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Federal » El Federaense
Fecha: 18/10/2024 09:03
La reciente decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario ha generado una ola de reacciones en diversos sectores, especialmente tras la marcha universitaria masiva que reunió a docentes, alumnos y miembros de la oposición. Esta medida, que ahora se someterá a consideración del Congreso, ha desatado un debate intenso sobre el futuro de la educación superior en el país. El contexto del veto y su impacto El veto presidencial, que se conoce en un momento de movilizaciones y reclamos por parte de los actores involucrados en el sistema educativo, ha puesto a los legisladores en una posición delicada. El Congreso se prepara para una sesión especial el 9 de octubre, donde se evaluará la posibilidad de ratificar o rechazar esta decisión. Actualmente, los ojos están puestos en los diputados del PRO, cuyos enfoques sobre este tema son variados y han generado incertidumbre en torno a cómo podría desarrollarse la votación. Las reacciones en el bloque del PRO En los últimos días, se ha podido observar a figuras clave del PRO, como el diputado Álvaro González, participar activamente en la marcha. Por su parte, el legislador Héctor Baldassi enfatizó la necesidad de priorizar el financiamiento de la educación superior, al tiempo que consideró que es vital hacer un uso eficiente de los recursos. Sin embargo, la postura de los diputados más críticos al veto podría resultar en una posible ausencia en la votación, lo que podría modificar el conteo requerido para respaldar a Milei. Las implicaciones del veto de Milei El veto argumenta que la ley contraviene la Ley 24.156 de Administración Financiera, dado que no especifica las fuentes de financiación necesarias para cubrir los gastos adicionales que la ley implicaría. Este costo, que se estimó en 1,5 billones de pesos, no puede ser incorporado al presupuesto actual, y su implementación generaría un gasto público irresponsable. Además, los críticos del veto propusieron que la ley permitiría un trato preferencial para los empleados universitarios en relación con otros sectores de la administración pública. El Gobierno argumenta que ya se han incrementado los salarios del personal universitario un 87 % entre diciembre de 2023 y agosto de 2024, aunque se reconoce que no cubren la inflación acumulada en ese periodo, que fue del 144 %. El futuro de la educación superior El veto de Milei ha reavivado el debate sobre el financiamiento de la educación superior en el país y ha destacado la importancia de discutir la adecuación de los recursos. Desde el Ejecutivo, el vocero Manuel Adorni ha señalado que no se rechaza la discusión sobre el aumento del presupuesto, pero se exige claridad sobre la procedencia de los fondos propuestos. Esto sugiere que la controversia sobre la ley de financiamiento universitario se encuentra aún lejos de resolverse, y podría llevar a futuros enfrentamientos legales si se decide judicializar la cuestión. En total, la situación actual plantea un escenario lleno de desafíos e incertidumbres para la educación superior, donde las voces de los estudiantes y docentes serán clave para el desenlace de este importante conflicto.
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