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Concordia » Despertar Entrerriano
Fecha: 22/10/2024 19:27
Recientes investigaciones revelan un fenómeno en la provincia de Entre Ríos: 427 abogados mantienen su matrícula vigente para ejercer como letrados mientras ocupan cargos en diversas reparticiones estatales. Esta situación plantea importantes interrogantes sobre cómo estos profesionales logran cumplir con sus obligaciones en la función pública y, a la vez, en el ejercicio de su profesión liberal. La legislación provincial establece una clara incompatibilidad para aquellos profesionales que desempeñan funciones en el ámbito estatal. La ley de incompatibilidad de cargos públicos (N° 4.713) prohíbe a los empleados del Estado asesorar, representar o patrocinar a personas físicas o jurídicas en asuntos judiciales en los que el Estado tenga interés. Sin embargo, la realidad muestra que muchos abogados no solicitan la inhabilitación de su matrícula a pesar de tener responsabilidades que deberían ser incompatibles con el ejercicio de la abogacía. Entre los 4,700 abogados matriculados en la provincia, se ha identificado que una parte significativa, específicamente 392 letrados, se encuentra en funciones dentro del Poder Judicial, lo que les impide litigar. Un pequeño grupo de 94 profesionales tampoco tiene la matrícula habilitada, pero ocupan cargos en la administración pública, como el Consejo Provincial de la Niñez, la Fiscalía de Estado, y otros organismos. Por lo tanto, de los 427 abogados mencionados, muchos están en una posición de privilegio, a menudo en roles de liderazgo o representación política. Estos profesionales están en contacto directo con decisiones que pueden influir en el ámbito judicial y administrativo, creando un ambiente propenso a conflictos de interés. La complejidad de esta situación se agrava cuando se observa que algunos de estos letrados defienden a acusados en casos de corrupción que podrían involucrar a otros funcionarios públicos. La intersección entre sus roles en la administración pública y su actividad profesional despierta cuestionamientos sobre la ética de sus decisiones y la imparcialidad de la justicia en la provincia. Ante esta situación, surge una necesidad urgente de revisar las normativas vigentes sobre la incompatibilidad de cargos. La ley, promulgada en 1984, ha quedado desactualizada y no contempla situaciones actuales donde los abogados puedan ejercer simultáneamente en la función pública y en el ámbito privado. La falta de claridad y especificidad en la legislación provoca un vacío que puede ser explotado, permitiendo que se continúe con prácticas que contradicen los principios de ética y justicia. Es fundamental que se establezcan reglas claras y coherentes que regulen la actividad de los abogados en la función pública, garantizando la transparencia y la equidad en la administración de justicia. La comunidad entrerriana merece un sistema donde la legalidad y la ética prevalezcan sobre intereses particulares. La situación de los 427 abogados con matrícula vigente que también ocupan cargos públicos en Entre Ríos revela un entramado complejo de relaciones y conflictos de interés. Para preservar la integridad de la administración pública y la justicia, es imprescindible una revisión y actualización de las normativas que regulan el ejercicio de la abogacía en la función pública. Fuente: Análisis – Despertar Entrerriano
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