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  • Exjuez dijo que el STJ falló a favor de Urribarri "para que se demore la ejecución de la condena"

    Parana » Plazaweb

    Fecha: 22/10/2024 23:24

    Hugo Perotti, exjuez de la Cámara de Casación Penal de Paraná e integrante de la asociación Entre Ríos sin Corrupción, cuestionó la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia (STJ) que este martes habilitó a los condenados por el megajuicio, entre ellos el exgobernador Sergio Urribarri, a llevar su reclamo ante la Corte Suprema de Justicia. "Se utilizó un artilugio legal para que se demore un par de años más la ejecución de la condena", lanzó. Lo que sucedió en la resolución que se conoció hoy fue que se revirtió lo antes resuelto por el máximo órgano de Justicia de la provincia y para esto fue clave el cambio de postura de la vocal Gisela Schumacher, quien había votado el rechazo del recurso en un primer momento y ahora votó a favor. Schumacher votó favorablemente junto a Germán Carlomagno, mientras que Miguel Giorgio votó en disidencia en contra del planteo defensivo. De esta manera, las condenas contra Urribarri, Pedro Báez, Juan Pablo Aguilera y el resto de los condenados en la causa conocida como megajuicio quedaron en suspenso hasta tanto resuelva la Corte Suprema. Esto demorará el cumplimiento de dichas condenas puesto que el máximo tribunal nacional suele tomarse varios años para analizar los planteos. En diálogo con el programa Puro Cuento (Radio Plaza), el exvocal Perotti consideró que la resolución de la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia tiene ese efecto: demorará la ejecución de la condena. "Me cuesta entender lo que se ha resuelto. Me cuesta aceptarlo. No me atrevería a decir que haya dos varas, lo que sí puedo decir es que es una decisión extremadamente criticable porque se aparta del criterio que venía imperando", dijo. También consideró que las condenas ya debían comenzar a ejecutarse hace tiempo, cuando el STJ rechazó un recurso de queja. "Hace unos meses rechazó el recurso de queja y ya ahí la ejecución de la sentencia estaba habilitada. Así era la jurisprudencia de la Sala tiempo atrás. El tema ahora es muy técnico, procesal y difícil de entender", afirmó. Enseguida, analizó el reciente fallo que habilita el camino a la Corte y apuntó al voto de la vocal Schumacher: "La cuestión es que una sentencia de un tribunal colegiado debe resolverse al menos por mayoría, y que no sólo deben coincidir por el sí o no, sino también en los fundamentos. Aquí, según el tercer voto de la sentencia (NR: de Schumacher) dice que no habría una concordancia entre los votos de ella y otro vocal. Pasando en limpio, según esta mirada, no hubo coincidencia de dos votos en cuanto a los fundamentos. Me parece que es un error. Había perfectamente coincidencia y estaba perfectamente habilitado el rechazo". "Me parece que se utilizó un artilugio legal para conceder un recurso ante a Corte para que se demore un par de años más la ejecución de la condena, que ya debe estar ejecutándose", sentenció el exmagistrado. La resolución Por mayoría, con disidencia del vocal Giorgio, la Sala Penal del STJ resolvió conceder los recursos extraordinarios federales, interpuestos por Urribarri, Gerardo Caruso, Corina Cargnel, Emiliano Giacopussi, Juan Pablo Aguilera y su esposa Luciana Almada, contra la sentencia que resolvió el recurso de queja, en lo que respecta a la causal de arbitrariedad por la falta de conformación de mayoría. Por otra parte, resolvió por mayoría, conceder el recurso extraordinario federal a Pedro Ángel Báez, contra dicho pronunciamiento, en cuanto a la denuncia de exceso ritual manifiesto. Megajuicio En el megajuicio que se realizó en 2022 se condenó a Urribarri a ocho años de prisión por delitos contra a la administración pública, mientras que otros funcionarios y allegados recibieron penas menores. El juicio abordó cinco causas interrelacionadas, destacando la "causa de las imprentas", que reveló cómo se formó una empresa para beneficiarse de la pauta publicitaria estatal. También se condenó la contratación irregular de la empresa Global Means por parte del gobierno provincial. Por último, se investigaron irregularidades en el financiamiento de la campaña presidencial de Urribarri, vinculado a proyectos como un parador en Mar del Plata y publicidad durante la Cumbre del Mercosur. Las contrataciones del Estado estaban orientadas a promover su precandidatura. Escuchá la entrevista completa:

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