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Usuhahia » Diario Prensa
Fecha: 22/10/2024 04:52
La acción había sido impulsada por el ex secretario administrativo José Gasc, a quien ahora los imputados evalúan denunciar por daños y perjuicios. El juez de competencia integral de la localidad mediterránea, Silvio Pellegrino, desestimó con sentencia firme y sin posibilidad de apelación la denuncia penal por presunta malversación de caudales públicos y encubrimiento que pesaba contra los concejales Matías Rodríguez Ojeda, Marcelo Muñoz, Jeanette Alderete y Rosana Taberna; y también contra el ex edil Norberto Dávila. Para el abogado que los representó, Raúl Paderne, Gacz “obró por enojo”. Luego de haber notificado de derechos y garantías procesales y formalmente imputado en una causa en la que se investigaba la posible comisión de los delitos de “malversación de fondos públicos” y “encubrimiento”, a los concejales en ejercicio Matías Rodríguez Ojeda, Marcelo Muñoz, Jeanette Alderete y Rosana Taberna; y al ex edil Norberto Dávila, el mismo juez José Pellegrino imprimió un radical giro al caso. Si bien el magistrado tolhuinense había en una primera instancia atendido el requerimiento del fiscal mayor de Río Grande, Pablo Bramati, quien en su momento consideró verosímil la denuncia del ex secretario administrativo del Concejo Deliberante de la misma localidad, José Gasc, decidió en las últimas horas desestimar la presentación en cuestión, con carácter de sentencia firme y sin posibilidad de apelación. Como se recordará, Gacz denunció, en el caso de Matías Rodríguez Ojeda, que el concejal había solicitado el pago de tres meses de gastos de representación para destinarlo a la compra de ropa en oportunidad de ser electo como presidente del Concejo en el año 2019; a Marcelo Muñoz por haber solicitado un anticipo consistente en seis meses de gastos de representación, arguyendo la necesidad de tener que trasladarse a Buenos Aires por razones de salud pero sin acompañar ningún certificado y por haber presentado tickets y facturas de compras efectuadas en una carnicería de Río Grande y en los locales de comidas Mostaza y Lomitos Beto´s del Shopping Paseo del Fuego de Ushuaia, sin tampoco justificar la pretensión de reintegro. En aquel momento también fueron notificados de derechos y garantías procesales el ex secretario administrativo Ezequiel Pacheco Huergo y Luis Walter, responsables de diligenciar los libramientos de los cheques que luego cobrarían, en concepto de reintegros, Rodríguez Ojeda y Muñoz. El fiscal Bramati además había ido contra Alderete, Taberna, Dávila y Muñoz, porque los consideró partícipes por omisión de las supuestas irregularidades investigadas en torno al accionar del presidente del cuerpo colegiado tolhuinense, Matías Rodríguez Ojeda, presumiendo que ello pudo haberse debido a que pretendían manipular en algún modo a Rodríguez y extorsionarlo a la hora de las votaciones. Sobre el razonamiento del fiscal, el abogado de Ushuaia Raúl Paderne, quien asumió el patrocinio legal de los imputados, opinó al ser consultado por la prensa en el día de ayer: “Esto ya es pasado. El juez de la causa desestimó el requerimiento fiscal después de realizar una serie de investigaciones sobre actividades que podían ser consideradas delictuales y concluyó finalmente que no. Más allá de mi función de defensor entiendo que no hubo siquiera una sospecha sostenible de una actividad ilegal. Se puede pensar que administrativamente hubo incumplimientos y desprolijidades relativas, pero bajo ningún punto de vista hubo una actividad delictual. Los gastos respondían a actos administrativos y resoluciones del Concejo y no se realizaron actividades que no fueran coherentes con ellas”. Paderne consideró asimismo sobre la presentación impulsada por Gacz que “la denuncia contra los concejales tuvo una intencionalidad personal bastante marcada y carecía de sustento. Se pretendió poner un manto de sospecha sobre la actividad de los ediles y fue una cuestión de un enojo de alguien por una situación laboral que no se sostuvo. El denunciante tuvo la oportunidad de aportar toda la documentación que quiso, pero la verdad es que todo estaba en el marco de legalidad de las normas jurídicas que rigen la actividad de los concejales y no hubo ningún indicio de gastos impropios o malversación de caudales. Lo que ocurrió es que se imputó sin ninguna justificación legal, a tal punto que ni siquiera se le tomó declaración indagatoria a nadie porque se desestimó el requerimiento del fiscal”. En relación a la misma denuncia, Paderne anticipó que sus clientes están evaluando la presentación de una demanda civil contra el ex secretario administrativo José Gasc por daños y perjuicios. Es de destacarse también que el promotor de la denuncia contra los concejales está actualmente litigando en la esfera laboral contra el Concejo Deliberante por haber sido desvinculado del organismo con fecha previa a la presentación contra los ediles. José Armando Gasc encabeza además otra causa judicial por haber radicado en la comisaría de Tolhuin una denuncia por amenazas contra Matías Rodríguez Ojeda, acusando al edil de haberle advertido, al cruzarse con él en la vía pública: “Cuidate porque te vamos a hacer mierda”. Finalmente y sobre la contundente sentencia emitida por el juez de Competencia Integral de Tolhuin, Silvio Pellegrino, el letrado Raúl Paderne concluyó: “El fallo se basó en un dictamen del Tribunal de Cuentas que ya había sido emitido con anterioridad a la denuncia, y esa resolución judicial quedó firme porque la Fiscalía no apeló”.
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