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Buenos Aires » Infobae
Fecha: 16/10/2024 21:03
Las comisiones de Salud; y de Legislación General de la Cámara alta, en una reunión realizada el mes pasado (Prensa Senado) Un plenario de las comisiones de Salud; y de Legislación General del Senado dictaminó este miércoles la denominada “ley Nicolás” sobre calidad sanitaria. El objetivo del proyecto, que podría ser sancionado a fin de mes en la Cámara alta, apunta a evitar diagnósticos errados y mala praxis, tras la muerte de Nicolás Deanna -a los 24 años- por una meningitis bacteriana que no fue detectada a tiempo. En concreto, el primer artículo del texto -ya aprobado por Diputados- establece que se debe asegurar el “derecho a una asistencia sanitaria de calidad y segura, centrada en las personas y en las comunidades, a través de la definición de un marco jurídico e institucional que promueva la transformación de las pautas culturales, la mejora de las condiciones de la práctica sanitaria, la incorporación de herramientas tecnológicas adecuadas, la disminución de daños evitables, y el cuidado del marco de trabajo del equipo de salud”. Por otra parte, en su artículo 18, la iniciativa plantea que “a fin de garantizar condiciones de equidad y calidad en la atención sanitaria, es obligatoria la verificación de la aptitud profesional del equipo de salud”. En tanto, en el 19 se especifica las que requieran “la valoración de una destreza técnica”, se tendrán que “incorporar mecanismos de simulación”. Seguido a ello, la comisión de Salud escuchó, entre otros, a la coordinadora de la Unidad de Recuperación Cardiovascular Pediátrica del hospital Garrahan, María Althabe, quien sostuvo que “el modelo de atención” de la reconocida institución “corre riesgos en el escenario actual”. Seguridad Por la tarde, las comisiones de Seguridad Interior; y de Justicia y Asuntos Penales del Senado, que comandan la radical Carolina Losada (Santa Fe) y el libertario Juan Carlos Pagotto (La Rioja), respectivamente, dieron inicio a la discusión del proyecto antimafia. Durante el cónclave disertó el director nacional de normativa y enlace judicial del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto. La intención del oficialismo y de algunos dialoguistas es dictaminar este tema la semana próxima y sancionarlo a fin de mes. La legisladora radical y titular de la comisión de Seguridad de la Cámara alta, Carolina Losada (Prensa Senado) El proyecto de abordaje del crimen organizado, que tuvo el acompañamiento de 137 votos semanas atrás en Diputados, aumenta las penas para los integrantes de organizaciones delictivas y está diseñado para desactivar a las grandes bandas dedicadas al narcotráfico, el lavado de activos, la extorsión y la trata de personas. La iniciativa contempla una pena más alta de ocho a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación. Otro punto muy importante es que el castigo por delito más grave que le corresponda a quien cometió un delito también se aplicará a todos los miembros de la organización solamente por pertenecer a ella. En la Cámara baja, el oficialismo destacó que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, tomó como base para su proyecto la norma de los Estados Unidos Racketeer Influenced and Corrupt Organizations (Ley de Chantaje Civil, Influencia y Organizaciones Corruptas), también conocida como RICO, junto a la iniciativa antimafia de Italia. Durante el plenario de este miércoles, Soto explicó que la ley se activaría “cuando una organización criminal quiera dominar un territorio, cuando quiera obtener ventajas sobre otra organización criminal, atemorizar a la población o amedrentar a los organismos de Gobierno”. En esa línea, detalló: “Piensen en Rosario. Ésta no es una elucubración, esto pasó y ya no pasa porque hubo un control muy fuerte”. Soto también dijo que con la iniciativa se favorece “que trabajen conjuntamente las fuerzas, jueces y fiscales federales con fuerzas fiscales y jueces provinciales, y la interacción es muy buena”. En la reunión se analizó otro proyecto que viene de Diputados y forma parte de la agenda de seguridad libertaria, sobre regularización de armas y la prórroga del programa nacional de entrega voluntaria.
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