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Gualeguaychu » El Dia
Fecha: 21/10/2024 15:21
En declaraciones realizadas al programa A Quien Corresponda (Radio Plaza), Sanzberro admitió “no tener constancia de que esto así sea, pero si hay una denuncia es un tema bastante sencillo: no hay impuesto, sin ley. Si concretamente no hay ley que autorice el superior gobierno de la provincia a emitir adicional o un recargo sobre el impuesto, es una cuestión de analizar la normativa vigente, tarea que nos daremos prontamente, estoy llegando mañana a Paraná y en base a esto tomaremos una posición. Si no corresponde, no corresponde”. La denuncia del extitular de Aduana, Guillermo Michel, sostiene que “la ley 10.270 de diciembre de 2013 modificó el Código Fiscal de la provincia de Entre Ríos, estableciendo un adicional de un 20 a un 30% sobre el impuesto inmobiliario y automotor, y en consecuencia las boletas del impuesto se identifican a través del ítem Fondo de seguridad social Ley 10.270”. “Es algo elemental en materia de tributación. Tengo que mirar, hacer un acopio de la normativa vigente, de su reglamentación y, en principio, la regla rectora es que no hay impuesto, sin ley. Si no hay ley que autorice, no se puede facturar un impuesto”, reiteró. Asimismo, Michel planteó que ese adicional se prorrogó hasta diciembre de 2023, a lo cual Sanzberro aclaró que “en 2024 no se sancionó una nueva prórroga, así que es altamente probable que la denuncia esté en lo cierto”. “No hay impuesto sin ley. Sí es factible prorrogar la vigencia de una ley mediante otra ley, no por resolución ni arbitrio reglamentario. Si se está cobrando no es sólo una desprolijidad, sino que es más serio porque hablamos de si se tiene sustento legal o no”, sentenció. Presupuesto 2025 Consultado respecto de la discusión por el Presupuesto provincial 2025 que presentó el gobernador, el legislador señaló que “es un tema que tiene sus particularidades; por un lado, te dicen que el presupuesto es la ley de leyes, que es el programa de gobierno, tiene una formulación, una discusión, una sanción…todo es la teoría. Pero luego tenemos la práctica, y allí tenés un plan de gobierno que se contextúa en un entorno”. “Lo que adelanto es, de movida, que el entorno es tremendamente difícil. Y en esto no le voy a sacar el hombro a ninguna discusión y voy a darlas absolutamente a todas, y ese entorno es extremadamente difícil, en parte, por una pesada herencia recibida. Y de esto nos tenemos que hacer cargo desde el espacio político al que yo pertenezco. Pero también en buena parte es por el rumbo que se elige. En julio se firmó el Pacto de Mayo donde numerosos gobernadores de provincias, entre otros el nuestro, acordaron que el gasto público consolidado no represente más del 25% del PBI. El 15 de ese 25 es de Nación, y le quedan a provincia y municipio el 10. Lo de provincia y municipio en el 2023 fue el 18; así que, para poder cumplir con ese pacto, de adhesión voluntaria de los gobernadores, se está convalidando un ajuste importante”, analizó. Y agregó que “a eso hay que sumarle que, si se mira la ejecución del presupuesto público nacional, no se necesita ser experto para comprender que todo el peso del ajuste va cargado a la recesión; es decir, toda la motosierra, la licuadora o como se le llame, es bajar el consumo, caída de la actividad que provoca caída de salarios, caída de la inversión en el mercado interno, y todo termina en caída de ingresos. Los ingresos reales del presupuesto público nacional cayeron en el orden de 8 o 10 puntos, pero la caída del gasto es terriblemente más salvaje. El camino elegido es un camino de crueldad”. “Por eso desde la provincia en este contexto vamos a trabajar el Presupuesto, con las restricciones que esto impone. En una provincia como la nuestra donde las tres cuartas partes de los recursos provienen del gobierno federal”, sentenció. En este marco, Sanzberro aseguró que “políticamente le falta todo a Frigerio” para ser opositor al gobierno nacional, pese a haber reclamar ante la Corte Suprema por el recorte de fondos. “Si hay que llegar a una demanda judicial es porque la oposición política no existe. No creo en la judicialización de los temas políticos. Como hombre de la política, creo que la política debe fijar rumbos, debe fijar horizonte, debe proponerse objetivos, presentar metas y tiene que discutir con qué instrumentos va a trabajar para alcanzar esas metas, esos objetivos, esos rumbos y ese horizonte. Eso es política”. “A mí me toca ser legislador. No soy contador, ni tributarista, ni jurisconsulto, sólo tengo formación política y sé por formación política que la ley bases, el RIGI, el acuerdo de mayo no pueden ser nuestro norte. Si ese es nuestro norte, con todo el respeto del mundo, permítanme orientar la proa hacia el sur”, graficó. Rechazo a la adhesión al RIGI Consultado al respecto, el senador explicó que “está en tratamiento un proyecto de ley que tiene dos temas bien diferenciados; por un lado, adhiere al RIGI y, por otro lado, impulsa modificaciones a nuestro régimen de promoción industrial vigente, a la ley 11.071, que es una muy buena ley. A eso le llaman RINI, que no es nada nuevo, sino que son modificaciones puntuales a nuestro régimen de promoción industrial. Con eso estamos totalmente de acuerdo, con incorporar sectores, ventanilla única, darle operatividad a la norma, aprender de este año de vigencia y mejorarla, porque es una norma que se sancionó en el periodo anterior, que tiene un montón de consenso, que estuvo de acuerdo la Unión Industrial y los sectores de la producción y el trabajo”. “Con gusto trabajamos sobre todo esto, pero el problema es que en la misma ley que proponen, va esto y va la adhesión al RIGI. Es un caballo de Troya. El RIGI es un sistema de incentivo para grandes inversiones en varios frentes: son incentivos tributarios, aduaneros y cambiarios. Ese régimen está todo basado sobre el ejercicio de las potestades federales. Si vinieran fondos comunes de inversión a llevar a cabo un emprendimiento en la provincia de Entre Ríos, todos esos beneficios están en pie. Lo que pide el gobernador de la provincia es adherir a esa norma. Pero lo que nos preocupa extraordinariamente es que, si adherimos a esto, cualquier norma provincial que limite, vulnere u obstaculice un proyecto de inversión al amparo del RIGI resulta de nulidad absoluta. Concretamente adherir al RIGI es que las competencias de la provincia en materia tributaria, en materia regulatoria y en materia ambiental, si por alguna razón obstaculizan el desarrollo del proyecto, la adhesión las declara nula de nulidad absoluta e insanable. Y la justicia en forma inmediata debe impedir su aplicación”, explicitó. Como conclusión, advirtió que “esta norma deviene contraria al federalismo y tampoco es democrática, porque no respeta ni siquiera la división de poderes”. Fuente: Análisis
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