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Gualeguaychu » El Argentino
Fecha: 24/10/2024 12:20
Por Mónica Farabello Fueron meses de idas y vueltas entre los funcionarios de Davico y los ex funcionarios piaggistas. Audios filtrados, presentaciones en la Justicia y más. Desde la actual gestión se quiso instalar el tema de una supuesta “falsificación de documentos públicos”, respecto a la finalización (o no) de una obra en el Parque Industrial Seco que impulsó la gestión saliente. Esta colocación del tanque de agua terminó en la Justicia. Meses después, el Fiscal Gutiérrez determinó su archivo por entender que no hubo delito y tampoco “dolo”, es decir, no se encontró intencionalidad de causar daño al Municipio. EL ARGENTINO conversó con el abogado Luciano Legascue, quien representó a la Metalúrgica D-A. Indicó que acercaron a la Fiscalía “una serie de consultas y conversaciones de Whatsapp, de gente de la empresa que desde el minuto cero de la actual gestión, trató de contactarse con distintos funcionarios a los efectos de llevar a cabo el montaje de la etapa final de la obra pública”. “Nosotros acompañamos la idea de demostrar cuál fue la voluntad de la empresa, a raíz de la frustración de colocación por causa del clima. Nosotros buscamos fundar en términos técnicos la falta de dolo, es decir, la ausencia de una intencionalidad por parte de la empresa de llevar a cabo un cobro irregular”, dijo el abogado y agregó: “Lo que se decía en esa conversación era ‘quiero terminar, quiero terminar, quiero terminar, para después cobrar’”. Legascue se hizo eco de los audios entre Domingo Carrazza y Carlos García y aseguró que fueron parte fundamental para aclarar lo ocurrido. “Esto iba en la misma línea, por lo cual lo que yo hice, apenas presenté conjuntamente la presentación de esa evidencia, fue hacer una suerte de análisis de lo que evidenciaba esa conversación y también las testimoniales”. “Primero fue a declarar Domingo Carraza, después declaró Luciano Garro, después declaró Sartori, que era del municipio, y otra persona más del municipio que no recuerdo en este momento”, detalló el letrado. La falta de respuesta del Municipio Con la gestión actual ya en marcha, las respuestas no llegaban. Se pudo demostrar que desde la empresa buscaban comunicarse para finalizar la obra, y luego poder cobrar el dinero. “Desde la empresa me manifestaron a mí, que veían el desinterés del Municipio por ejecutar la obra. Ahora bien, que ese desinterés termine en una denuncia penal, ya es otro tema. Porque antes de la denuncia penal, es una cuestión de naturaleza y cumplimiento de obligaciones técnicas administrativas. Los intentos de la empresa siempre fueron informales, a través de conversaciones de WhatsApp. Nunca formalizó una intimación para llevar a cabo la finalización de la obra. Lo que pasa es que después se desayunaron con la denuncia. Una cosa un poco rara”, opinó Legascue. Asimismo, destacó el trabajo del Fiscal Gutiérrez. “El Fiscal fue muy responsable con la investigación. Porque no agarró la denuncia, hizo dos pavaditas, y archivó. No, no fue así. El fiscal fue bastante insistente con la investigación. De hecho, yo le presenté el pedido de archivo y él no me lo dio automáticamente. Me respondió que estaba trabajando en producir un poco más de pruebas. Se trata de un archivo extremadamente fundamentado. No quedaron cuestiones por dilucidar; no quedaron dudas”, cerró. ¿Se puede apelar la decisión de la Fiscalía? El abogado de la empresa metalúrgica dijo que sí, se puede manifestar la disconformidad de lo actuado y para eso hay un plazo estipulado. En este caso, sería el Ejecutivo municipal quien tome la decisión de hacerlo. Hasta el momento, y 48 horas después de haberse conocido la decisión judicial, el silencio es absoluto, aunque no se descarta algún comunicado formal. “El denunciante puede no conformarse con la disposición del archivo y pedir una revisión. Ellos tienen la posibilidad. Yo honestamente, y me aparto un poco del posicionamiento del defensor, creo que se nota que el hecho no tiene intencionalidad. En cuestiones terminológicas penales, requiere que haya una intencionalidad de generar una disposición ilegal. Eso no sucedió. Y está claro que no sucedió”. “Entiendo que esta cuestión tendría que haber sido abordada en términos administrativos y no judiciales. Está claro que la judicialización de la política, es inaceptable. Mi opinión es que esto generó un fenómeno judicial tremendo. A una fiscalía se le genera una carga laboral importante. Estuvimos una mañana entera con la testimonial de Carrazza y Garro. Esto quizás tendría que haberse resuelto puertas adentro”, indicó el abogado. Todo este proceso dejó sus secuelas: Para el Municipio representa un nuevo revés en sus denuncias que no llegan a buen puerto y que podrían afectar su credibilidad ante la gente; por parte de Carlos García, se habla de secuelas personales por el mal momento atravesado; mientras que desde la empresa señalan una afectación de naturaleza económica. “La empresa acostumbra a participar en licitaciones; acostumbra a llevar a cabo obras públicas a lo largo y a lo ancho del país, y la verdad es que quizá ellos, en mi opinión, lo vayan a resolver un poco más con practicidad. Querían sacarse este problema de encima y seguir trabajando. Por suerte quedó todo aclarado”, cerró el letrado.
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