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» Diario Cordoba
Fecha: 22/10/2024 18:49
Los desfases en la implementación de los planes de empleo, desde el período político 2015 y 2019, además de otras reclamaciones patrimoniales y la imposibilidad legal de aplicar normativas específicas, todo ello en el capítulo de Recursos Humanos, han generado una deuda aproximada de dos millones de euros en el Ayuntamiento de Lucena. El gobierno municipal popular achaca este déficit a «la dejadez» y «al desastre» en la gestión de los anteriores responsables políticos socialistas, culpando directamente a Teresa Alonso, portavoz actual del PSOE, y, en aquel entonces, concejala de Personal. Un total de 49 sentencias, ratificadas por el TSJA después de un primer pronunciamiento del Juzgado de lo Social de Córdoba, prueban que el Ayuntamiento «vulneró» al principio fundamental de «igualdad de puesto, igualdad de salario», resumió ayer el concejal de Recursos Humanos, Francis Aguilar. Por estos fallos, el Consistorio acaba de firmar un reconocimiento de obligaciones de 568.000 euros. En el final del mandato 2015-2019, el Consistorio, «voluntariamente», insistió Aguilar, aceptó unas subvenciones de la Junta para desarrollar programas de empleo y conectó las retribuciones salariales a las ayudas recibidas, en vez de ligarlas a las funciones desarrolladas. Desde el gobierno municipal temen otro bloque de sentencias desfavorables, con un importe global de 170.000 euros. Este montante se une a la deuda contraída con la Seguridad Social, en su mayor porcentaje, igualmente, originada por los desajustes en las cotizaciones de los planes de empleo, y que asciende a un millón de euros. De esta cifra, el Consistorio ha satisfecho un 30%. En el mismo sentido, el equipo de gobierno reprocha a los anteriores gobiernos socialistas el gasto de hasta 200.000 euros en la elaboración de una Valoración de Puestos de Trabajo incompatible con la ley de presupuestos o la multa de hasta 250.000 euros por dos casos de acoso laboral en la plantilla municipal. A estos abonos se añade la contratación de un servicio jurídico externo.
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