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» Misionesopina
Fecha: 18/10/2024 02:19
Por Hugo L. Casonú* Estimado lector una vez más quiero compartir algunas líneas. El título necesariamente nos lleva a reflexionar. Empecemos por destacar el 3,5% que arrojó la medición del I.P.C. (Indice de Precios Consumidor) del mes de septiembre pasado publicado por el INDEC. Dicho porcentaje si bien logró vencer la resistencia del 4%, enfocado como un núcleo difícil de sortear, no resuelve todos los problemas. Llegó demorado no? Recordemos. A finales de 2022 e inicio del 2023 el entonces Ministro de Economía proyectaba una inflación alrededor del 60% y hasta arriesgó que para abril de ese año “…el índice comenzaría con un tres adelante…” Un visionario…solo que ocurrió año y medio después bajo un enfoque económico absolutamente distinto de aquél, sin su autoría. No hubo Magia. Veníamos de una economía que intentaba sostenerse bajo una inflación retenida a presión desde el Estado por controles de precios y tarifas bajo arresto apuntalada por una exorbitante emisión monetaria sin respaldo y un déficit fiscal incontrolable. Atraso y brecha cambiaria más un sinfín de cotizaciones de la divisa y reservas negativas hicieron lo suyo. El llamado “Plan Platita” también. El desconcierto y la desconfianza ganaron a los actores económicos. La inflación terminó disparándose y una devaluación del peso llego antes del término de esa gestión. La nueva administración asumida en diciembre 2023 implementó medidas de shock para contener una inflación desbocada, un gasto público desbordado financiado mediante emisión monetaria sin respaldo, saneamiento del B.C.R.A. y mejoramiento del nivel de reservas y otorgó libertad a los precios y tarifas, entre otras. Emprendió una lucha contra la corrupción y contra lo que denominaba “la casta” sector que se dijo soportaría el mayor peso del ajuste e inició asimismo un proceso de desregulación de distintas temáticas en beneficio del quehacer diario de la gente. También cumplió con su cuota devaluatoria pero de mayor grado. El ineludible ajuste había llegado para quedarse. A quiénes afecta más? Los últimos datos relevados de la pobreza e indigencia en nuestro país superan el 50% en el primer caso, y cercanos al 20% en el segundo. Sin pretender asignar responsabilidades que a cada administración le cabe, dichos índices resultan vergonzantes y deben hacer sonar hasta el cansancio las alarmas de todos los actores políticos, económicos y sociales para corregir tantas necesidades estructurales básicas insatisfechas. El Gobierno viene sosteniendo una y otra vez que “el déficit fiscal cero es innegociable”. Así lo ratificó el Presidente de la Nación en su presentación del Presupuesto para el año 2025 que presentó ante el Congreso Nacional. No fue casual su presencia, lo hizo ante los representantes del Parlamento, ámbito político por excelencia. Asimismo avisó que vetará toda norma que contradiga dicho principio ó que sean propiciadas sin la partida presupuestaria prevista. Todo un mensaje político partiendo de la máxima autoridad de la administración. Es difícil no estar de acuerdo en que debe respetarse el equilibrio fiscal como principio básico de una sana administración. De allí cobra mayor importancia determinar entonces cuáles son las prioridades para asignar los recursos, que siempre son escasos, y en consecuencia dirigir las políticas públicas. Claras señales de sostenimiento de ese dogma han sido la ratificación del veto presidencial sobre la Ley de Financiamiento Universitario y sobre la modificación a la fórmula jubilatoria de los pasivos. En ambos casos se logró mediante la mutación del voto de varios legisladores, abstenciones y/o ausencias estratégicas en el recinto. No sin previa intervención de sus referentes políticos que influyeron en esos cambios. Cabe preguntarse si algunos legisladores carecen de convicción o bien aplican una regla del gran humorista y escritor estadounidense “Groucho Marx… Estos son mis principios, si no le gustan tengo otros”. Como dijéramos si bien la baja de la inflación era una de las prioridades que la sociedad ponderó en las últimas elecciones presidenciales, cuyo logro se obtuvo por las medidas implementadas desde el inicio de su gestión, no es menos cierto que trajo aparejada una profunda recesión de la economía con la consecuente preocupación por el mantenimiento del empleo, presupuestos familiares que no alcanzan a cubrirse y un marcado descenso en la calidad de vida de las familias, hoy máximas preocupaciones. El gobierno está mostrando estabilidad en el mercado de cambios, dato no menor en una economía tan dependiente de esos movimientos, con claras cotizaciones a la baja de las divisas y reducción del riesgo país. El peso está ganando musculatura. Como en otras oportunidades las reacciones eufóricas se han visto manifestadas en el mercado de capitales y en el financiero. Sin embargo, comprende a muy pocos. No obstante, es positivo que los activos de las Empresas y los bonos emitidos por el Estado recuperen terreno. Pareciera que el país ha vuelto al radar de los inversionistas. Mejor así. Esperemos se sostenga. El blanqueo implementado parece encaminarse de manera exitosa como así también el Régimen aprobado para la recepción de grandes inversiones (RIGI). Desde una mirada macroeconómica los resultados alcanzados son auspiciosos. Alcanza? Confianza y credibilidad son factores preponderantes. Somos contestes que el cambio emprendido es muy profundo y requiere del tiempo necesario para mostrar mejoras que le lleguen a la gente. El aumento del empleo requiere necesariamente de las inversiones de capital que le den sustento. Las eventuales futuras inversiones analizan el comportamiento de la economía y su sustentabilidad, el mantenimiento ó no del cepo cambiario y la baja del riesgo país que permita un mejor acceso al crédito externo. Optimismo y cautela parecen dominar la escena empresarial. Pero no solo ello. Con especial atención enfocan el desarrollo de la relación del Gobierno con sus aliados ó socios políticos que le aseguren gobernabilidad. En otras palabras si el proceso político-económico iniciado logra consolidarse. Cobra vital importancia el resultado de la contienda electoral del año próximo. En ese sentido, creemos no resulta favorable el actual clima político que se viene desarrollando que muestra signos de intolerancia, nada recomendable. Deben respetarse las instituciones de la República. Oficialismo y oposición libran batallas en el ámbito del Parlamento para imponer sus proyectos, descalificaciones mutuas de por medio. Entendemos que ese no debe ser el camino, sino el respeto, el diálogo y la búsqueda de consensos como hemos manifestado en anteriores publicaciones. Muestras recientes han sido el veto a la normativa ya señalada, cuyas consecuencias, sin perjuicio de los argumentos expuestos en uno u otro sentido, recaen sobre sectores muy sensibles para la sociedad. Recientemente ha tomado estado público a través de la información brindada por los funcionarios del área competente del Ejecutivo a los miembros de las comisiones del Congreso que analizan la viabilidad del Presupuesto Nacional que el Bono que percibe el sector pasivo no tendría mejoras en el próximo año. De ser así, hacemos votos para que se revierta tal criterio. A esta altura cabe preguntarse no era “la casta” quien iba a soportar la mayor carga? Increíblemente se advierten más esfuerzos por generar una minoría parlamentaria ocasional que impida en ese ámbito la modificación de las decisiones del Ejecutivo que trabajar para la construcción de una coalición mayoritaria parlamentaria que le de soporte político al gobierno. Parecen estar más sumergidos en una disputa de poder que en solucionar los problemas de la gente. La confrontación no suma, el diálogo sí. Las imposiciones son difícilmente toleradas. Quién gana y quién pierde? Como dijéramos, las penurias del ciudadano de a pié pasan por otro lado. El acompañamiento de este duro proceso va a depender una vez más del límite de tolerancia de la ciudadanía acerca de su capacidad de absorber tamaño ajuste en su economía doméstica. Si bien la inflación en precios viene desacelerándose, con regularidad mensual sienten el impacto del aumento especialmente en tarifas y servicios (llámese gastos en la atención de salud, educación, transporte, comunicación, tasas e impuestos., entre otros), que sus ingresos prácticamente no pueden cubrir. Cuando las familias no pueden atender adecuadamente sus compromisos y necesidades económicas difícilmente un slogan de campaña ó seguidores enfervorizados modifique tan dura realidad. Creemos que a través del tratamiento legislativo del Presupuesto Nacional se abre una oportunidad inmejorable para la discusión entre los distintos sectores políticos para la asignación de las prioridades que ineludiblemente deben ser atendidas. Anhelamos que este nuevo espacio resulte propicio para encontrar acuerdos que deriven en la aprobación y posterior implementación de políticas concretas que saquen a nuestro País de tamaña decadencia y redunden en el bienestar de la gente. De eso se trata. La respuesta del interrogante del título se encuentra en cada uno. Dios nos ilumine. *Abogado
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