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» Barranquerasonline
Fecha: 18/10/2024 14:20
En el marco de las recientes tensiones por el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, desde la Universidad Nacional de Salta (UNSA) se difundieron cifras que revelan una realidad contundente: el 45% de los estudiantes del establecimiento proviene de los sectores de menores ingresos. El dato proviene de un informe del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE) de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNSA, basado en datos del INDEC y centrado en la provincia de Salta. El informe destaca que la universidad pública se convierte en una herramienta crucial para la inclusión educativa de jóvenes de bajos recursos, en contraste con las universidades privadas, donde solo un 17% de los estudiantes pertenecen a estos estratos económicos. Además, el documento destacó que apenas un 30% de los estudiantes de universidades públicas provienen de los sectores de ingresos más altos, lo que desmonta la reciente afirmación del presidente Milei, quien sostuvo que «la universidad pública nacional no le sirve a nadie más que a los hijos de los ricos y de la clase alta y media alta». En su discurso, Milei también aseguró que «la universidad dejó de ser una herramienta de movilidad social para ser un obstáculo para la misma». Sin embargo, el informe del IELDE, titulado «Ingresos familiares, pobreza y condiciones de vida de estudiantes universitarios en la provincia de Salta», refuta esta visión al señalar que el 77,4% de los estudiantes de la UNSA son de primera generación en acceder a la educación superior, un número que cae al 65,2% en el caso de las universidades privadas. «Un certificado de educación superior permite acceder a puestos de trabajo más productivos y mejor remunerados», recalcó el informe, subrayando que la educación superior pública continúa siendo un motor clave de movilidad social. Por su parte, el rector de la UNSA, Daniel Hoyos, habló con Ámbito sobre la auditoría que realizará la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a la universidad, afirmando que «nosotros siempre esperamos que llegue la auditoría y estamos continuamente siendo auditados por auditores internos, estamos tranquilos». El extitular de la Auditoría General de la Nación, Jesús Rodríguez, aseguró que “los presupuestos de las universidades nacionales se vieron reducidos en más del 30 por ciento en términos reales en este año”, en comparación con el período anterior, aunque remarcó que el pedido de auditorías no va en contra de la autonomía de las instituciones. En declaraciones a Cadena 3 Rosario, Rodríguez indicó que la caída de los presupuestos “se verifica básicamente en la caída del poder adquisitivo de los docentes, del salario de los docentes y de los trabajadores no docentes. Ese es un dato de la realidad”. En ese sentido, criticó la gestión nacional porque los fondos en educación se vieron reducidos en todos los niveles. “Uno podría decir como la educación primaria es muy importante, se focalizó en la educación primaria o en ciencia y tecnología, pero tampoco sucedió”, señaló y agregó que “también se redujo la transferencia del Estado nacional a las provincias del fondo de incentivo docente”. Asimismo, se refirió a la decisión del Gobierno nacional de autorizar a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) a auditar las universidades y sostuvo que «todo recurso público tiene que rendir cuentas» porque «es inimaginable que eso no suceda». «La rendición de cuentas no es un avance sobre la autonomía, todo lo contrario», agregó y dijo que no se debe generalizar la desconfianza hacia las universidades. Rodríguez, quien también fue ministro de Economía, colocó a la educación como fundamental para el progreso económico y social del país y señaló que Argentina “necesita mejorar la calidad de sus recursos humanos». En ese sentido, el extitular de la AGN recordó que, por ejemplo, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) aprobó las pruebas de transparencia que se realizaron cuando estaba a cargo del organismo y explicó que la SIGEN realiza el control interno y la AGN audita de forma externa. Sin embargo, recordó que durante 2022 desde la Procuración General del Tesoro se discutió que las auditorías iban en contra de la autonomía. Al respecto, indicó que “la auditoría no es obstáculo para la rendición de cuentas, todo lo contrario, tiene que haber más presupuesto, tiene que haber control” y criticó que “el Gobierno tardó 10 meses en tomar esa decisión y ahora habrá auditoría externa de la AGN”.
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