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» Diario Cordoba
Fecha: 22/10/2024 09:37
El juzgado de lo Penal número 4 de Córdoba ha autorizado a la Agencia Tributaria a utilizar la información recabada en la operación Fénix para reclamar posibles deudas a los joyeros procesados en esta macrocausa. Como se recordará, un centenar de personas y una veintena de empresas se sentaron en el banquillo de los acusados en octubre de 2019 por, presuntamente, defraudar 154 millones de euros a la Hacienda pública en la compraventa de oro. En junio de 2020 se conoció una primera sentencia absolutoria de este juzgado, que posteriormente fue confirmada por la Audiencia provincial de Córdoba. Después de esto, la abogada del Estado ha solicitado autorización para emplear la información y los documentos probatorios obtenidos en las diligencias desarrolladas por el juzgado de Instrucción número 2 de Córdoba. Esta información ya se encuentra en poder de la AEAT, porque funcionarios de este organismo participaron en las diligencias realizando funciones de auxilio judicial. La abogada del Estado pide ahora utilizar esos datos para realizar una inspección fiscal porque no ha prescrito el derecho de la Administración a determinar la deuda tributaria mediante una liquidación, según recoge el auto dictado por el Penal 4. La Fiscalía provincial se ha manifestado a favor de esta cesión de información, contemplada en la ley General Tributaria, que establece el deber de juzgados y tribunales de ceder los datos que se desprendan de las actuaciones judiciales. Una operación que dura dos décadas El presunto fraude a Hacienda se habría cometido entre los años 2002 y 2006, cuando algunos joyeros fueron detenidos. No obstante, el juicio se celebró 13 años más tarde. Una de las claves de la absolución de los encartados fue la imposibilidad de abrir una cinta (intervenida en la empresa barcelonesa donde, presuntamente, nació la trama) que contendría información fundamental para las acusaciones. Es por ello que algunas defensas de estos joyeros se han opuesto a la solicitud de la Agencia Tributaria argumentando que la prueba "no existe". También recuerdan que, según la sentencia, "nadie le debe nada" y que "el juez declaró que estaba mal hecha la liquidación".
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