» Diario Cordoba
Fecha: 13/10/2024 20:07
El acuerdo entre el PSC (PSOE) y ERC sobre un sistema de financiación singular para Cataluña se basa en tres mentiras y dos falacias, dejando, además, muchas preguntas sin respuesta. La primera mentira, en sentido estricto, es sobre el nivel de financiación de la Generalitat. Y es mentira porque los datos del Ministerio de Hacienda así lo demuestran. La financiación que recibe la Generalitat en función de sus habitantes, por todos los conceptos y según sus competencias, ha estado, en los últimos años, justo en la media (99,2-101,3%) de las comunidades autónomas del régimen común. Y, para comprobarlo, véase el informe de Ángel de la Fuente (https://bit.ly/3Ah1S22, páginas 13 y 17). Además, si tenemos en cuenta la financiación que reciben los catalanes de prestaciones del Gobierno central, especialmente de la Seguridad Social, resulta que, por habitante, Cataluña vuelve a recibir más dinero que la media nacional. Basten otros dos datos: la pensión media en Cataluña es de 1.308,61 euros (104% de la media), mientras que la media nacional es de 1.258,04 y la andaluza de 1.126,66 (89,5% de la media); además, Cataluña tiene 107 mil pensionistas más que Andalucía para una población menor (datos de la Seguridad Social de 1 de septiembre). Si a lo anterior sumamos los presupuestos de sus Diputaciones y Ayuntamientos resulta que, por habitante, el ciudadano catalán medio recibe financiación y, por lo tanto, prestaciones públicas totales muy por encima de la media española. Frente a eso, Andalucía sólo recibe (desde hace más de 20 años) el 94,8 de la media para la Comunidad autónoma y unas pensiones que son el 89,5% de la media española. Y todo esto lo saben el Ministerio de Hacienda, la Generalitat y el PSOE. La segunda mentira es que en Cataluña se tiene un déficit histórico de inversión pública. Y basta otro par de datos. Cataluña tiene una dotación de capital físico neto de 95.166 euros por habitante (108,4% de la media), mientras que la media española es de 87.778 y la andaluza de 67.740 (¡77,17%! de la media) y se puede comprobar con datos del IVIE (Fundación BBVA). El valor de los activos netos en infraestructuras, por ejemplo, es de más de 88 mil millones de euros, para una población de 7,9 millones, frente a los 87 mil millones de Andalucía, para una población de 8,6 millones de personas y casi tres veces su territorio. Cataluña tiene un 29,5% más que la media de España y un 40% más de capital instalado que Andalucía. Y esto lo saben también en el Ministerio de Hacienda, en Economía y en el PSOE. La tercera mentira es que, recaudados los impuestos por una agencia tributaria catalana, la Generalitat aportará un cupo de solidaridad para las demás regiones. Cuarenta años de cupo vasco y convenio navarro nos dicen lo contrario. De hecho, los vascos y navarros no hacen aportaciones netas al sistema. Al contrario, reciben aportaciones de las demás comunidades, pues su cupo se compensa con lo que se les aporta de IVA y del déficit de las pensiones. El País Vasco y Navarra tienen una financiación por habitante de más del 137% de la media española. Y esto lo saben en Hacienda y en el PSOE porque está en leyes aprobadas por ellos, la última del 3 de abril de 2023. La primera falacia es el tema de la “ordinalidad”. La ordinalidad significa que el que pague más impuestos (sea un territorio o un grupo de personas) ha de recibir más financiación. Es decir, que los ricos, que pagan más impuestos, deben recibir mejores servicios públicos. La función distributiva del Gasto público de tratar a todos por igual se pierde. La distribución de la renta personal final en España empeorará: seremos una sociedad más desigual con una mayor diferencia interterritorial. Y basta mirar el Atlas de Distribución de Renta de los Hogares 2021 (ine.es) del INE para comprobarlo. La segunda falacia es que el cupo catalán «no supondrá una merma de financiación para el resto de las Comunidades». Lo que es, matemáticamente, imposible, pues en Cataluña se recaudan casi el 20% del total de los Ingresos públicos. Si ese 20% se queda para el 16% de la población (la catalana), esto implica que el 84% de la población, dispondrá del 80% de los recursos. O sea, que ellos dispondrán de 125% de la financiación media por habitante, mientras que para el resto bajará al 95% de lo que ahora se recibe. Lo que implica que habrá que subir los impuestos del resto en, al menos, un 7% si se quiere mantener el nivel de prestaciones. Y esto son simples matemáticas. Y las preguntas. A partir del cupo, ¿pagarán los catalanes la deuda pública española, que llega al 110% del PIB de todos? ¿Tendremos que pagar esa deuda el 76% de la población española más pobre, porque los catalanes harán como los vascos y los navarros que no la pagan? Si se les da la capacidad normativa sobre el conjunto de los impuestos, ¿pueden bajar unilateralmente el Impuesto de Sociedades para atraer empresas, sin compensación en el resto? ¿Podrán implantar peajes para los camiones andaluces que vayan a Francia? ¿Qué va a pasar con la Seguridad Social? ¿Van a recaudar ellos también las cotizaciones sociales y pagar sus pensiones? ¿Los diputados y senadores catalanes van a determinar los impuestos y los gastos para el resto de los españoles? ¿Votarán sus diputados las subidas de impuestos en el resto de España o las inversiones en infraestructuras en Andalucía, pero los nuestros no podrán decir nada sobre sus impuestos y sus inversiones? Finalmente, ¿por qué, si el cupo catalán es algo tan bueno para todos no se explica en el Congreso, se muestran los números y se presenta un proyecto de ley de financiación autonómica? O, dada la importancia del asunto, ¿por qué no se lleva a un programa electoral y se convocan elecciones? En definitiva, ¿tiene el PSOE de hoy principios éticos, democráticos e igualitaristas? Creo que no, porque la mentira es lo contrario a la ética, la opacidad lo contrario a la democracia y, desde luego, ya no defiende la igualdad. Y lo que es peor, nos cree tontos. Suscríbete para seguir leyendo
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