron la adecuación del edificio de Boulevard Oroño 940, donde se reformaron tres salas de audiencias y se construyó una nueva para el Tribunal Oral Criminal N°3. En Santa Fe, las obras realizadas incluyeron la mejora de la sala de audiencias y la alcaidía judicial del Tribunal Oral Criminal Federal en la calle Primera Junta 2687, y la reparación de cubiertas en los Juzgados Federales 1 y 2. La inversión total para todo ello fue de $658.887.394. Asimismo, en la jurisdicción de Mendoza las refacciones incluyeron la puesta en valor de cuatro salas de audiencias en el edificio de España 483 y mejoras en San Rafael y San Juan, con una inversión de $75.933.686,67.
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