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» Diario Cordoba
Fecha: 21/10/2024 18:06
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha rechazado la querella que interpuso el PP contra el PSOE a partir de una información basada en "dos informantes anónimos" por supuestamente haber recibido en su sede central, en la madrileña calle de Ferraz, dos entregas de dinero en efectivo en una bolsa de plástico. El magistrado, que afirma que "se precisa algo más" para poder querellarse con algún éxito, actúa en consonancia con la Fiscalía Anticorrupción, que el pasado jueves informó que el partido conservador no aportaba indicios suficientes para abrir una causa contra los socialistas por financiación ilegal. Pedraz recuerda que una denuncia anónima tiene plena validez para iniciar una investigación, siempre que las informaciones vengan avaladas por datos corroboradores. La del PP se basó en publicaciones en prensa de manifestaciones de dos empresarios a los que no se identificaba en forma alguna ni en las noticias ni en la querella. En este caso agrega que “con carácter general, una noticia por sí sola, no legitima a ningún accionante popular para convertir el relato periodístico en un relato de hechos punibles desencadenantes del proceso penal. Se precisa algo más.” Al presentar la querella, los populares solicitaban también personarse en la causa que la Audiencia Nacional ya investiga sobre un presunto fraude millonario de 182 millones de euros en hidrocarburos, en el que también estaría implicado el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, que permanece en prisión de forma preventiva. En su resolución el magistrado admite su personación junto a la de Hazte Oír, Manos Limpias y Vox una vez que paguen una fianza de 10.000 euros. Precisamente en un segundo auto conocido este lunes, el juez también rechaza excarcelar por el momento al empresario, porque hay "múltiples diligencias que aún están pendientes" y debe analizarse lo hallado en los registros. Añade que una parte importante de lo defraudado (73.902.852 euros) podría haber sido transferido a cuentas en el extranjero y es preciso proceder a su localización y bloqueo, así como determinar las operaciones de blanqueo presuntamente ejecutadas. Esas medidas “se verían frustradas o, al menos, dificultadas, si el investigado se encontrara en libertad”, concuye el juez. Pedraz se toma su tiempo para recordar que la jurisprudencia exige que las informaciones que pueden servir para la apertura de una investigación estén "sustentadas en algún dato, hecho o circunstancia de conocimiento que sirva para delimitar una conducta típica y su atribución a la persona querellada". En el caso de la querella del PP, ese “algo más” que se necesitaría para abrir una causa no se da, porque "de lo actuado hasta la fecha en la presente causa no aparece vinculación alguna con lo denunciado", es decir, una presunta financiación ilegal. Incluso, advierte el magistrado, “aparecen contradicciones de los denunciantes anónimos, como señala el ministerio fiscal al señalar que la tramitación corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y no al director del Gabinete del Ministro de Industria, a lo que une un informe que aparece en unas diligencias previas del Juzgado Central de Instrucción 2", en el que se investiga el caso Koldo, lo que "contradice también a dichos denunciantes”. La querella presentada por el PP se basaba únicamente en la supuesta confesión de dos empresarios a un medio de comunicación digital, que no reveló la identidad de los informantes. "Como relata el denunciante anónimo en su testimonio, el pago de 90.000 euros en efectivo en la sede del PSOE se habría realizado en dos entregas, en octubre de 2020. Un dinero que 'fue transportado en una bolsa de plástico', resultando llamativo que, en su visita a la sede del citado partido político, no se le pidiera documentación alguna y se le preguntara expresamente si venía de parte de Aldama, de lo que se desprende que trabajadores del PSOE conocían a este último, y que esperaban la visita de otras personas en su representación", afirmaba el escrito.
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