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» Primiciascorrientes
Fecha: 23/10/2024 11:20
Los fiscales de Goya, Guillermo Barry y Juan Carlos Castillo, comunicaron esta mañana su rechazo al acuerdo económico planteado por Leonardo Cositorto para reparar los daños sufridos por las víctimas de la presunta estafa de Generación Zoe en esa provincia. Fue luego de la decisión tomada en la revisión de la Fiscalía General de Corrientes, a cargo de César Sotelo. Los representantes del Ministerio Público habían considerado la posibilidad de esta salida alternativa al Tribunal de Goya, en el que, mediante un juicio abreviado, el líder de Generación Zoe y el resto de los cinco imputados aceptaban su culpabilidad, a cambio de una reparación económica para los 98 damnificados. Sin embargo, el jefe de los fiscales advirtió que de esta manera se daría un mensaje dañino para el ejemplar ejercicio de la justicia. En el dictamen, al que tuvo acceso Primicias Corrientes, Sotelo puntualiza: “Estamos en presencia de un caso grave, que ha suscitado gran conmoción en la ciudad de Goya y ha afectado a un gran número de víctimas, y que si bien una de las calificaciones legales enrostradas a los imputados es un delito patrimonial no puede perderse de vista que también se le recrimina a los imputados la comisión del delito de asociación ilícita, en diferentes roles y, en este orden de ideas, se halla gravemente lesionado el orden público”. Para el jefe de los fiscales, “no resulta negociable que no se juzgue a los nombrados en un debate oral y público por la comisión de los delitos atribuidos y se trate de arribar a una solución de carácter dinerario, cuando existieron distintos bienes jurídicos que se hallaron comprometidos con el accionar de los encartados, máxime teniendo en consideración la existencia de una causa anterior, de similares características, que se ventiló ante los estrados de esta provincia, donde recayó condena”. En esa línea recordó que el Ministerio Público Fiscal es el órgano estatal “incardinado en velar por la defensa de la legalidad y de los intereses generales de la sociedad” y que su intervención en el proceso se justifica “por el interés público comprometido en la relación jurídica de fondo y/o por la faz pública del proceso en sí”. Además, hizo hincapié en lo que consideró “la misión más importante de los fiscales”: “Afianzar la legalidad y los intereses generales de la sociedad”. Por esa razón, sugirió a Barry y a Castillo que continúen con el juicio contra Cositorto, sugerencia que los fiscales acataron.
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