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Fecha: 16/10/2024 11:12
La resolución fue informada a la Secretaría de Educación del Ministerio de Capital Humano El Procurador del Tesoro de la Nación, Rodolfo Barra, firmó este martes un dictamen que establece a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) como el órgano auditor de las Universidades Nacionales. Desde el Gobierno fundamentan esta decisión en la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, que se aplica a las Universidades Nacionales, aparentemente sin contradecir su autonomía funcional y autarquía administrativa-financiera. Auditorías a las universidades El Procurador Barra explicó que el sistema de control interno está previsto en la Ley de Administración Financiera, y es aplicable a las Universidades Nacionales. Este marco normativo, dicen, no vulnera la autonomía funcional ni la autarquía administrativa-financiera de las universidades, garantizadas por la Constitución Nacional. Las universidades quedan así incluidas dentro de la Ley de Administración Financiera (LAF), sus normas reglamentarias y complementarias. Críticas a la nominación La Sindicatura General de la Nación se dedica al control interno del Poder Ejecutivo Nacional del cual forma parte (arts. 96, 97, 98 de la ley 24.156), por lo que no tardaron en aparecer críticas a esta nueva función del organismo. En redes, el abogado Andrés Gil Domínguez explicó: “El art. 59 “bis” de la ley de educación superior (ley 24.521) lo define claramente: el control interno es realizado por los órganos de auditoría interna de cada universidad y el control externo es competencia directa e indelegable de la Auditoría General de la Nación.” "El Poder Ejecutivo Nacional no tiene ninguna potestad constitucional o legal que le permita realizar un control interno o externo sobre las universidades nacionales, por cuanto esto implicaría violar la autonomía universitaria prevista por la Constitución argentina" agregó. Ley de Administración Financiera (N° 24.156) La ley 24.156 busca garantizar una gestión eficiente, transparente y responsable de los recursos del Estado, a través de un marco normativo que establece cómo se debe administrar el presupuesto, los controles financieros y la deuda pública. Uno de sus pilares es la creación de un presupuesto general anual, que establece la planificación financiera de las entidades públicas y garantiza que los recursos se destinen de manera adecuada a las prioridades del Estado. Además, la Tesorería General de la Nación centraliza los ingresos y pagos, asegurando que las operaciones financieras se realicen conforme a lo aprobado en el presupuesto. En cuanto a la deuda pública, la ley regula su emisión y administración, indicando que solo se puede contraer deuda bajo condiciones que aseguren la capacidad del país para cumplir con sus obligaciones de pago, evitando el endeudamiento excesivo. La ley también establece un sistema de control dividido en dos partes. El control interno está a cargo de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que evalúa la correcta aplicación de los fondos y el cumplimiento de las normativas. Por su parte, el control externo lo realiza la Auditoría General de la Nación (AGN), que debe presentar informes al Congreso sobre la gestión financiera de las entidades del sector público. Finalmente, introduce un sistema de contabilidad unificado para garantizar la claridad en la presentación de los estados financieros, y exige a los funcionarios públicos rendir cuentas de su gestión, con sanciones para aquellos que incurran en faltas o irregularidades en el manejo de los fondos estatales. Fuente: BAE
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